ESCUCHAREl debate oral comenzó hace exactamente dos años, con magistrados laicos. Involucra al cardenal Becciu, considerado “número 3” de la Santa Sede entre 2011 y 2018. La acusación sepultó su posibilidad de ser papa
El 27 de julio de 2021 comenzó el juicio por el mayor escándalo financiero registrado en la santa sede en las últimas tres décadas, ante el Tribunal Penal del Estado de la Ciudad del Vaticano.
El principal imputado es el cardenal Angelo Becciu, ex sustituto en la Secretaría de Estado, el gobierno central de la iglesia Católica, donde se gestó el desfalco.
Lo juzga un tribunal presidido por Giuseppe Pignatone, un ex magistrado italiano a quien el papa Francisco convirtió en el funcionario central de la Justicia vaticana. Ante él se sentaron Becciu y otros nueve encausados.
Tres de ellos son hombres de negocios vinculados a la Iglesia. Se trata de Enrico Crasso, Raffaele Mincione y Gianluigi Torzi.
El caso se inició en 2014, cuando Becciu decidió concretar una inversión de más de 200 millones de dólares. Inicialmente, se pensó en financiar un negocio petrolífero en Angola, pero derivó en un engaño inmobiliario.
Crasso llevaba años como gestor financiero de los activos del Vaticano. Organizó la operación, que resultó una estafa, junto al millonario italiano Mincione y a su compatriota y también financista Torzi.
Según consignó en su acusación el promotor de Justicia del Vaticano, el fiscal Alessandro Diddi, Crasso y otros imputados recibieron comisiones ocultas por la iniciativa.
Becciu fue nombrado en 2011 por Benedicto XVI. En 2013, el actual Papa lo confirmó.
Proveniente de la isla de Cerdeña, según las acusaciones de los fiscales, Becciu se ocupó de proveer a su familia con recursos del Vaticano y durante el debate tuvo que dar explicaciones por fondos de la Secretaría de Estado y de la Conferencia Episcopal italiana que habría destinado a gastos de sus hermanos y de una sobrina.
En 2018, Becciu dejó su puesto como sustituto en la Secretaría de Estado.
Cambio
En mayo de 2021, el Papa dispuso que obispos y cardenales sean juzgados por el Tribunal Penal del Estado de la Ciudad del Vaticano, integrado por jueces laicos.
La decisión supuso un cambio radical, ya que hasta ese entonces los religiosos comparecían ante el Tribunal de Casación presidido por un cardenal.
Debido a esa modificación, Becciu y el resto de los acusados se sometieron en primera instancia a la Justicia vaticana, al igual que otros ciudadanos incriminados por la comisión de delitos.
La pesquisa versó sobre el escándalo financiero por la compra de inmuebles en Inglaterra con fondos reservados de la Secretaría de Estado.
En 2014, el gobierno central de la Iglesia aportó unos 244 millones de dólares como socia en un acuerdo para comprar un edificio de lujo en Londres.
A medida que el trato se volvía más caro, pagó decenas de millones en tarifas a los intermediarios, en un intento por cambiar los términos.
Cabe recordar que, a fines de diciembre de 2020, Francisco emitió un decreto para hacer más transparente el manejo de dinero destinado a caridad y para endurecer los controles sobre las finanzas del Vaticano.
El objetivo principal de la norma fue la Secretaría de Estado, la parte más importante de la administración de la Santa Sede, que debió renunciar a la gestión de fondos, inversiones e inmuebles y someterse a la supervisión de otras dos oficinas económicas.
Poco antes, denunció que había una “casta pecadora” en la iglesia Católica y adelantó que continuarían las reformas en las estructuras económicas.
El Papa creó la Secretaría para la Economía del Vaticano en febrero de 2014, a menos de un año de ser elegido, para englobar todas las operaciones financieras luego de una serie de escándalos.
Ahora, la fiscalía pidió siete años y tres meses de prisión para Becciu, ex “número 3” de la Santa Sede entre 2011 y 2018.
En su alegato, el fiscal Diddi repasó los hechos por los que investiga a Becciu y al resto de los encausados, por peculado y “abuso de poder”.
Según Diddi, Becciu fue el responsable principal de la compra del edificio de lujo en la plaza londinense de Sloane Square con fondos del Vaticano, en un negocio que se descubrió fraudulento y supuso una pérdida de entre 139 millones y 189 millones de euros.
Tras la solicitud de Diddi alegarán las defensas y la sentencia se espera antes de fin de año.
Instigador
En las cinco audiencias que dedicó a analizar los episodios, Diddi definió a Becciu como el “verdadero instigador” de operaciones y añadió que el purpurado italiano, que se consideraba “posible papa” en un futuro, ordenó manipular las cuentas de la Secretaría de Estado para ocultarlas de los controles.
Citó uno de los testimonios que más comprometen a Becciu: el de su sucesor, el venezolano Edgar Peña Parra, para quien en la Secretaría de Estado hubo “clientelismo” y “deficiencias en la gestión de las finanzas”, con un manejo opaco e irregular por parte del principal acusado y de ex responsable administrativo, el sacerdote Alberto Perlasca.
Inédito
Becciu, quien se declaró inocente y dice que es víctima de una persecución, fue interrogado por primera vez, en un hecho inédito para la justicia vaticana, el 17 de marzo de 2022.
Se le preguntó exclusivamente sobre una línea de la investigación que busca esclarecer si fondos del Instituto para las Obras de Religión (IOR), del Banco Vaticano y de la Conferencia Episcopal italiana acabaron en manos de entidades y personas relacionadas con él.
Al elevar la investigación a juicio, en el tramo que aborda la labor del purpurado, la Fiscalía consideró que también surgieron elementos que involucran a Becciu en otros delitos, como sobornos.
Según el documento, se probó la existencia de “una red de relaciones con los operadores del mercado financiero que generó pérdidas sustanciales para las finanzas del Vaticano”.
Paralelamente, alegó que aquella organización usó recursos destinados a las obras de caridad personal del papa, dentro de un “megaesquema de fraudes”.
Entre los acusados está quien, según la ley, debía controlar las operaciones desde dentro del Vaticano: el ex presidente de la Autoridad de Supervisión Financiera de la Santa Sede (AIF), René Brülhart, además de su mano derecha, Tommaso di Ruzza.
En 2020, cuando se hizo pública la investigación, Becciu fue removido de su cargo de prefecto de Congregación de las Causas de los Santos y despojado de sus derechos como cardenal.
Por ello, perdió la posibilidad de participar en un eventual cónclave y, por ende, de ser papa.
