ESCUCHAR“Reservada para unos pocos, según criterios de utilidad y necesidad, la vacuna fue puesta al alcance de un grupo selecto que, por parentesco o por amistad, burló los esquemas impuestos a toda la generalidad”.
Bajo esa premisa, la Sala I de Cámara Federal confirmó el procesamiento del ex ministro de Salud, Ginés González García, y de otros ex funcionarios del gobierno de Alberto Fernández por el escándalo del “Vacunatorio VIP”.
La media alcanza a Alejandro Costa, subsecretario de estrategias sanitarias de la Secretaría de Salud de la cartera; a Marcelo Guille, secretario privado de González García, y a Alberto Maceira, director nacional ejecutivo del Hospital Posadas. María Elena Borda, jefa de medicina preventiva del nosocomio, fue desprocesada.
Voluntad
Los jueces Leopoldo Bruglia, Pablo Bertuzzi y Mariano Llorens enfatizaron que los investigados “redireccionaron la voluntad estatal hacia un fin privado, nominalizando el espacio en el que debía regir un anonimato solo guiado por la necesidad de proteger a los más vulnerables”.
“La amistad o la familia imperó por sobre quienes más necesitaban protección frente a una de las mayores pandemias sufridas por la humanidad en los últimos años. De ahí, su responsabilidad penal”, sumaron.
En tanto, subrayaron que aunque algunos invocaron, por ejemplo, que “se había superado ya el primer estrato de prelación para avanzar en la vacunación de los demás ciudadanos”, lo cierto es que el procedimiento, a la época de los hechos, era riguroso. “No sólo aún existía un orden jerarquizado que seguir, sino que además debía observarse un estricto protocolo para acceder a la cobertura. No cualquiera, ni en cualquier momento, podía vacunarse”, estableció la Cámara.
En esa línea, recordó que “ciertos segmentos de la población debían aguardar su llamado” y que quienes sí podían vacunarse antes no recibían dosis “a su discreción”, sino con el turno de rigor, los centros y horarios disponibles.
En ese marco, postuló que “el que unos pocos” hayan recibido “tratamiento exclusivo” cristalizó “una inadmisible torsión de la senda que la ley imponía”.
El tribunal también le ordenó a la jueza María Eugenia Capuchetti profundizar en la responsabilidad de las personas inmunizadas merced a privilegios. En el listado figuran el ex procurador del Tesoro, Carlos Zannini; el diputado Eduardo Valdés; el ex ministro Jorge Taiana; el ex gobernador bonaerense Eduardo Duhalde y el periodista Horacio Verbitsky.
Aclaró que aun cuando por edad hubiesen tenido derecho a la vacunación, la desviación de recursos humanos y materiales para ser inmunizados “en la comodidad de su hogar” o en lugares instalados “para la ocasión” es “la más clara demostración de que lo actuado no estuvo amparado por la legalidad”.
Beneficiarios
Sobre los beneficiarios de lo que calificó como “espurio obrar”, le encomendó a la a quo que enfoque la pesquisa sobre ellos “integrando plenamente el escenario procesal a fin de aventar el peligro de que se exima de respuesta punitiva a quienes deben afrontar las consecuencias de haber disfrutado de provechos ilegales”.
La causa se inició cuando Verbitsky narró en un programa de radio cómo se vacunó, el 18 de febrero de 2021, en el Ministerio de Salud después de un llamado de González García. Se sospecha que lo hizo para adelantarse a una publicación que ya tenía el dato.
En aquel entonces, la vacuna no estaba destinada a la población común y Salud armó un cronograma de personas con “prioridad epidemiológica” para recibir su dosis, a saber: médicos, enfermeros, personas mayores y “personal estratégico”, una terminología gris en la que se encuadró a varios funcionarios.
Alberto Fernández
De inmediato se presentaron denuncias judiciales. Desde México, el ex presidente Alberto Fernández le pidió a la Justicia no indagar. Si bien dijo que lo ocurrido era “lo suficientemente grave” como para “perder” a un ministro, afirmó que no había “tipo penal”.
“Terminemos con la payasada: que los fiscales y jueces hagan lo que deben. No existe un delito por vacunar a alguien que se adelantó en la fila. No se pueden construir delitos graciosamente”, planteó.
Además, aseveró: “Me tuve que dar la vacuna porque los medios argentinos decían que no se podía confiar en la vacuna rusa. Tuve que convocar a la confianza ciudadana. Por el mismo motivo se dieron la vacuna Cristina Kirchner y Axel Kicillof”.
Agregó que el hecho era “reprobable” pero le pidió al Judicial ser “estricto” con la lectura de las listas de vacunados, en alusión a los funcionarios públicos. “Vacunar al ministro de Economía (Martín Guzmán) que tiene que viajar a los países del G7 para conseguir apoyos para la Argentina es algo absolutamente razonable”, arengó.
“Detesto los privilegios”, acotó, y mandó a los fiscales de la Nación a releer el Código Penal. “No sé quién los aprobó ni en qué universidad, pero ya hicieron demasiadas ´sinvergüenzadas´”, espetó.
