Validan sanción a empresa telefónica por trato indigno a un consumidor

El Tribunal Superior de Justicia de Córdoba revocó la resolución de cámara que había dejado sin efecto la sanción aplicada a la compañía por la Dirección de Defensa al Consumidor

La Sala Contencioso-administrativa del Tribunal Superior de Justicia (TSJ) revocó la resolución de cámara que declaró la nulidad del acto administrativo dictado por la Dirección de Defensa al Consumidor, validando que imponía una multa a la empresa demandada.

La decisión se basaba en la falta de trato digno al consumidor por AMX Argentina SA (Claro) , que no repuso a tiempo el teléfono celular defectuoso, no entregó la funda incluida en la venta y no proporcionó el certificado de garantía solicitado por aquél.

El Alto Cuerpo, conformado por la vocal Aída Lucía Teresa Tarditti y los vocales Domingo Juan Sesin y Luis Enrique Rubio, consideró que los hechos relatados por ambas partes concordaban y no presentaban controversia. No se encontraron vicios en los elementos del acto administrativo cuestionado sino que, por el contrario, se demostró contundentemente la comisión de las infracciones denunciadas y la violación del sistema de protección de los consumidores y usuarios por parte de la empresa demandada.

El fallo destacó que el examen de las pruebas presentadas mostró que las conductas atribuidas a la empresa denunciada constituyen infracciones concretas a los artículos 10, 10 bis, 11 y 14 de la ley 24240, y que la Dirección de Defensa del Consumidor (DDC) verificó correctamente estas infracciones en el acto administrativo cuestionado, el cual no presentó reproches.

Hechos

El TSJ subraya que no existe controversia sobre los hechos relatados por el denunciante y la empresa denunciada, los cuales coinciden con la descripción de aquéllos realizada por la DDC en su resolución. Además, la información obtenida mediante el peritaje de los registros informáticos de la empresa infractora respalda estos relatos.

En cuanto a las infracciones a los artículos 10 bis y 11, las pruebas presentadas demuestran que el consumidor tuvo que pasar por un largo y desgastante proceso de reclamos y actuaciones administrativas para hacer valer sus derechos. Los registros informáticos peritados, presentados por la propia empresa, evidencian claramente la injusticia de su comportamiento hacia el consumidor, quien tiene derecho a exigir el cumplimiento forzado del contrato incumplido por el proveedor y a disfrutar de la garantía legal en caso de defectos o vicios que afecten la identidad entre lo ofrecido y lo entregado, o su correcto funcionamiento.

El tribunal concluye que se ha demostrado en el caso que la empresa inicialmente se negó a cambiar el equipo defectuoso, alegando que el defecto era meramente estético. Sólo por medio de quejas telefónicas, presentaciones escritas y la denuncia ante las autoridades administrativas, el cliente logró que la empresa modificara su negativa y considerara el dispositivo como "apto para el cambio", casi cuatro meses después de la compra.

Además, se señala que la empresa continuó incumpliendo y se negó a entregar un dispositivo nuevo, tratando de sustituirlo por otro de una marca diferente que no cumplía con las condiciones que el comprador tenía en cuenta al realizar la operación.

Incluso después de varios meses de la compra y de iniciarse las acciones administrativas por parte del denunciante, la empresa seguía siendo reticente a cumplir lo acordado, justificando su actitud con la excusa de un supuesto "faltante de stock". El tribunal consideró que esta circunstancia no puede atribuirse al consumidor ni atenuar la responsabilidad de la empresa frente a la normativa aplicable.

Funda

Respecto de la funda protectora incluida en la venta, el TSJ destacó que la negativa de la empresa a proporcionarla contradice las pruebas que demuestran que los otros accesorios ofrecidos junto con el dispositivo fueron entregados. La excusa de que la empresa no comercializa accesorios no justifica la negativa a suministrar la funda, y el incumplimiento contractual no se subsana por el hecho de que el consumidor haya recibido compensaciones económicas a cambio de la pieza faltante.

Por último, en relación con la omisión de entrega del documento de venta y del certificado de garantía, el TSJ sostuvo que no hay razón para eximir a la empresa de su cumplimiento. La falta de denuncia del cliente no puede presumir el cumplimiento y la competencia del organismo de protección del consumidor no está limitada por las valoraciones jurídicas del denunciante, ya que su intervención es de oficio, mientras que las valoraciones del consumidor pueden impulsar el trámite.

En conclusión, el fallo valida los actos administrativos cuestionados y revoca la resolución impugnada, rechazando la demanda interpuesta y confirmando la validez de los actos administrativos atacados. Esta decisión se basa en la falta de trato digno al consumidor demostrada por la empresa demandada, que incumplió sus obligaciones contractuales y violó los derechos reconocidos por la ley de protección de los consumidores.

Finalmente, el tribunal destaca la persistencia y los esfuerzos del consumidor para hacer valer sus derechos, así como la falta de justificación de las acciones de la empresa en cuestión.