La Justicia de Mar del Plata condenó a seis personas que explotaron a 10 mujeres y -de oficio- estableció el decomiso definitivo de inmuebles y vehículos para repararlas económicamente.
Las víctimas, de entre 19 y 50 años, fueron rescatadas de los locales “Whiskería Casablanca” y “Samanta”, y eran en su mayoría extranjeras que habían sido engañadas respecto al tipo de trabajo que debían realizar en dichos lugares.
En la resolución, el Tribunal Oral en lo Criminal Federal, a cargo de Mario Alberto Portela, consideró que las víctimas tienen privilegio de cobro por sobre el Estado, ya que éste tiene “un deber de protección hasta el logro efectivo de las reparaciones pertinentes”.
“Hacer silencio respecto del derecho a una reparación integral que surge de pleno derecho en cabeza de las víctimas de explotación, implicaría invisibilizarlas una vez más, ahora, de manera institucional. El Estado, muy por el contrario, debe visibilizarlas y repararlas por cuanto las considera personas en derecho. Éste es el piso mínimo al que se ha comprometido el Estado argentino con sus ciudadanos y la comunidad internacional”, expresó Portela.
Para el magistrado, por la asimetría entre víctimas y victimarios, corresponde al Estado equiparar la desigualdad existente en dicho binomio y otorgar una respuesta acorde a los derechos reconocidos en el bloque constitucional.
Los bienes decomisados fueron dos inmuebles y vehículos utilizados para llevar a cabo la actividad ilícita, así como dinero recaudado del negocio.