ESCUCHAREn las últimas horas se publicó en el Boletín Oficial un decreto por el que la Superintendencia de Servicios de Salud (SSS) se retira de su rol de intermediaria entre hospitales públicos y obras sociales en lo concerniente al cobro de prestaciones. Se trata de los servicios que los hospitales brindan a afiliados de obras sociales.
Hasta ahora, los hospitales que atendían a afiliados de obras sociales podían tramitar a través de la SSS la devolución del costo de esas prestaciones. El argumento del decreto para que esa posibilidad caduque es que es que el organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Salud hoy actúa de “forma disfuncional en el trámite de facturación, con el consecuente retraso y acumulación de trámites”.
El decreto 172 agrega que “no se cumplieron eficazmente los objetivos” de una resolución de 2021, por la que se aprobó el procedimiento para el recupero de las prestaciones brindadas por los Hospitales Públicos de Gestión Descentralizada (HPGD), tendiente a facilitar el pago de tales prestaciones. Y habla de la propia “ineficiencia y desaprovechamiento de recursos”.
Aunque en los hechos el sistema tenía evidentes problemas operativos, en teoría era una garantía de cobro para los hospitales. Rubén Torres, presidente de la Federación Latinoamericana de Hospitales, explicó que -hasta ahora- “si los hospitales que se anotaban en el sistema no lograban cobrar la prestación a las obras sociales en un plazo de 90 días, el superintendente estaba autorizado a transferir compulsivamente esos fondos”.
Ahora, el decreto habilita a las obras sociales a celebrar convenios con los hospitales, “tendientes a establecer el mecanismo para implementar el pago de las prestaciones, ya sea a través de la autoridad jurisdiccional correspondiente o en forma individual”. Y agrega que para la celebración de los convenios, “los efectores del subsistema público deberán estar inscriptos en el Registro Federal de Establecimientos de Salud (FEFES).
“Algunos hospitales grandes ya cuentan hoy con sus propios convenios con obras sociales, básicamente porque los valores del nomenclador oficial de las prestaciones está muy desactualizado. Por ese motivo, cuando nosotros asumimos, y en un contexto inflacionario completamente diferente al actual, tuvimos que aumentar esos valores un 200 por ciento de una sola vez”, recuerda Adolfo Rubinstein, ex ministro de Salud durante el Gobierno de Mauricio Macri.
el decreto 172 advierte que, más allá de que los hospitales públicos estén en capacidad operativa de recuperar el costo de sus servicios, “tienen la obligación de brindar las prestaciones médicas a toda la población sin distinción y con los recursos que tienen asignados”.
La posibilidad de los hospitales de recuperar las prestaciones que realizan a los afiliados de obras sociales es clave para que, precisamente, esos centros de salud puedan brindar un servicio de la mejor calidad posible a aquellas personas que no cuentan con obra social ni prepaga, que son alrededor de 28 millones de argentinos.
