ESCUCHARLa Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) analiza una importante decisión respecto a las deudas de las pymes y el Gobierno evalúa una nueva medida consecuente para las moratorias.
En enero pasado, Florencia Misrahi, a pocos días de asumir la titularidad del organismo, emitió una Resolución General que posterga una medida implementada por el exministro de Economía, Sergio Massa.
La decisión fue extender hasta el 31 de julio de 2024 las ejecuciones fiscales y los embargos a las pymes al igual que entidades sin fines de lucro, los pequeños contribuyentes y los del sector de la salud.
Una fecha próxima a cumplirse que según fuentes del gobierno se extendería hasta el 31 de diciembre de 2024.
Desde el sector pyme destacan que la postergación se trata de un pedido que le hicieron especialmente al jefe de Gabinete, Guillermo Francos.
Esto ya que es indispensable bajo el contexto económico actual donde no hay ningún indicador que proyecte otra cosa por fuera de la depresión para el sector.
Incluso, pese al repunte del 2,3% que tuvo el Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) en mayo, la cuál se puede explicar por el campo.
La recaudación de los impuestos ligados al consumo demostraron que el piso no fue junio y que aún se podría empeorar.
La AFIP aún no confirmó la postergación debido a que podría desincentivar el Régimen de Regularización Excepcional de Obligaciones Tributarias, Aduaneras y de Seguridad Social que se aprobó en la Ley 27.743.
Vía por la cual se podrían saldar deudas con fecha hasta el 31 de marzo de 2024, inclusive con diferentes programas de pago, que forman parte del flujo de ingresos para el Gobierno.
En la tabla que compartió el Ministerio de Economía en diciembre, con el camino hacia el déficit cero en 2024, se pretendía una recaudación del 0,5% del Producto Bruto Interno (PBI) por parte de la moratoria, el blanqueo y los cambios en Bienes Personales.
Desde el Gobierno estarían evaluando otra medida: la posibilidad de modificar la fecha de corte para la nueva moratoria.
Se trató de un pedido del Consejo de Profesionales de Ciencias Económicas de la Ciudad de Buenos Aires presidido por Gabriela Russo, quien por medio de una carta dirigida a la subsecretaría de Ingresos Públicos dirigida por Claudia Balestrini y que también llegó hasta la AFIP, argumentaron que se extienda el periodo.
«Sería oportuna una adecuación normativa que extienda el lapso de las obligaciones comprendidas.
La solicitud se funda en el entendimiento que la intención del legislador al establecer la fecha límite el 31 de marzo de 2024 era la vigencia de esta norma para la primera etapa del año en curso, sin embargo, el trámite legislativo se extendió hasta finales del mes de junio», explicaban en la carta.
