ESCUCHARTal como planteó en noviembre de 2022 un grupo de editores y directores de medios, denuncian que si la extradición del australiano a EEUU se concreta implicará un peligroso precedente para la libertad de expresión
Más de 30 miembros de ambas cámaras del Parlamento británico le reclamaron a Estados Unidos que deje de reclamar la extradición del fundador de WikiLeaks, Julian Assange, quien lleva cuatro años preso en el Reino Unido tras estar asilado en la embajada de Ecuador, y que sea liberado y regrese a Australia, su país natal.
Diputados y lores le enviaron una carta al fiscal general y secretario de Justicia norteamericano, Merrick Garland, pidiéndole que le ponga fin procedimiento de extradición del hombre de 51 años.
“Este 11 de abril se cumple el cuarto aniversario de la detención de Assange, periodista y editor galardonado, en la prisión de Belmarshen Londres, donde espera una decisión sobre su extradición a Estados Unidos” recordaron en la misiva.
Además, juzgaron que la extradición tendría “claramente un impacto escalofriante en el periodismo” y que sentaría “un precedente peligroso” para otros reporteros y medios de comunicación.
Además, estimaron que “socavaría la reputación de Estados Unidos en materia de libertad de expresión y Estado de derecho”.
El laborista Richard Burgon, uno de los firmantes de la carta, dijo que los demás participantes de la iniciativa estaban “cada vez más alarmados” por la posible extradición de Assange a Estados Unidos. “Cualquier extradición supondría, de hecho, someter a juicio la libertad de prensa”, afirmó.
Confidencial
En noviembre pasado, editores y directores de medios que publicaron información filtrada por WikiLeaks pidieron en una carta abierta al Gobierno de Estados Unidos el fin de lo que definieron como “persecución”.
La Justicia estadounidense acusa al activista australiano de 18 delitos, incluido uno de espionaje, relacionados con la publicación de WikiLeaks de información confidencial, registros militares y cables diplomáticos en las guerras de Irak y Afganistán.
Representantes de The New York Times, The Guardian, Le Monde, Der Spiegel y El País advirtieron de que la incriminación del hacker más famoso de la historia reciente es “un peligroso precedente” que amenaza con socavar la libertad de prensa.
Cabe recordar que la ex ministra del Interior británica en el Gobierno de Boris Johnson, Priti Patel, aprobó en junio de 2022 la extradición del fundador de WikiLeaks a Estados Unidos.
La decisión de Patel no significó el final de la batalla legal del australiano, quien lleva más de una década litigando, porque su equipo de abogados apeló.
La extradición la ordenó hace un año un juez del Tribunal de Magistrados de Westminster.
La decisión prácticamente agotó las vías legales de Assange dentro del Reino Unido para evitar un juicio en tribunales estadounidenses y con la manda del juzgador de Westminster a la vista Patel tomó su decisión.
Desde hace años, la justicia de Estados Unidos busca enjuiciar al reportero por la difusión de documentos clasificados.
Para la administración del demócrata Joe Biden, Assange no es un periodista sino un pirata informático que puso en riesgo la vida de informantes. Así, siguió la línea que mantuvo el gobierno de Donald Trump con respecto al proceder del australiano.
Los fiscales estadounidenses afirman que Assange ayudó ilegalmente a la analista de inteligencia del Ejército de Estados Unidos Chelsea Manning a robar los cables diplomáticos clasificados y los archivos militares que WikiLeaks publicó más tarde con un falso CD de la cantante Lady Gaga.
Manning fue detenida en 2010 y sentenciada a 35 años de prisión en 2013.
La ex soldado del Ejército estadounidense, llamada Bradley antes de hacer pública su transexualidad, es considerada una pieza clave de WikiLeaks: fue la primera gran fuente del portal de Assange.
Pasó siete años en prisión hasta que el ex presidente Barack Obama le concedió un perdón. Luego volvió a la cárcel por negarse a testificar ante un gran jurado sobre una investigación a WikiLeaks y recuperó la libertad en 2020.
Organizaciones de defensa de los derechos humanos denuncian que el caso es un ataque a las libertades de prensa y de expresión y al derecho a la información.
Por su parte, los letrados de Assange argumentan que no debería haber sido acusado porque actuaba como periodista y está protegido por la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos, que garantiza la libertad de prensa.
Los problemas legales de Assange comenzaron en 2010, poco después de que WikiLeaks publicó 700 mil documentos militares y diplomáticos confidenciales, entre los cuales había un video en el que se veía cómo helicópteros de combate estadounidenses disparaban contra civiles en Irak, en 2007, y mataban a una docena de personas en Bagdad, incluidos dos periodistas de la agencia de noticias Reuters.
Fue detenido en abril de 2019, después de pasar siete años en la embajada de Ecuador en Londres. Allí se había refugiado en 2012, vulnerando las condiciones de la libertad bajo fianza impuestas por el Judicial inglés mientras examinaba una petición de extradición de Suecia, que lo reclamaba por delitos en contra de la integridad sexual, imputaciones que luego fueron desestimadas.
También allí vivió hasta su espectacular detención por la policía británica, cuando el ex presidente Lenín Moreno le retiró el apoyo que le había concedido su predecesor, Rafael Correa.
