ESCUCHARLa iniciativa plantea que el sistema actual deja al Consejo de la Magistratura y a los tribunales bajo su administración en una situación de desequilibrio estructural y vulnerabilidad financiera crónica que afecta la independencia de la Justicia.
“La readecuación de la distribución de los fondos asignados al Poder Judicial resulta indispensable para sanear la administración de recursos, así como para evitar las consecuencias negativas que derivan de la dependencia económica y la emergencia de la infraestructura por falta de inversión”.
Bajo esa premisa, hace poco menos de un mes, el diputado y presidente de la Comisión de Asuntos Constitucionales Pablo Tonelli (PRO) planteó la necesidad de redistribuir los recursos asignados al Poder Judicial; concretamente, disminuyendo las partidas que recibe la Corte Suprema y aumentando las que se direccionan al Consejo de la Magistratura de la Nación.
El legislador alegó que el sistema actual deja al organismo y a los tribunales bajo su administración “en una situación de desequilibrio estructural y vulnerabilidad financiera crónica” que afecta la autarquía e independencia de la Justicia.
Ya hay un proyecto legislativo al respecto. Lo redactaron los diputados Tonelli, Mario Negri (UCR), Álvaro González (PRO) y Diego Mestre (UCR), para modificar el reparto de dinero que la ley de autarquía (número 23853) le asigna al Poder Judicial.
El diputado Pablo Tonelli, impulsor del proyecto, argumenta que el Consejo de la Magistratura de la Nación destina más del 95 por ciento de los fondos a pagar salarios, mientras que la Corte Suprema maneja una masa superavitaria de activos que mantiene bajo su absoluta discrecionalidad.
La norma le confiere a ese poder el 3,5 por ciento de los recursos tributarios y no tributarios de la Administración central y de acuerdo con el DNU 557/05, dictado por el ex presidente Néstor Kirchner, el 0,57 por ciento va a la Corte y el 2,93 por ciento al consejo.
Para Tonelli, lo destinado al organismo es inapropiado porque más del 95 por ciento se destina al pago de salarios.
En tanto, detalló que la Máxima Instancia, a partir de aquel decreto, pasó a manejar una masa superavitaria de activos que se mantienen “bajo su absoluta discrecionalidad”.
Por su parte, Negri, presidente del interbloque Cambiemos, recordó que el artículo 114 de la Constitución Nacional establece que el Consejo de la Magistratura es quien administra el Poder Judicial. “Si queremos juzgados más eficientes debemos dotarlos de recursos acordes con la necesidad social de más y mejor Justicia. Por eso presentamos este proyecto de ley, que busca redistribuir el reparto de fondos, para cumplir este objetivo”, manifestó.
Fundamentos
En sus fundamentos, los redactores de la iniciativa enfatizaron que la readecuación es indispensable para sanear la administración de recursos y para evitar las consecuencias negativas que derivan de la dependencia económica y la emergencia de la infraestructura por falta de inversión.
La modificación que promueven implica que del 3,5 por ciento del presupuesto asignado, el 0,20 por ciento sea para la Corte y el 3,30 por ciento para el Consejo de la Magistratura de la Nación.
