ESCUCHARLa protesta generó roturas por $14 millones, incluidas farolas históricas que deben restaurarse artesanalmente. El fiscal Rívolo no se hizo eco de la hipótesis que plantearon los abogados de Cristina Kirchner
El fiscal federal Carlos Rívolo dio por concluida la investigación sobre el ataque ocurrido en el Congreso el 10 de marzo pasado, cuando se discutía el acuerdo con el FMI, y llevar a juicio a diez manifestantes identificados por testigos, fotografías y videos, que arrojaron piedras y bombas molotovs sobre policías y bombas de pinturas sobre la fachada del Senado, en particular en la esquina donde tiene su despacho Cristina Kirchner.
En el escrito de elevación a juicio, sobre el que decidirá la jueza María Eugenia Capuchetti, se destaca que los daños provocados por los manifestantes en el edificio del Congreso incluyen vidrios, carpintería y hasta farolas históricas que no se vende comercialmente, sino que hay que construir de manera artesanal. Estas roturas, más los daños provocados en el espacio público en veredas, cordones y contenedores de basura incendiados, ascienden a la cifra de casi 14 millones de pesos, incluido el costo de la limpieza de los grafitis.
La vicepresidenta Cristina Kirchner, desde la presidencia del Senado, se presentó como querellante y dijo que se buscó atacar su despacho en particular y que las manchas de pintura roja alrededor de su ventana pretendían marcarla como objetivo. Pero nada de esto se dice en el auto de elevación a juicio del fiscal Rívolo.
Las personas acusadas que serán juzgadas son Jonatan Emanuel García, José Horacio Fernando Castillo, Leonardo Marcelo Cáceres, Gonzalo Martín Ezequiel Fonteina, Julio Valdés, Walter Gabriel Núñez, Exequiel Darío Paz, Oscar Ramón Santillán, Julián Claudio Lazarte y Sebastián Esteban Franco, señala el dictamen del fiscal.
Asimismo, la Justicia ordenó la detención de Luis Agustín Trionfini y la averiguación de paradero de Walter Nicolás Luján, quienes hasta el momento no se presentaron en el caso. Todos ellos fueron acusados de daño agravado y algunos además del delito de atentado y resistencia a la autoridad.
Los acusados, según la evidencia recogida por la fiscalía, participaron en los desmanes generados en las inmediaciones del Congreso. En medio de la protesta, a las 15, se alejaron del grupo que se manifestaba de manera pacífica y arrojaron con sus manos y con gomeras piedras, cascotes y bombas de pintura hacia el edificio del Congreso.
La restauración de los daños en el Congreso fue valuada en 6.200.000 pesos, mientras que los daños en la vía pública se estimaron en 7.500.000 pesos.
Luego, varios manifestantes arrojaron piedras, cascotes y dos bombas molotov a los policías que llegaron al lugar. Les causaron heridas a los agentes Roberto Carlos Avellaneda, Victoria María Carolina Farina Rodríguez, Ayelén Daniela Díaz, María Florencia Giménez, Gustavo Adrián Casado, Alfredo Jesús Gutiérrez y Pamela Anahí Viveros.
Se realizaron peritajes en los despachos del Senado, incluido el de la vicepresidenta Kirchner, que concluyó que “no se detectaron improntas atribuibles a proyectiles disparados por arma de fuego” y que “no se hallaron elementos de índole balístico (armas de fuego, cartuchos, vainas servidas, proyectiles, etc.)”.
