ESCUCHAREl objetivo es agilizar los procesos originados por denuncias de casos de violencia doméstica o contra la mujer.
Según consigna el portal Justicia Córdoba, el Tribunal Superior de Justicia de Córdoba (TSJ) y el Ministerio de Gobierno de la Provincia firmaron un acuerdo de cooperación que permitirá informatizar la notificación de las medidas cautelares (restricción de acercamiento, prohibición de contacto y exclusión del agresor, entre otras) dictadas por los jueces a las personas denunciadas por episodios de violencia familiar. Así se podrá dotar de mayor celeridad este tipo de procesos judiciales.
El convenio surge dentro del marco de acciones realizadas entre la Oficina de Coordinación de Violencia Familiar del TSJ y el Departamento Coordinación de Acciones contra la Violencia de Género, Área Policial de la Provincia de Córdoba. Éste establece la posibilidad de instrumentar mecanismos de articulación entre la Policía de la Provincia y el Poder Judicial para brindar una adecuada y pronta resolución a los conflictos de violencia familiar y contra la mujer.
A partir de la aplicación de los protocolos de actuación, los jueces y los funcionarios judiciales con competencia en Violencia Familiar podrán utilizar su firma digital para librar electrónicamente la medida cautelar dictada, según el caso denunciado. Esta orden judicial será receptada, en tiempo real, por una oficina policial que la remitirá, en forma electrónica, a la comisaría pertinente. El personal de la comisaría, por su parte, deberá notificar a la persona afectada por la medida cautelar y, luego, dar aviso electrónico al juez de su efectiva realización. Todo esto acelerará exponencialmente los tiempos que antes insumían las notificaciones en papel trasladadas a través de agentes policiales.
El Convenio Marco de Colaboración sobre Violencia Familiar fue firmado por Domingo Sesin y María Marta Cáceres de Bollati, en representación del TSJ, y por Juan Carlos Massei, en representación del Ministerio de Gobierno. En una primera instancia, se implementarán los protocolos de actuación para Capital y la sede de Carlos Paz, a los fines de realizar los ajustes que la experiencia demande. Luego, se avanzará con su aplicación progresiva en el resto de la provincia. Para la ejecución de este proyecto ha sido clave el aporte y trabajo coordinado de las áreas informáticas de ambos poderes.
