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“Peligroso sería para el Estado Democrático de Derecho que las autoridades pretendan cercenar mediante la utilización del Derecho Penal a los ciudadanos que desean manifestarse”, enfatizó la fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little. Paralelamente, legisladores opositores exigen que la ministra vaya al Congreso Nacional a precisar los pormenores de la directiva que impartió
“El poder punitivo estatal debe ser entendido como de ultima ratio; esto es, como la última herramienta con la que cuenta ese Estado para solucionar sus conflictos”.
