Validan ejecución de honorarios generados por una mediación

La obligada al pago cuestionaba el certificado de cierre del acta de la instancia obligatoria, alegando que no se dio por falta de acuerdo entre las partes, sino por su inasistencia al no acreditarse que se haya presentada un representante legal de la sociedad demandada

Al observar que del acta de mediación entre las partes se cumplieron todos los requisitos de protocolización, la Cámara 8ª Civil y Comercial de Córdoba confirmó la ejecución de honorarios en contra de Motores Pesados SA, en favor de la mediadora, por su intervención en la audiencia en la cual se certificó que las partes no arribaron a un acuerdo.

El tribunal integrado por los vocales Gabriela Eslava y Héctor Liendo indicó que la empresa apelante sostiene que la jueza equivocadamente consideró que el acta de mediación cumplía con la ley de 10543, siendo que su parte requirente no compareció a la audiencia mediante su representante estatutario o legal, sino que lo hizo por medio de su letrado apoderado, negando así la legitimación sustancial pasiva.

La cámara apuntó que como surge de la documentación, en fecha 4 de junio de 2021 se llevó a cabo en el centro privado “Espacio de Mediación Córdoba” la mediación virtual entre las partes, la que culminó sin acuerdo por decisión mutua.

Constancia

El fallo indicó que se dejó constancia de que en dicha ocasión no intervinieron terceros; que el requerido C. D no manifestó su voluntad de reconvenir y se estableció que el monto a pagar por honorarios a los mediadores sería de $7.944 (cuatro jus), 50% a cargo de cada parte y que el acta de cierre fue posteriormente validada por certificado el 26 de junio de 2021.

Conforme lo reseñado, los vocales coincidieron con la magistrada a quo en cuanto a que el título en que se funda la demanda reclamando honorarios es plenamente válido, ya que luce acorde con las formas impuestas por la Ley de Mediación y Protocolo de Actuación, por lo que trae aparejada su ejecución.

Así, se argumentó que la protocolización del acta de cierre se realiza una vez hayan sido controlados los requisitos de ley, entre ellos “los datos personales de los participantes en el proceso”.

Así, se subrayó que allí se consigna a C. D. como obligado al pago de $7.944 por los honorarios de los mediadores, el título hábil para la ejecución intentada en su contra, por lo que se sostuvo que conforme nuestro ordenamiento, contra dicho título sólo será legítima la defensa de inhabilidad del mismo si ese ataque va apuntado a sus requisitos extrínsecos y no a la relación jurídica sustancial o el hecho o acto jurídico generador de la obligación.

Se remarcó que la doctrina que únicamente puede atacarse por intermedio de la excepción de inhabilidad de título a los requisitos extrínsecos del título, sin que pueda incursionarse en la causa de la obligación que la sustenta; es decir, en la relación jurídica sustancial o el hecho o acto jurídico generador de la obligación de pagar una suma de dinero, y que una solución contraria, no solo importaría confundir los conceptos de título ejecutivo (de neto corte procesal) con la obligación que le da sustento (propia del derecho fondal), sino que terminaría por vaciar de todo contenido a la presunción de legitimidad que el ordenamiento le confiere al primero, así como la razón de ser del juicio ordinario posterior.

Postura

En refuerzo de tal postura, se indicó que en el ámbito nacional se ha dicho que la procedencia de la excepción de inhabilidad de título sólo es viable cuando el interesado cuestione la idoneidad jurídica del documento base del reclamo, ya sea porque dicho instrumento no reúne los requisitos a los que está condicionada su fuerza ejecutiva, o porque el ejecutado o ejecutante carecen de legitimación procesal por no aparecer en el título pero no cuando, a través de esa excepción se pretenda discutir la existencia, legitimidad o falsedad ideológica de la causa.

El fallo señaló que siendo que la queja del apelante se produce respecto de la causa de la obligación y no del título ejecutivo, por cuanto específicamente alega que no es el obligado al pago de los honorarios toda vez que en la audiencia, la parte que la requirió no participó de la misma, haciéndolo únicamente un representante, debiendo reputarse aquella circunstancia como una inasistencia de la requirente a la audiencia, siendo éste el verdadero motivo de cierre de la mediación y no la “falta de acuerdo por decisión de las partes” como se consigna en el título, sumado a que el acta de cierre de mediación presentada reviste de manera válida la calidad de título ejecutivo; consideró que no corresponde hacer lugar al agravio interpuesto, debiendo confirmarse lo resuelto en primera instancia.