Violaciones del ASPO: dictaminaron a favor de la constitucionalidad de imputaciones

El agente Raúl Pleé propició el rechazo del recurso de una imputada por violar las medidas sanitarias dispuestas por el Poder Ejecutivo Nacional, por concurrir a la denominada “Fiesta de Olivos”, y justificó las previsiones del DNU 260/20 y sucesivos

El fiscal General a cargo de la Fiscalía General Número 3 ante la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP), Raúl Pleé, dictaminó en favor de la constitucionalidad del decreto de necesidad y urgencia (DNU) 260/20 y, con ello, de la imputación por violar las medidas para prevenir las consecuencias de la pandemia de covid-19, acción reprimida por el artículo 205 del Código Penal (CP).

El representante del Ministerio Público Fiscal (MPF) postuló el rechazo del recurso de casación interpuesto por la defensa de una mujer a quien se le imputa la transgresión de aquéllas, por haber participado de la fiesta de cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yañez, en la Quinta Presidencial de Olivos, el 14 de julio de 2020.

San Isidro

El 2 de noviembre de 2021, el titular del Juzgado Federal Número 2 de San Isidro, Lino Mirabelli, rechazó el planteo de inconstitucionalidad promovido por el letrado de la encausada, que cuestionó sin éxito el DNU 260/20.

“Es constitucionalmente admisible que la figura del artículo 205 del CP se integre con normas dictadas por el órgano ejecutivo, siempre que se trate de medidas -prohibiciones o mandatos- obligatorias, emanadas de las autoridades competentes para la materia, con el propósito de impedir la introducción o propagación de una epidemia”, indicó el sentenciante.

Complementarias

Alegó además que las medidas complementarias del tipo penal de aquel artículo podían emanar válidamente de los DNU ya que fueron dictados por el Presidente según el procedimiento previsto en la Carta Magna, para regular cuestiones sanitarias impostergables ante circunstancias excepcionales; ello así, “más allá del impacto colateral que tuvieran respecto de la figura delictiva”.

En tanto, sostuvo que las pautas sanitarias instrumentadas satisfacen los aspectos formales y sustanciales de la política legislativa establecida para el contenido típico del artículo 205 del CP.

El fiscal consideró razonable que medidas como las cuestionadas, “en tanto necesarias para el control de una epidemia, sean consideradas como urgentes”, en el sentido de que su dictado en tiempo útil no es compatible con el trámite constitucionalmente previsto para la sanción de leyes por parte del Congreso.

En virtud de ello, concluyó que la aplicación al caso del artículo, integrado con las medidas dictadas mediante los DNU cuestionados por la defensa, no violentaron el principio de legalidad.

Después de la apelación de la defensa, el 9 de diciembre pasado, la Cámara Federal de Apelaciones de San Martín confirmó lo decidido por el a quo.

El letrado de la encartada recurrió el fallo ante la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP). En su presentación, insistió con la inconstitucionalidad del DNU, en cuanto estipula sanciones e infracciones penales, que consideró ilegales, que sustentaron el inicio de investigaciones penales en el marco del artículo 205 del CP.

Argumentó que si bien éste es una “ley penal en blanco”, no puede ser complementado por disposiciones emanadas del Ejecutivo, pues ello está prohibido por el artículo 99, inciso 3, de la Constitución.

“La prohibición de realizar festejos sociales que convocaran a personas en cantidad en un mismo espacio resultaba una restricción razonable a los derechos de reunión y circulación, en vistas de la situación epidemiológica”.

(Del dictamen del fiscal Raúl Pleé)

Al dictaminar sobre la cuestión, Pleé opinó a favor de la constitucionalidad de la norma cuestionada y el consecuente rechazo del recurso de la defensa.

Consideró que la crítica de la parte recurrente se dirige “contra la posibilidad de integrar la prohibición prevista en el artículo 205 del CP utilizando al DNU como precepto complementario”.

Corte Suprema

En cuanto al agravio respecto a que el decreto no fue válidamente dictado ya que no existían circunstancias excepcionales al momento de su emisión que hicieran imposible el normal trámite legislativo, el representante del MPF siguió el criterio del procurador General de la Nación interino, Eduardo Casal, en un dictamen en un expediente similar.

Pleé señaló que, en esa oportunidad, Casal se remitió a los fundamentos de la Corte en el caso “Peralta”, en cuanto a que en el ámbito de la legislación de emergencia, la validez constitucional de un DNU depende de la existencia de una situación de grave riesgo social frente a la cual haya existido la necesidad de adoptar “medidas súbitas cuya eficacia no es concebible por el trámite ordinario previsto en la Constitución para la sanción de las leyes”.

El letrado de la encartada insistió con la inconstitucionalidad del DNU, en cuanto estipula sanciones que consideró ilegales, que sustentaron el inicio de investigaciones criminales en el marco del artículo 205 del CP. Argumentó que si bien es una ley penal en blanco, no puede ser complementada por disposiciones del Ejecutivo.

En esa línea, el fiscal consideró razonable que medidas como las cuestionadas, “en tanto necesarias para el control de una epidemia, sean consideradas como urgentes”.

“La configuración de la situación de necesidad y urgencia fue acertadamente comprobada en las instancias anteriores”, enfatizó el fiscal.

Razonabilidad

Sobre la razonabilidad de las mandas, explicó que debía analizarse según el grado de afectación de derechos que se atribuya a la norma en el caso concreto.

En ese sentido, observó que a mediados de 2020 “la prohibición de realizar festejos sociales que convocaran a personas en cantidad en un mismo espacio resultaba una restricción razonable a los derechos de reunión y circulación, en vistas de la situación epidemiológica”.

Pleé concluyó: “Teniendo en miras las circunstancias concretas de la causa y los fines perseguidos con el dictado de los decretos cuestionados, no observo una afectación de derechos fundamentales de tal magnitud que conlleve la necesidad de declarar la inconstitucionalidad”.

Prueba

A principios de este mes, el juez federal de San Isidro Lino Mirabelli ordenó varias medidas de prueba en la causa.

Las solicitó el fiscal federal Fernando Domínguez en diciembre del año pasado. Luego de la feria judicial de verano, el magistrado las ordenó.

Por lo pronto, la Secretaría General de la Presidencia deberá informar si hay listados oficiales de personas habilitadas o autorizadas a ingresar y/o asistir a la residencia presidencial durante la vigencia de la cuarentena y, en su caso, quién lo dispuso y con qué fines.