Por Carlos R. Nayi. Abogado.
Al adoptarse la forma republicana de gobierno en nuestro país, por imperio de nuestra Constitución Nacional, se le ha asignado al Poder Judicial la calidad de poder estatal independiente. La confianza pública viene reclamando desde hace tiempo y cada vez con más insistencia una estructura Judicial eficaz, en el que poderosos y débiles, funcionarios y ex funcionarios sean investigados y juzgados con las mismas herramientas procesales, utilizando un mismo baremo como hoja de ruta en el diseño de políticas de persecución criminal.
En un momento crítico como el que vive nuestra república, en el que las instituciones están sitiadas por un fenómeno tan contaminante como peligroso como es la industrialización de la corrupción, constituye una necesidad primaria mejorar el perfil y funcionamiento de la estructura del Poder Judicial, a fin de proveer al destinatario último, que es el ciudadano, de una mejor calidad de vida y pacificar las relaciones sociales, garantizando una mejor convivencia. Esta inclemente realidad es incompatible con la existencia de jueces y fiscales diletantes que muchas veces no brindan un trato igualitario acariciando al poderoso y aplastando al débil.
Si realmente, la intención es honrar la vigencia de un Estado de derecho, con un sistema republicano de gobierno, indefectiblemente la independencia funcional y de criterio de nuestros jueces y fiscales será fundamental al tiempo de cincelar el futuro de nuestro país, garantizando de esta manera el sometimiento incondicional al imperio de la ley.
Por el momento, el escenario es desalentador, luego de 37 años de democracia, testimoniamos como sociedad un inocultable fracaso económico, elevados niveles de corrupción, desconfianza social en la Justicia y un peligroso proceso de deslegitimación de las instituciones. En este escenario, el tiempo no debe ser desperdiciado y todos debemos trabajar incansablemente para revertir el desprestigio social de la Justicia y refundar las instituciones de nuestra nación.
Estamos pagando un precio demasiado alto como sociedad, por permitir que se construya poder muchas veces desde la corrupción y jamás debe olvidarse que el peligroso juego de acumulación de poder es el eje central de este flagelo.
Ha llegado la hora de cerrar filas para honrar a los jueces y fiscales honestos y legalistas que aspiran a cumplir con el mandato contenido en el art. 8.1 de la Convención Americana (Imparcialidad e Independencia). Hoy más que nunca cobra vigencia el pensamiento de una de las mentes más preclaras del Siglo de las Luces -Voltaire-, quien sostenía que el hombre es dueño de su propio destino.
Si esto es así, enfrentados como pueblo a la finitud del estropicio moral, debemos evitar que se astille la transparencia de los procesos judiciales a partir de la presión que muchas veces es ejercida por operadores del poder de turno. Los derechos de cada ciudadano sólo encuentran protección real y garantía plena en un poder judicial independiente, honrando nuestra Carta Magna y las leyes dictadas en su consecuencia. Las decisiones de la Justicia reflejadas en cada una de sus resoluciones en manera alguna pueden estar contaminadas por la injerencia extrajudicial.
Los órganos judiciales no deben tomar partido por cuanto eso esmerila su legitimidad. La perspectiva conocida como realismo jurídico nos enseña que el derecho sólo es útil socialmente si está involucrado con la moral colectiva.
Argentina es un péndulo en el que todo cambia, incluso la moral colectiva dominante; y en un país donde todo cambia no se puede desdibujar el sentido de Justicia, en derredor de la cual gira todo el sistema social, con el consecuente peligro de que el teorema quede expresado de manera invertida, escenario en el cual la Justicia se volatiliza.
En una sociedad se puede vivir sin riquezas, se puede vivir sin belleza, hasta se puede vivir sin salud, se vive más pero se vive; sin embargo, no es posible vivir sin Justicia. Una sociedad sin Justicia es como una campana sin badajo.
La division de poderes y el fortalecimiento de la independencia del Poder Judicial garantizan la vida,la libertad de cada uno de nosotros
El Dr.Nayi lo expresa de modo contundente y con su caracterizada solvencia.
Excelente
Excelente reflexión, revestida de criterios provenientes de un hombre y transparente profesional, que denota un indestructible pensamiento ius filosófico, que a gritos pide y demanda nuestra sociedad, resultando imperioso que retumbe en la conciencia colectiva de nuevas generaciones de profesionales del derecho, de que “no se trata de parecer, sino de ser”.-