ESCUCHAREl tiempo fijado por la Ley de Salud Mental para el cierre de todos los manicomios, que vence este 31 de diciembre de 2020, marca una meta que si bien no será alcanzada en el plazo previsto, está más cerca de cumplirse con la reciente puesta en marcha de los planes de reconversión de los cuatro hospitales neuropsiquiátricos de la provincia de Buenos Aires y el renovado impulso a esta política a nivel nacional.
“En este momento estamos trabajando con los 24 jurisdicciones en el diseño y implementación de planes de sustitución de sus hospitales monovalentes, para que sea una realidad en los próximos cinco años”, dijo el secretario de Salud Mental de la cartera sanitaria nacional, Hugo Barrionuevo.
Por su parte, la secretaria ejecutiva del Órgano Nacional de Revisión de la ley (ONR), Graciela Iglesias, aclaró que el fin de los manicomios “no implica que los usuarios quedan desatendidos o en abandono sino todo lo contrario”, ya que la ley establece que este “proceso de desinstitucionalización de las personas que aún se encuentran hospitalizadas” debe ir acompañado por la creación de “una red integrada de atención con base comunitaria”.
Tampoco quiere decir que ya no habrá internaciones por padecimientos mentales, sino que se producirán “sólo cuando hay riesgo cierto e inminente, en hospitales generales y por el menor tiempo posible”, afirmó Barrionuevo.
El Primer Censo Nacional de Personas Internadas por Motivos de Salud Mental, realizado el año pasado, arrojó que había 12.035 institucionalizadas en 162 manicomios de todo el país, con un tiempo promedio de permanencia de 8 años y que 37,2% continuaba internado por “problemas sociales y de vivienda” a pesar de estar en condiciones de obtener el alta médica.
Pero, en 2006, eran más de 25 mil las personas internadas, según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS).
“En el manicomio uno siente ansiedad, aislamiento. Siente la mirada estigmatizante, sente que no puede preguntar. Uno piensa: ¿Quién me metió acá? ¿Qué hice yo para merecer esto? ¿Y los responsables?”, describió Juan, un usuario de los servicios de salud mental, para la campaña “Argentina sin manicomios” de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
“Miles de vidas están hoy bajo tutela psiquiátrica, con inodoros rebalsados de excrementos, con rejas en las puertas, con represión policial, agua fría para bañarse, las sábanas sucias, cuartos llenas de bichos, comida vieja, rostros demacrados, olor feo. Hablemos de la alternativa al manicomio, exijamos al Estado más casas de medio camino y los derechos básicos de cualquier persona”, agregó.
Más allá de las demoras en su implementación, la Ley 26.657 de Salud Mental aprobada el 25 de noviembre de 2010 sigue siendo considerada “de avanzada”.
La norma supone un cambio de paradigma en concordancia con los tratados internacionales, para pasar de un modelo “hospitalocéntrico”, tutelar y de aislamiento; a otro basado en la atención en hospitales generales y una red integrada de dispositivos intermedios de base comunitaria (casas de medio camino y de convivencia, centros y hospitales de día, talleres, emprendimientos sociolaborales), la autonomía con apoyos y la inclusión social.
“Desde el momento que el Código Civil reconoció la capacidad jurídica de las personas aun cuando se encuentren en un establecimiento asistencial, se tiene que reformular todo el sistema incluyendo un proceso de desmanicomialización con dispositivos comunitarios” como manda esta la ley, dijo Iglesias.
La ley define la salud mental desde un enfoque de derechos, limita las internaciones, impone abordajes multidisciplinarios, fija un mínimo presupuestario de 10% de los fondos destinados a Salud, prohíbe la creación de nuevos manicomios y contempla la readecuación de los existentes.
Eduardo Quiroga, de ACIJ, apuntó que, no obstante, “más del 90% de las camas ocupadas por temas de salud mental de la CABA siguen concentradas en los hospitales psiquiátricos” y a “a nivel nacional el presupuesto no supera el 2%” del total para Salud.
“En el modelo manicomial hay encierros que se cronifican y las personas pierden sus lazos sociales, familiares o afectivos. Esto vulnera su derecho a la vida independiente y en común porque además son segregados del mercado de trabajo y educativo. Y no recuperan su salud sino que se deteriora”, dijo este abogado.
Los tres especialistas consultados por Télam coincidieron en señalar como avances en el cumplimiento de la ley la puesta en funcionamiento de las instituciones creadas, el fin de las prácticas de electrochoque y salas de aislamiento, la adhesión a la norma por parte de la mayoría de las provincias y el inicio de procesos de reconversión.
Para Barrionuevo, el incumplimiento de la desmanicomialización y de otras metas establecidas por la ley obedece a que “transcurrió una década, pero hubo dos estados”.
“El de 2010 a 2015 promovió la ley y conquistó muchos logros, pero luego sobrevinieron cuatro años de falta de políticas activas, falta de aplicación del plan nacional de salud mental e incluso algún intento de modificar la reglamentación de la ley”, agregó.
El funcionario sostuvo que se está “retomando la transformación del modelo de atención para garantizar en el afuera (de los hospitales) condiciones para que todas las personas puedan habitarlo y que un padecimiento mental no implique quedar excluidas de una vida como la que tenemos todas los demás”.
Para Iglesias, “la detracción del cumplimiento de la ley” durante la gestión de Cambiemos ( 2015-2019) incidió en “aumentar las resistencias que ya estaban”.
“Éstas se dan desde la comunicación y lo mediático -donde se visualiza a la persona con problemática mental como peligrosa- hasta en ciertos colectivos profesionales que se resisten a un modelo de atención basado el primer nivel de atención”, dijo.
La pandemia de coronavirus puso sobre la mesa la importancia de un buen sistema de salud mental al que todos pueden necesitar recurrir en algún momento, como el costo del incumplimiento de la Ley 26.657.
“La pandemia evidenció el abandono en que se encuentran las personas internadas, situación que las expuso de forma más directa al virus, además de recrudecer su aislamiento y exclusión. Si la ley se hubiera cumplido, esto se habría evitado”, concluyó Quiroga.
