ESCUCHARLa violencia es una de las problemáticas más importantes en las ciudades debido a su crecimiento, a los impactos (sociales y económicos) y a la aparición de nuevos tipos de violencia urbana tales como “tracción a sangre”, los secuestro exprés, el conflicto entre vecinos, los robos callejeros, etcétera.
Aunque no se puede establecer una relación de causalidad entre la ciudad con la violencia, es decir la segunda como consecuencia de la primera, tampoco se la puede reducir a uno que otro rasgo aislado, ni como producto de la desviación de lo legal, sino que debe ser entendida como una relación particular del conflicto social y de la política, que se cristaliza tanto en un territorio como en un tiempo específico.
La urbe como tal no sólo reúne mayor densidad poblacional sino una mayor variedad en su construcción social, lo cual hace que se generen más conflictos sociales, muchos de los cuales terminan en hechos de violencia. Así como la variedad de ésta es amplia, no todas son delictuales -pero bien la propician-.
La consecuencia de la violencia institucional por omisión
Así como las formas de la violencia van cambiando a lo largo de la historia, genera cambios en el urbanismo tales como nuevas formas de segregación social tanto en zonas urbano-marginales, en villas, como en complejos barriales privados y countries. En éstos, incluidos los sectores medios y otros mejores favorecidos económicamente, el blindaje social les “protege psicológicamente” de la inseguridad; de la angustia que genera el desamparo y la pobreza que vive otro sector social con el cual en algún momento del día interactúan.
Uno de los ejemplos que mejor ilustra el paisaje de la violencia urbana y de la complicidad de políticas omitidas se consagra en el fenómeno “tracción a sangre”.
Impacto negativo
Costos en salud. Cada familia que recibe un subsidio -al que aportamos todos- por tener un carro, tiene la convicción de que es la forma de obtener un beneficio que, lejos de dignificarlo, lo hunde cada vez más en la miseria. ¿No sería mejor destinar los subsidios a convertir el medio de trabajo -carro- por otro adecuado que implique menor riesgo de vida animal-humana?.. como para empezar.
Reproducción de la violencia. La violencia ejercida contra el animal obligado a trabajar, mediante golpes de látigo -entre otras expresiones agresivas-, sin ni siquiera reunir las condiciones mínimas de salud, son naturalizadas por los menores y embarazadas, quienes también son obligados a trabajar en carros asimilando la violencia como forma de interacción con el más vulnerable, el animal y/o el niño, que se reproducen sin una planificación familiar.
Impacto ambiental. Cada carro tirado por caballo levanta los residuos de un “vecino” y se lo tira a otro “vecino”… ¡Qué linda vecindad!
Delito. Tanto la obtención del equino como su mantenimiento son costosos, por lo que resulta imposible valerse de uno, si no lo es de una manera ilegítima; ni hablar de su cuidado.
Uso de la fuerza de seguridad y del aparato de justicia. Además del trabajo de menores en los carros se suma el maltrato animal que requiere de la intervención de la policía, primero obligadamente, y de la Justicia, siendo que podrían prevenir otros delitos.
Costos, y no económicos. Ojalá fuera sólo lo segundo, pero se trata de la vida del animal y de las personas que van arriba del carro, capaz de causar accidentes de tránsito a terceros con pérdidas irreparables de costos millonarios contra el Estado, que pagamos todos.
Dolor y sufrimiento. La sociedad agrega un estres o más ante las imágenes de la realidad violenta, que genera rechazo, y su inaceptación, lejos de promover la integración social; además disminuye la calidad de vida de la sociedad toda.
Turismo. La postal hasta aquí representada muestra…¿¿la Docta??.. con “D” de decadencia y delito.
Las mejoras de la violencia urbana ocurren por la confianza en la gestión de gobierno, con políticas que promuevan la cooperación, la comunicación, la integración, al igual que las políticas punitivas
La tracción a sangre, principalmente en la ciudad, evidencia la negación de la realidad. No es sino síntoma de “psicosis” en las políticas de gestión que no la incluyen y de una complicidad perversa, a la vez que genera malestar, angustia, depresión y rechazo en la sociedad que interactúa con esta forma de violencia que pretende ser naturalizada, tal como lo fue durante años la violencia contra la mujer.
Sin lugar a dudas, su erradicación es urgencia.
* Psicóloga judicial multifuero, laboral y RRHH
