ESCUCHARLa Corte Penal Internacional autorizó investigar los hechos ocurridos con opositores en 2017
La Corte Penal Internacional (CPI) informó este martes que autorizó a su Fiscalía a reanudar la causa por presuntos crímenes contra la humanidad cometidos en Venezuela durante las movilizaciones opositoras de 2017, tras considerar que el Gobierno de Nicolás Maduro no investigó las acciones como había prometido, pese a que Caracas sostiene que le corresponde al país dirimir esas cuestiones.
La Sala de Cuestiones Preliminares I del tribunal ubicado en La Haya avaló de esta forma la petición de la oficina del fiscal Karim Khan, quien a principios de junio visitó Venezuela para evaluar, entre otros puntos, la colaboración de las autoridades con las pesquisas abiertas hace casi dos años para examinar la presunta comisión de crímenes contra la humanidad, según la agencia de noticias Europa Press.
La sala concluyó que, «si bien Venezuela está realizando algunas diligencias de investigación, sus procesos penales nacionales no reflejan suficientemente el alcance de la investigación prevista por la Fiscalía».
Así, considera que hay «periodos inexplicables» en los que no se investigó o que las pesquisas abiertas «en general parecen centrarse en los perpetradores directos y/o de rango inferior», sin ascender en la escala de mando.
La justicia venezolana condenó a agentes de las fuerzas del orden por la muerte de manifestantes durante las movilizaciones de 2017 y otras violaciones de derechos humanos, pero los opositores al gobierno consideran que esas medidas fueron tomadas únicamente para evitar un proceso ante la CPI.
«Esta conclusión no impide que Venezuela proporcione material en el futuro para permitir que la Fiscalía o la Sala determinen la inadmisibilidad sobre la base de la complementariedad», matizó, abriendo la puerta a una colaboración.
Los jueces abogaron por un «diálogo permanente» entre las partes, si bien desde Caracas siempre se denunció un supuesto trasfondo político en esta causa.
Venezuela ratificó el Estatuto de Roma en junio del 2000, por lo que debe someterse a la soberanía de la CPI.
La oposición venezolana apeló en reiteradas ocasiones a la intervención de esa corte y en septiembre de 2018 un grupo de países formado por Argentina, Canadá, Colombia, Chile, Paraguay y Perú, remitió una solicitud formal que derivó en noviembre de 2021 en la apertura de una investigación por parte de la Fiscalía.
En abril del año siguiente, Venezuela solicitó la inhibición de las investigaciones alegando que ya había actuaciones emprendidas a nivel nacional, mientras que en noviembre la Fiscalía presentó una petición ante la sala que se pronunció hoy para requerir la reanudación de las pesquisas, para las que no existe un calendario preciso.
Alí Daniels, director de la ONG Acceso a la Justicia, consideró a la decisión de la CPI “una victoria para las víctimas», según escribió en su cuenta de la red Twitter.
Y Provea, otra ONG de derechos humanos, escribió: “Las víctimas de los crímenes siguen exigiendo justicia ante la impunidad del sistema nacional venezolano».
