ESCUCHARPor Pablo Agustín Cuencia Tagle. Abogado. Profesor de Derecho Público Provincial y Municipal de la UNC
Luego de haberse producido el traspaso de gobierno en el orden nacional, es posible advertir una serie de medidas y decisiones tomadas por las nuevas autoridades que, en primera instancia y con reservas, generan una perspectiva positiva para el federalismo. Algunas constituyen gestos y actitudes meramente simbólicos pero de gran significancia, que los argentinos nos habíamos desacostumbrado a presenciar; otras son medidas de gobierno, postergadas en el tiempo, que finalmente se encaminan a su concreción.
En el plano de los gestos y símbolos, es importante destacar las reuniones llevadas a cabo por los gobernadores de las veintitrés provincias con el Presidente, a poco de asumir su mandato. Estos encuentros son fundamentales porque construyen el imprescindible “dialogo federal” que debe presidir las relaciones entre nación-provincias. Entiéndase bien lo que pretendo expresar: dialogo, no sumisión; consenso, no imposición. Vale la aclaración puesto que en los últimos años nos habíamos acostumbrado a observar como únicamente se recibía en el despacho presidencial a aquellos gobernadores que se subordinaban al proyecto político oficialista. Es dable esperar que el Presidente, que ha manifestado su intención de revertir esa forma de gobernar que distingue entre amigos y enemigos, no repita aquellas prácticas centralistas.
Otra actividad desarrollada en el plano de lo simbólico, pero no por ello menos importante, fue la de celebrar una reunión de gabinete de ministros nacionales en conjunto con las autoridades provinciales en nuestra ciudad de Córdoba, como muestra de unión y de restablecimiento de las relaciones institucionales. Justamente la provincia que en los últimos años, más sufrió el castigo y la discriminación por no haberse alineado políticamente a la ex Presidenta.
Los vecinos de córdoba sabemos el impacto negativo que pueden llegar a tener las disputas políticas entre diferentes niveles de gobierno; basta recordar el “peso” de coparticipación que recibía el intendente Juez de su archirrival gobernador de aquel entonces De la Sota. Como en aquella oportunidad, esta nueva disputa nos llevó a la imposibilidad de acceder a acuerdos de refinanciación de deudas contraídas con la Nación, la necesidad de plantear demandas judiciales con motivo de los ingresos por coparticipación, la escasa o nula inversión en obra pública e infraestructura para la provincia, y hasta a tener que pagar la nafta más cara del país, entre otras consecuencias negativas.
Dejando los gestos para comenzar a analizar medidas concretas de gran significación para el federalismo, en primer lugar destaco el demorado traspaso de la policía federal a la órbita de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Recordemos que por la Constitución Nacional, la ciudad de Buenos Aires adquirió en el año 1994 un status especial con fuertes rasgos autonómicos que el Congreso cercenó inconstitucionalmente, limitando las posibilidades de aquella de contar entre otras cosas con una policía metropolitana, o de gestionar el poder judicial como todas las demás provincias lo hacen. El traspaso del servicio de policía, junto con los recursos necesarios para su funcionamiento, constituyen un importante avance para el federalismo y la autonomía de la ciudad.
Otra medida de gran impacto para el federalismo en su aspecto económico es el reordenamiento del sistema energético, que tal como funcionaba generaba privilegios inaceptables para los habitantes del área metropolitana de Buenos Aires. La comparación de las tarifas dependiendo de donde uno tenga el domicilio es elocuente: mientras que un cordobés paga 426 pesos cada 600 K/W consumido, un habitante del conurbano bonaerense abona la irrisoria suma de 41, 4 pesos. Similares distorsiones también se proyectan a otros servicios públicos como el gas o el transporte público. Está claro que esta inequidad únicamente se sostiene a través de rentas generales del presupuesto nacional, en detrimento de las restantes jurisdicciones no beneficiadas.
Así como esperamos un cambio gradual que lleve a que el habitante del área metropolitana comience a hacerse cargo del costo de los servicios que recibe, también confiamos en que se protegerá a los sectores vulnerables manteniendo tarifas sociales.
Lo simbólico y lo concreto auguran un nuevo escenario federal que alienta a imaginar una posible redención de las provincias. Confiamos en que esta nueva etapa asuma la historia que nos impone un destino federal y con visión de futuro, afronte los desafíos pendientes que son tantos, que solo mediante políticas de estado ejecutadas por sucesivos gobiernos se podrán alcanzar.
