ESCUCHAREl ex ministro de Salud Ginéz González García deberá presentarse a declarar en los tribunales federales de Comodoro Py 2002 el 10 de julio, por la presunta comisión de abuso de autoridad y peculado.
Lo resolvió la jueza María Eugenia Capuchetti al hacer lugar al pedido del Ministerio Público Fiscal en la causa conocida como “Vacunatorio VIP”.
El 18 de mayo, los fiscales Eduardo Taiano y Sergio Rodríguez pidieron la indagatoria el ex funcionario.
También reclamaron que sean llamados Alberto Maceira (ex titular del Hospital Posadas), María Elena Borda (ex jefa de Servicio de Medicina Preventiva del nosocomio), Marcelo Guille (el ex secretario privado de González García que realizó llamados para convocar a las personas que se inmunizaron con prioridad a la sede del Ministerio de Salud) y Alejandro Salvador Costa (ex subsecretario de Estrategias Sanitarias).
Maceira está citado para el 29 de este mes y Guille para el 6 de julio.
Resta saber cuándo deberán comparecer Borda y Costa
Los agentes indicaron que todos delinquieron cuando las vacunas dejaron de estar disponibles en el Hospital Posadas” para cumplir con “el objetivo estatal dispuesto para esas dosis”, que comprendía “únicamente la inoculación de personal sanitario” y, eventualmente estratégico.
El caso comenzó a instruirse el 22 de febrero de 2021 por las denuncias del fiscal Guillermo Marijuan y de varios diputados, luego de que el periodista Horacio Verbitsky contó en un programa de radio cómo fue a vacunarse contra el coronavirus al Ministerio de Salud, tras un llamado al ex ministro Ginés González García.
Los fiscales explicaron que Maceira y Borda, que estaba e cargo del vacunatorio de ese hospital, ordenaron el retiro de unas 50 dosis para aplicarlas a personas “elegidas discrecionalmente y por motivos particulares”, que no cumplían con los criterios de prioridad epidemiológicos, infringiendo de esa forma el esquema estipulado en la resolución 2883/2020 y vulnerando derechos con jerarquía constitucional relativos a la salud, a la igualdad y no discriminación.
El dictamen describe los tres hechos que motivaron los reclamos de indagatorias.
En el primero, se imputa el retiro de 10 dosis del Posadas para vacunar a personas que no estaban habilitadas por la legislación vigente. En el segundo, se menciona el retiro de cinco dosis de la Sputnik V y su traslado al domicilio del ex presidente Eduardo Duhalde, donde se vacunó su familia y Carlos Alberto Mao. El tercero comprende la orden de aplicar de forma irregular al menos 35 vacunas.
Las 10 dosis relacionadas al primer hecho fueron retiradas del Posadas y aplicadas a Verbitsky; Seza Manukian; Florencio Aldrey; Lourdes Noya Aldrey; Matilde Noya Aldrey; Dolores Noya Aldrey; Félix Guille; Jorge Taiana; Salomón Schachter y Eduardo Valdes.
En julio de 2021, la jueza María Eugenia Capuchetti decidió archivar parcialmente. Afirmó que en el Código Penal no existe un tipo que criminalice la conducta de un funcionario público que otorgue tratos especiales.
El fiscal Rodríguez, titular de la Procuraduría de Investigaciones Administrativas (PIA), apeló. La Cámara Federal porteña le dio la razón y ordenó reabrir la pesquisa.
“Más allá de que la cantidad de dosis sustraídas que aquí se imputan pueda parecer insignificante, no hay que dejar de tener en cuenta la situación de angustia, temor, impotencia, tristeza y dolor por la que la sociedad atravesaba entonces”, sostuvieron Taiano y Rodríguez su dictamen.
