ESCUCHARPsicólogos y trabajadores sociales tomarán contacto con denunciantes por teléfono o videollamada. Los juzgados podrán pedir la colaboración de la Policía Barrial en casos excepcionales
En el marco del aislamiento social preventivo y obligatorio y la prestación del servicio de justicia en la emergencia por razones sanitarias, el Equipo Técnico de los Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género de la ciudad de Córdoba puso en marcha el Protocolo de Intervención en Violencia Familiar en el Marco de la Pandemia, bajo la modalidad de plan piloto.
Con la colaboración de la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar (OVF), dependiente del Tribunal Superior de Justicia (TSJ), se diseñaron modos alternativos y excepcionales de intervención técnica, dada la restricción de circulación imperante. Para ello, se tomaron en cuenta las características del fuero, los derechos de los justiciables en una temática compleja como la de violencia familiar y de género; así como la imposibilidad de llevar a cabo las intervenciones domiciliarias de forma interdisciplinaria.
Los lineamientos generales de actuación suponen la autorización a psicólogos y trabajadores sociales para desempeñar sus actuaciones a través de medios tales como el teléfono o las videollamadas, en base a la disponibilidad tecnológica de justiciables y profesionales. El psicólogo o el trabajador social designado podrá establecer una comunicación telefónica con la persona denunciante a los fines de llevar a cabo una entrevista telefónica lo más completa posible, en el contexto mencionado. Este abordaje está previsto para aquellos casos en que no hay convivencia entre denunciante y denunciado.
En casos excepcionales, los Juzgados de Niñez, Adolescencia, Violencia Familiar y de Género podrán requerir la intervención de la Policía Barrial a fin de que puedan recabar información. Para ello, los agentes policiales utilizarán una la plantilla de seguimiento, denominada “encuesta a la víctima”, establecida en el Acuerdo Reglamentario del TSJ n.° 1480. Luego, remitirán electrónicamente al juez, que resolverá de la manera más inmediata sobre las medidas cautelares que amerite el caso.
A través de los mecanismos mencionados, se procura obtener indicadores de riesgo que permitan a los juzgados competentes contar con elementos que coadyuven al abordaje del caso, ya sea por su alta complejidad y/o por su urgencia.
En el diseño e implementación del referido protocolo fue fundamental la intervención de la Policía Barrial con la que el Poder Judicial de Córdoba viene trabajando de manera coordinada desde la puesta en marcha de la Oficina de Atención Centralizada (OAC) para el tratamiento de las causa de violencia familiar durante la etapa de juicio, oficina judicial que depende de la OVF.
Cabe recordar que, desde antes del aislamiento, la Policía Barrial viene practicando un acompañamiento a las víctimas, cuando las causas penales se encuentran elevadas a juicio ante las Cámaras del Crimen. Esta intervención se produce cuando la OAC, luego de actualizar el caso, detecta que no existen nuevos hechos de violencia familiar, posteriores al que tramita en el tribunal, y el Equipo Técnico de la oficina concluye que el caso presenta un riesgo bajo, conforme lo establece el Acuerdo Reglamentario n.° 1480.
De hecho, actualmente, un centenar de víctimas de violencia familiar y de género mantienen contacto con la Policía Barrial mediante esta modalidad, ya que están en etapa de seguimiento.
