El Poder Ejecutivo oficializó la baja de la jubilación de privilegio de la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner. Lo propio hizo con la pensión que recibe como viuda del también ex jefe de Estado, Néstor Kirchner.
Lo hizo por medio de la Resolución 1092/24.
Al justificar su decisión, el Gobierno recordó que la Cámara Federal de Casación Penal confirmó la condena de la encausada (seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos) por el delito de administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, y planteó que “la finalidad de las asignaciones oportunamente otorgadas”, ya sean directas o derivadas, devienen “jurídicamente incompatibles” para quien haya cometido un delito en ejercicio de la misma función pública por la cual ha accedido a dicha asignación de privilegio y en perjuicio del Estado Nacional”.
“Una particular circunstancia que otorga legitimidad de percepción a sus beneficiarios le viene dada por ciertas conductas que tienen que acreditar en función del ejercicio de altos cargos en la Administración Pública, siendo que esa premisa no solo tiene que acreditarse al cese en el cargo sino también durante la percepción del beneficio”, sumó.
En tanto, consignó que una “condición fundamental” para recibir el beneficio consiste en el “buen desempeño en el cargo prestado en las altas esferas de la Nación” y que, por ende, en caso de acreditarse un hecho condenado por la Justicia en perjuicio del erario público, se pierde.
Añadió que el beneficio previsto por la Ley 24.018 para ex presidentes y ex vicepresidente de la Nación es una asignación graciable “que se otorga como contraprestación al honor, mérito y el buen desempeño del cargo” y que, por eso, no tiene carácter contributivo; esto es, no está sustentada en aportes equivalentes realizados por el propio beneficiario.