ESCUCHAREn el marco del conflicto por la licitación de las grúas en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (CABA), que terminó con una protesta de recolectores que dejó las calles llenas de basura, el legislador porteño de la Coalición Cívica (CC) Facundo Del Gaiso denunció por extorsión al secretario adjunto del sindicato de Camioneros, Pablo Moyano.
Del Gaiso apuntó además a las presuntas irregularidades la concesión del servicio de acarreo de automóviles que dio de baja del jefe de gobierno porteño, Jorge Macri.
En sus redes sociales, Del Gaiso indicó que las calles de la CABA siguen con basura “por culpa de los chantajes” y aseveró que en la jurisdicción se vive “bajo las leyes mafiosas de Moyanolandia”.
Además, en declaraciones a Radio Rivadavia, afirmó: “Nos despertamos y vimos que se estaba levantando la basura en un 30%. Hasta el viernes pasado no había ningún problema, lo que sucedió es que se dio de baja la licitación de grúas”.
Asimismo, sumó: “¿Qué tiene que ver la licitación de grúas con que los porteños suframos la extorsión de Moyano? En el año 2022 se cae el sistema de grúas porque en la legislatura se arma una sesión especial, faltaba el voto de la CC, Carrió determina que había que ir a votar para que se caiga el sistema irregular de 20 o 25 años, y que pagaban 55 mil pesos por mes hasta el 2022. Como eso se iba a caer, el jefe de Gobierno porteño, Horacio Rodríguez Larreta, determina estatizar el servicio en 24 horas”, señaló.
Ante la Justicia, el dirigente sostuvo que es “incongruente” adoptar una medida de fuerza en el marco del servicio de recolección de residuos cuyos supuestos incumplimientos por parte del Gobierno de la CABA no se denunciaron formalmente.
“La amenaza de interrupción del servicio de recolección de residuos es una clara intimidación que presupone la puesta en riesgo de la seguridad y salubridad de los que habitan y concurren diariamente a la capital porteña”, agregó.
Para el legislador, la medida de fuerza en defensa de los choferes “no tiene otra finalidad” que obtener “la firma del jefe de Gobierno” de la adjudicación de la Licitación Pública, beneficiando a las empresas Ashira SA y Transportes 9 de Julio SA, ambas “de pública vinculación con el Sindicato de Choferes de Camioneros”.
Tras la protesta, el gobierno porteño confirmó su decisión de dar de baja la preajudicación del servicio de grúas y mantener bajo la responsabilidad de la CABA la gestión de la actividad.
En un comunicado, Jorge Macri expresó que resultaba muy onerosa para la ciudad y “la ataba” durante los próximos 10 años. “Implicaba una erogación de las arcas públicas de 360 millones de dólares. Además, se estipulaba un anticipo de 8 millones de dólares para las empresas y obligaba al Gobierno a pagar el costo de operación aunque no existieran acarreos”, acotó.
En ese sentido, anunció que el servicio lo continuará prestando la CABA “con un costo equivalente a menos de la mitad” del valor calculado en aquel proceso.
La denuncia del legislador de la CC quedó a cargo de María Eugenia Capuchetti, titular del Juzgado Federal Número 5.
