ESCUCHARHay tensión en la Embajada argentina en Caracas por la presencia de policías y agentes del régimen.
Luego de dejar sin electricidad a la sede diplomática, el gobierno de Nicolás Maduro le quitó la autorización a Brasil para custodiarla y se teme por la integridad de los seis dirigentes asilados allí, cercanos a la líder opositora María Corina Machado.
El 1 agosto se rompieron las relaciones entre los Gobiernos de Nicolás Maduro y Javier Milei. La embajada y la residencia quedaron sin representación y los diplomáticos dejaron el país por orden del régimen. Desde entonces, Brasil se hizo cargo de la seguridad del edificio y del cuidado de los asilados.
Pedro Urruchurtu, coordinador internacional del partido Vente Venezuela (VV) y uno de los refugiados, denunció la situación en X. “Patrullas del SEBIN y del DAET, junto a funcionarios encapuchados y armados, rodean y asedian la Residencia de Argentina en Caracas”, escribió.
Además de Urruchurtu, también están en la embajada Magalli Meda, jefa de campaña opositora para las presidenciales; Claudia Macero, coordinadora de Comunicaciones de VV; Omar González, ex diputado; Humberto Villalobos, coordinador electoral del Comando de Campaña de VV, y el ex ministro Fernando Martínez Mottola, asesor de la Plataforma Unitaria Democrática (PUD).
Todos se trasladaron a la embajada argentina luego de que la Fiscalía de la dictadura los acusara de varios delitos, como conspiración y traición a la patria.
En declaraciones a la prensa, la ministra de Seguridad de la Nación, Patricia Bullrich, dijo que el SEBIN -el servicio secreto venezolano- cercó el edificio “con el objetivo de entrar y violar todas las normas internacionales”.
La funcionaria agrego que la Administración de Milei está “consternada” por “la posible incursión y toma de la embajada argentina, que en este momento está bajo la bandera de Brasil”.
Bullrich hizo un llamado a la comunidad internacional y a los venezolanos para resistir “la brutalidad del régimen absolutamente autoritario y dictatorial de Maduro”.
El asedio se desató después de que Milei le pidió a la Corte Penal Internacional (CPI), con sede en La Haya, que dicte una orden de arresto contra Maduro y otros cabecillas del régimen, por la investigación en curso por violaciones a los derechos humanos desde 2014.
Demanda
Cabe recordar que la Argentina se retiró de la demanda ante la CPI en 2021, durante la gestión de Alberto Fernández.
Hace dos meses, la Cancillería anunció que el país retomó la denuncia, promovida en 2018, durante el gobierno de Mauricio Macri, en la que se reclamó que se investigue al chavismo.
“La República Argentina comunicó a la CPI su decisión de reincorporarse a la remisión efectuada en 2018 sobre la situación en la República Bolivariana de Venezuela, de la que se había retirado en 2021. Esta decisión es congruente con las acciones y declaraciones que el Gobierno argentino ha venido adoptando desde el 10 de diciembre de 2023 frente al deterioro de la situación política y de derechos humanos en Venezuela. La República Argentina continuará bregando por el restablecimiento del estado de derecho y la defensa de los principios de la libertad y la democracia en ese país”, anunció el ministerio a cargo de Diana Mondino.
El planteo lo promovieron Canadá, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Argentin.
Primera vez
En marzo del 2021, el gobierno de Fernández le retiró su apoyo. Lo hizo el mismo día que anunció su salida del Grupo de Lima, por lo que definió como “la participación de un sector de la oposición venezolana como un integrante más” que llevó “posiciones” que, según expuso, no podía “acompañar”.
En el mismo comunicado, expuso además que las acciones del foro no condujeron a nada y opinó que la solución a la crisis venezolana pasaba por un “diálogo inclusivo que no favorezca a ningún sector” y que permitiera la realización de “elecciones aceptadas por la mayoría”.
Fue la primera vez que un grupo de Estados demandó a un tercero ante la CPI, cuya misión es juzgar acusados de cometer crímenes de genocidio, guerra y contra los DDHH.
La decisión de kirchnerismo fue celebrada por Venezuela. “Tiene un valor simbólico importante”, dijo Tarek William Saab, el fiscal general alineado a Maduro.
Durante nueves meses, expertos internacionales independientes convocados por la OEA recabaron información, recibieron el testimonio de víctimas y testigos y analizaron las evidencias de los grupos de DDHH.
Abordaron las agresiones contra dirigentes opositores y “patrones sistemáticos y generalizados de persecución política, acoso de estudiantes, civiles y miembros de las fuerzas armadas” que, determinaron, se usaron como “herramientas” para aterrorizar al pueblo venezolano.
Entre sus conclusiones, el informe señaló que hubo 131 víctimas de asesinatos que tuvieron lugar durante las protestas de 2014 y 2017, perpetrados por miembros de las fuerzas de seguridad del Estado y/o los colectivos chavistas e identificó 8.292 ejecuciones extrajudiciales ocurridas desde 2015.
En tanto, reportó que más de 12 mil venezolanos que fueron arbitrariamente detenidos, encarcelados o sujetos a otras severas privaciones de libertad física a partir de las elecciones de 2013, con la llegada de Maduro al poder, tras la muerte de Hugo Chávez.
IDEA
El vienes, antes del pedido de detención contra los líderes chavistas que formuló Milei, el ex presidente colombiano Andrés Pastrana presentó un informe en nombre de una treintena de ex jefes de Estado iberoamericanos ante la Fiscalía de la CPI denunciando violaciones “generalizadas y sistemáticas” de derechos humanos y crímenes de lesa cometidos por el régimen venezolano, y pidió que se actúe con urgencia.
Los firmantes -entre los que figuran los españoles Felipe González, José María Aznar y Mariano Rajoy; los colombianos Álvaro Uribe e Iván Duque; el argentino Macri; el mexicano Vicente Fox y el boliviano Carlos Mesa- están nucleados en el foro Iniciativa Democrática de España y las Américas (IDEA). Aseguraron que “los hechos previos y posteriores” a las elecciones presidenciales del pasado 28 de julio en son una “práctica de terrorismo de Estado”.
“Los crímenes de lesa humanidad que se han ejecutado y siguen ejecutando en línea de continuidad, incluyendo la reciente orden de aprehensión contra el verdadero presidente electo, Edmundo González Urrutia, son la obra de una estructura militar operacional cuya cadena de mando ejerce directamente Nicolás Maduro Moros”, señalaron.
Los ex presidentes le pidieron a la Fiscalía de la CPI que “tome conciencia” de la responsabilidad de Maduro “en todos los actos criminales que se están cometiendo”.
Recordaron que Maduro lidera la cadena de mando del denominado Comando Estratégico Operacional que lleva a cabo “la política de terror de Estado en Venezuela”.
La denuncia se sumó a la causa abierta contra Venezuela en la CPI. “El régimen militar ahora imperante y sustitutivo de la república civil es el verdadero dueño de los poderes del Estado y de las riquezas económicas, y el responsable, como dictadura militar represora y terrorista, de los crímenes investigados por la Corte, recreándose en Venezuela la experiencia trágica de las dictaduras militares del Cono Sur latinoamericano”, sumaron los ex mandatarios.
En noviembre de 2021, la fiscalía de la CPI abrió una investigación formal contra Venezuela después de examinar planteos de Perú, Argentina, Canadá, Colombia, Chile y Paraguay que aseguraron que en el país caribeño de cometen crímenes de lesa desde febrero de 2014.
