ESCUCHAREste concepto pertenece al especialista Mariano Albrisi, quien agregó que esta norma no promoverá empleos de calidad y sólo será beneficiosa para quienes aspiren a generar puestos temporales, precarios y sin ninguna garantía. La consecuencia será una fuerza de trabajo menos productiva, lo cual es contraproducente para cualquier intento serio de crecimiento económico y desarrollo social
La reciente aprobación de la ley “Bases”, impulsada por el Congreso de la Nación, está generado un sinfín de debates y controversias en el ámbito laboral. Para comprender mejor los alcances y posibles consecuencias de esta normativa, Factor dialogó con Mariano Albrisi, abogado laboralista y magíster en corporate compliance, quien esbozó su perspectiva sobre la temática.
– ¿Qué opinión le merece la norma?
– La ley “Bases” parece ser una obra maestra de la regresión. Esta norma, bajo la promesa de modernizar el mercado laboral, en realidad nos lleva de vuelta a los tiempos de la Revolución Industrial, en la que los derechos laborales eran una utopía. La extensión del período de prueba y la figura del «trabajador colaborador», entre otras reformas, son eufemismos elegantes para legitimar la precarización del empleo. En lugar de avanzar, estamos retrocediendo a pasos agigantados. Desde una perspectiva filosófica y sociológica, esta ley refleja una visión utilitarista y deshumanizadora del trabajo. En lugar de considerar al trabajador como un ser humano integral con derechos y dignidad, lo reduce a una mera pieza intercambiable en la maquinaria productiva. Este enfoque no sólo es éticamente cuestionable sino que también contradice los principios fundamentales de justicia social que han guiado la legislación laboral en Argentina durante décadas.
– ¿Cree que será beneficiosa para el sector empresarial?
– Sólo será beneficiosa para quienes aspiren a generar empleos temporales, precarios y sin ninguna garantía. Las modificaciones insertadas por la ley «Bases» son perfectas para un escenario de alta rotación y baja estabilidad. En términos prácticos, no es la creación de empleo lo que se fomenta sino la rotación constante de trabajadores desprotegidos. En lugar de construir una fuerza laboral estable y comprometida, se fomentará un entorno de trabajo en el que nadie tiene certeza sobre su futuro. Imagine un mundo donde se puede contratar y despedir a su antojo sin consecuencias significativas, prolongar “indefinidamente” el período de prueba, y esconder relaciones laborales bajo la alfombra con la figura del «trabajador colaborador». Obviamente, para los empresarios que prefieren la informalidad y la falta de regulaciones, esta ley es una bendición. Sin embargo, en el largo plazo, incluso ellos sufrirán. La informalidad y la precarización crean un clima de inseguridad y descontento que no es sostenible ni saludable para ninguna economía. En suma, a primera vista, podría parecer beneficiosa para algunos empresarios, ya que facilita la contratación y el despido de empleados. Sin embargo, este aparente beneficio se convierte rápidamente en una trampa. Al eliminar la protección contra despidos injustificados y al instaurar el fondo de cese laboral, los empleadores no sólo asumen una nueva carga financiera sin ayuda del Estado sino que también pierden la posibilidad de despedir con justa causa a empleados que no cumplen con sus responsabilidades.
– ¿Promoverá la ley una mayor generación de empleo?
– Esta ley no fomentará la creación de empleo de calidad. Al contrario, promoverá la rotación de personal y la precarización de las condiciones laborales. En un contexto en el que la estabilidad y la protección laboral son cruciales para la motivación y la productividad, esta reforma desincentiva el compromiso a largo plazo de los trabajadores con sus empleadores. La consecuencia será una fuerza laboral desmoralizada y menos productiva, lo cual es contraproducente para cualquier intento serio de crecimiento económico y desarrollo social. Por este motivo, la ley podría, en teoría, aumentar la cantidad de contratos laborales pero a un precio muy alto. La eliminación de sanciones por no registrar empleados y la desprotección frente a despidos arbitrarios fomentan un empleo clandestino y promueven la inestabilidad y la explotación. A largo plazo, esta ley podría avivar una espiral de litigios laborales que terminarán costando más a las empresas de lo que ahorraron gracias a regulaciones laxas.
– ¿Cuáles recaudos recomendaría al empleador que quiere emprender en Argentina?
– Si bien la ley “Bases” puede parecer tentadora por la reducción de costos a corto plazo, los empresarios deben ser conscientes de que las malas prácticas laborales siempre tienen consecuencias. Adoptar estas políticas sin una estrategia legal robusta y una gestión ética de recursos humanos es una receta segura para el desastre. Además, la reputación de la empresa puede sufrir enormemente si se percibe que se aprovecha de los trabajadores. También sería prudente mantenerse actualizado sobre cualquier cambio legislativo, porque esta «modernización» podría revertirse tan rápido como llegó.
– ¿Qué le aconsejaría al empleador que tiene empleados registrados ante la eliminación de sanciones por trabajo no registrado?
– Mi consejo es que continúen con las buenas prácticas. La eliminación de sanciones puede parecer una vía fácil pero las implicancias legales y morales son profundas. Los trabajadores no registrados hoy son las demandas de mañana. Además, las prácticas informales pueden desencadenar problemas con otras regulaciones y afectar la confianza de los inversores y la imagen pública de la empresa. A los empleadores que ya cumplen con la ley les diría: “Sigan así”. La eliminación de sanciones puede parecer una tentación para algunos, pero la informalidad trae más problemas que soluciones. Insisto, la informalidad laboral afecta la moral y la productividad de los empleados. Una fuerza laboral insatisfecha y desprotegida es una receta para el desastre empresarial. Mantener prácticas laborales justas y transparentes no sólo es éticamente correcto sino también estratégico para el éxito a largo plazo de cualquier empresa.
– ¿La implementación del fondo de cese laboral en reemplazo de la indemnización tradicional es económicamente mejor para el bolsillo del empleador?
– El fondo de cese laboral parece, en teoría, un alivio financiero para los empleadores, al transformar un gran desembolso en pagos mensuales más manejables. Sin embargo, este sistema no elimina las cargas fiscales ni merma el pago de los F931 mensuales a cargo del empleador. Además, al no contar con ayuda alguna del Estado, los empleadores se enfrentan solos a esta nueva obligación, lo que puede resultar en costos acumulativos inesperados. En última instancia, esta medida podría generar más incertidumbre financiera y administrativa que la indemnización tradicional, especialmente en un contexto económico volátil. Es decir, los empleadores podrían ver una reducción en los costos inmediatos de despido al contribuir mensualmente a un fondo en lugar de enfrentar una gran suma de dinero al momento del despido. Sin embargo, esta aparente ventaja se desvanece cuando consideramos la inestabilidad que genera en la fuerza laboral. La falta de una indemnización tarifada podría desmotivar a los empleados y reducir su lealtad y productividad, generando mayores costos indirectos a largo plazo.
– ¿Cuáles riesgos podría tener un empleador que no registra un contrato laboral, si la ley «Bases» ha eliminado toda sanción en ese sentido?
– Aunque la ley “Bases” no penaliza el trabajo no registrado y elimina las sanciones indemnizatorias directas, los empleadores no están exentos de riesgos significativos. A pesar de la ausencia de sanciones específicas, los trabajadores aún pueden reclamar derechos laborales básicos como salarios adeudados, vacaciones y otras prestaciones. También existe el riesgo de acciones legales por discriminación sindical, que podrían resultar en indemnizaciones sustanciales. La ironía radica en que, aunque la ley intenta morigerar la carga de los empleadores, su clara inconstitucionalidad podría traer sanciones retroactivas, lo que crearía una incertidumbre jurídica considerable. Ello, sin mencionar que el impacto reputacional de emplear trabajadores no registrados puede dañar severamente la imagen de una empresa, lo que afectaría relaciones comerciales y dificultaría la atracción de talento. Además, aunque la ley no sanciona directamente, los organismos de control pueden aplicar otras normativas para sancionar indirectamente, todo esto mientras la inestabilidad laboral y la alta rotación minan la productividad. Así, la ley «Bases», en su intento de flexibilización, parece más un camino hacia un campo minado de riesgos legales y operativos para los empleadores.
– ¿Quisiera agregar algo más?
– Sí. La regresión de derechos laborales de la ley «Bases» contradice los paradigmas libertarios que promueven la libertad individual y la no intervención estatal, ya que, al fomentar la informalidad laboral y eliminar protecciones básicas para los trabajadores, esta ley genera una dependencia y vulnerabilidad mayor hacia los empleadores. En lugar de promover la autonomía y el empoderamiento de los individuos, la ley debilita sus derechos fundamentales y los coloca en una posición de subordinación sin mecanismos adecuados de protección y justicia. Paradójicamente, esta desregulación extrema no resulta en un mercado laboral más libre y justo sino en uno más desequilibrado y precarizado, en el que la «libertad» se traduce en desprotección y abuso. En resumen, la ley «Bases», en su intento de «modernizar» el mercado laboral, parece destinada a generar más problemas que soluciones. La regresión en derechos laborales, la promoción de la informalidad y la desprotección de los trabajadores no son el camino hacia un mercado laboral saludable y sostenible. En lugar de avanzar hacia un futuro laboral más justo y equitativo, estamos abriendo la puerta a una propagación de juicios laborales, conflictos sindicales y un ambiente empresarial incierto. En pocas palabras, esta ley es un parche mal aplicado a una herida profunda y sus consecuencias, aunque no inmediatas, serán adversas tanto para empleados como para empleadores. Ello porque, al final del día, una economía basada en la precariedad laboral es una economía condenada al fracaso.
