ESCUCHAREl TOF2 responsabilizó a la vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner por el delito de defraudación al Estado y le impuso seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos. Dejó de lado la acusación que la sindicó como líder de una asociación ilícita
La vicepresidente Cristina Fernández de Kirchner fue condenada a seis años de prisión e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por administración fraudulenta en perjuicio de la administración pública, por irregularidades en la adjudicación de obra pública al empresario Lázaro Báez, en la Patagonia.
La sentencia la dictaron los jueces del Tribunal Oral Federal Número 2 (TOC2) Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso.
La ahora condenada en uno de los casos de corrupción más resonantes de la historia nacional, conocido como “Vialidad”, escuchó el fallo en su despacho del Senado. Afuera, un grupo de militantes coreaba “Cristina presidenta” bajo un calor abrasador.
La ex jefa de Estado enfrentaba un pedido de 12 años de prisión por defraudación y por liderar una asociación ilícita -un cargo que el tribunal descartó- formulado por los fiscales Diego Luciani y Sergio Mola.
Gorini y Giménez Uriburu entendieron que en el caso no hubo una pluralidad de planes delictivos, que es la base de la asociación ilícita. Basso no estuvo de acuerdo y propició que se condenara a la ex presidente por ese delito.
Los acusadores ya anunciaron que apelarán el decisorio. Podrán hacerlo cuando se difundan sus fundamentos, en marzo de 2023.
Los jueces de la causa dieron por probada con certeza “una extraordinaria maniobra fraudulenta que perjudicó los intereses pecuniarios de la administración pública nacional” mediante la tramitación de 51 procesos de licitación pública para la construcción de obras viales sobre rutas nacionales y provinciales en la provincia de Santa Cruz, entre 2003 y 2015.
Decisión política
Aclararon que no juzgaron decisiones políticas y que su análisis se circunscribió a la forma en que se implementó una política pública; es decir, poner en marcha obras.
Entre las pruebas que los magistrados valoraron para condenar a nueve de los 13 imputados reseñaron que, tal como expuso Luciani al alegar, los encargos para Santa Cruz fueron sistemáticamente adjudicados al grupo empresarial de Báez.
Agregaron que tanto la conformación como crecimiento económico del conglomerado fue exponencial y estuvo “directamente asociado” con la asignación de obra pública vial.
Decomiso
Gorini, Giménez Uriburu y Basso concluyeron que en el caso hubo un un perjuicio “descomunal y sin precedentes para las arcas públicas”. Lo cuantificaron en 84 mil millones de pesos y ordenaron que la suma se les decomise a los acusados.
Los magistrados razonaron que el daño ocurrió por la diferencia entre el monto de las obras en los pliegos de licitación y el precio final que se pagó, por la “concurrencia cartelizada al proceso licitatorio” y por sobreprecios en, al menos, tres de las cinco obras peritadas.
Vínculos promiscuos
Asimismo, establecieron que los beneficios sucedieron por “la existencia de vínculos promiscuos y corruptos” entre funcionarios de las administraciones públicas nacional y provincial y las empresas contratistas del Estado pertenecientes a las sociedades que comandaba Báez.
Para los jueces, aquellos lazos fueron determinantes para la concreción de una defraudación en la que, determinaron, “predominó una ficta legalidad” para instrumentar procesos y decisiones administrativas que buscaron “asegurar y disimular un beneficio ilegítimo” a favor de, por lo menos, dos acusados: Fernández de Kirchner y Báez.
“Ha sido dirimente, en esa lógica, la comprobación de un interés manifiesto sobre el plan criminal de la por entonces presidenta de la Nación, evidenciado a través de su participación en los beneficios económicos producto del delito obtenidos por intermedio de múltiples vínculos contractuales y comerciales con Báez en forma concomitante a la ejecución de la maniobra”, expusieron.
Hotesur y Los Sauces
Los sentenciantes hicieron alusión a las actuaciones judiciales en trámite por Hotesur y Los Sauces, los hoteles e inmuebles de la familia Kirchner que eran alquilados por Báez, y ponderaron que la principal acusada en «Vialidad» hizo “llamativos y groseros aportes personales en la estrategia criminal”; particularmente, en su etapa conclusiva, en 2015.
Sobre ese dominio sobre el hecho en su fase final, añadieron que también fue advertido respecto de quien actuaba como intermediario, tanto funcional como fácticamente, entre ambos beneficiarios del contubernio: el ex secretario de Obras Públicas de la Nación, José López.
La referencia es a lo que los fiscales Luciani y Sergio Mola llamaron “plan limpiar todo”, por los mensajes de WhatsApp del celular de López que revelaron sus intercambios con la ex presidente y con Báez, sobre cómo pagarle al patagónico antes de que la actual vicepresidente dejara el gobierno y para cerrar las empresas, después.
Los jueces señalaron que -además de tratarse de conductas ajenas al ámbito funcional de cada uno- aquellas comunicaciones probaron la existencia de vínculos “estrechos y corruptos entre funcionarios públicos e integrantes de una empresa contratista de obra pública”.
Paralelamente, recordaron que las irregularidades en la concesión de trabajos viales habían sido advertidas en causas judiciales, expedientes administrativos y en medios de comunicación y que, a pesar de ello, Fernández de Kirchner y López “desoyeron deliberadamente las múltiples alarmas”.
“Nos hemos encontrado ante un hecho inédito en la historia del país, pues se ha acreditado que ciertas decisiones trascendentales respecto de la marcha empresarial del grupo fueron adoptadas siguiéndose órdenes expresas de los más altos integrantes del poder Ejecutivo Nacional”, indicaron.
A su vez, dieron por probado que la estrategia delineada entre funcionarios y empresarios se aseguró mediante el dictado de actos administrativos bajo una apariencia de legalidad.
Báez
Báez también fue condenado a seis años de prisión, como organizador de la asociación ilícita y partícipe necesario de defraudación.
En tanto, López recibió la misma sanción más la pena inhabilitación perpetua, por los mismos delitos.
Idéntica pena se dispuso Nelson Periotti, ex titular de Vialidad Nacional.
En tanto, los ex funcionarios de Vialidad Nacional acusados en el debate recibieron las siguientes condenas a prisión: Juan Carlos Villafañe, cinco años; Mauricio Collareda, cuatro años; Raúl Santibáñez, cuatro años; Raúl Daruich, tres años y seis meses, y Raúl Pavesi, cuatro años y seis meses. Todos fueron inhabilitados perpetuamente para ejercer cargos públicos.
Héctor Garro, ex presidente de la Administración General de Vialidad provincial de Santa Cruz, fue absuelto. La misma suerte corrieron Julio de Vido (ex ministro de Planificación Federal), Abel Fatala (ex subsecretario de Obras Públicas) y Carlos Kirchner (ex subsecretario de Coordinación de Obra Pública Federal).
El debate oral comenzó en mayo de 2019. Se juzgaron las anomalías en las 51 obras públicas que las empresas de Báez recibieron para Santa Cruz entre 2003 y 2015, durante los gobiernos de Néstor Kirchner y la actual vicepresidente.
Historia
Ayer, los magistrados de carrera Gorini, Giménez Uriburu y Basso sentenciaron juntos por primera vez e hicieron historia al condenar por corrupción a una vicepresidente que fue dos veces jefa de Estado.
Los tres tienen varias cosas en común, como su edad (55 años, el primero; 51, los otros dos) y haber llegado a sus cargos con la firma de la Fernández de Kirchner en sus respectivos decretos de designación como jueces de tribunales orales federales, cuando era presidenta.
Gorini ingresó al Judicial como meritorio, en un juzgado de instrucción nacional, en 1988. Hizo toda la carrera en ese fuero hasta llegar a secretario. Entre 2003 y 2005 se desempeñó como defensor oficial y luego fue juez de instrucción. Poco después llegó a Comodoro Py. Fue subrogante del Tribunal Oral Federal 4 hasta que en 2011 fue designado titular en el Tribunal Oral Federal 2.
Juró el mismo día que Giménez Uriburu, quien inició su carrera en la Justicia en 1989, también como meritorio en un juzgado de instrucción. En 1994 pasó al Tribunal Oral Federal 2. Fue secretario hasta que llegó a magistrado, en 2001.
La trayectoria de Basso empezó en 1993, también en el cargo más bajo, en el Juzgado Federal 1 de La Pata. Más adelante ingresó a un juzgado de Lomas de Zamora y llegó a secretario. En 2015 fue nombrado juez federal en Comodoro Py, en el Tribunal Oral Federal 3.
Integra el juicio de la obra pública porque el tercer integrante del TOF2, Jorge Tassara, falleció en marzo de 2019: el resultado de un sorteo lo llevó a sentarse con Gorini y Giménez Uriburu.
A diferencia de sus colegas , Basso participa en política en el ámbito judicial e integra la Lista Bordó, que desde hace dos décadas encabeza la Asociación de Magistrados y Funcionarios de la Justicia Nacional (AMFJN).
