Usurpaciones en el sur: piden la desestimación de la denuncia de Seguridad y que Frederic brinde explicaciones

[caption id="attachment_201605" align="alignleft" width="89"] Por Pilar Viqueira / pviqueira@comercioyjusticia.info[/caption] “Peligroso sería para el Estado Democrático de Derecho que las autoridades pretendan cercenar mediante la utilización del Derecho Penal a los ciudadanos que desean manifestarse”, enfatizó la fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little. Paralelamente, legisladores opositores exigen que la ministra vaya al Congreso Nacional a precisar los pormenores de la directiva que impartió “El poder punitivo estatal debe ser entendido como de ultima ratio; esto es, como la última herramienta con la que cuenta ese Estado para solucionar sus conflictos”.[privado] Bajo esa premisa, la fiscal federal de Bariloche, Sylvia Little, le solicitó al juez subrogante de esa jurisdicción, Gustavo Zapata, que desestime la denuncia presentada por el titular de la Dirección Nacional de Cooperación Judicial y Ministerios Públicos de la cartera de Seguridad de la Nación, Jonatan Firun, en contra de los ciudadanos que convocaron a una movilización en apoyo a los vecinos de Villa Mascardi, por la violencia imperante en la zona a raíz de usurpación de terrenos por parte del denominado Lof Lafken Winkul Mapu. El viernes de la semana pasada, por orden de su superior, la ministra Sabina Frederic, el funcionario denunció haber tomado conocimiento a través de los medios de comunicación de la organización de una marcha para el sábado 5 que, según expuso, “podría derivar en un enfrentamiento”. En su presentación, Firun consideró que la llamada podría enmarcarse en los tipos penales de amenazas, extorsión, instigación a cometer delitos, asociación ilícita, intimidación pública, apología del crimen y resistencia a la autoridad. Escalada En plena escalada del conflicto en Río Negro por la toma de seis hectáreas del parque nacional Nahuel Huapi, la noticia generó polémica; ello así, ya que la versión de Frederic, quien alegó que el área que comanda no tiene por qué intervenir porque se trata de una cuestión que debería ser atendida por otros resortes del Gobierno, no se condice con las instrucciones que impartió respecto de los habitantes de la zona, quienes vienen reclamando que se tomen medidas, sin éxito. El lunes llegaron las repercusiones y Frederic fue denunciada por encubrimiento, incumplimiento y violación de deberes y abuso de autoridad Según el abogado Alejandro Sarubbi Benítez “existe un plan sistemático” para garantizar la “impunidad de los usurpadores y delincuentes de la zona”, que, según consignó, “apela a la persecución de las personas afectadas”. El letrado alegó también que con la exposición penal que ordenó radicar la ministra buscó “amedrentar a la ciudadanía” y cuestionó que no presentara ninguna denuncia formal por la toma de tierras públicas ni pidiera intervención de la Justicia federal para proteger la propiedad privada y la vida de los pobladores. “Incluso omite selectivamente hacer referencia a lo que en realidad ocurre: usurpaciones masivas”, acotó. Según Sarubbi Benítez, Frederic posee un interés “personal y particular” en criminalizar las protestas de los afectados. Por eso, pidió que se crucen los teléfonos de la ministra y sus funcionarios para saber si actuaron en complicidad con la comunidad mapuche. Vaguedad Ahora, la fiscal Little consideró que no corresponde iniciar un proceso penal en contra de los manifestantes y propició que las actuaciones no avancen, por inexistencia de delito. En tal sentido, apuntó A la vaguedad de la denuncia presentada y a la falta de ratificación por parte del funcionario que la promovió. “No se dan en el caso ninguno de los delitos denunciados”, valoró la agente, y reseñó que lo sucedido se limitó a la invitación a una marcha pacífica que un grupo de ciudadanos decidió llevar a cabo para “reclamar a las autoridades por la inacción estatal en la solución de los graves conflictos que aquejan a la zona de Villa Mascardi”. “Peligroso sería para el Estado Democrático de Derecho que las autoridades pretendan cercenar mediante la utilización del Derecho Penal a los ciudadanos que desean manifestarse”, enfatizó la fiscal. En esa dirección, enfatizó en su dictamen que el ordenamiento criminal no puede usarse para cercenar “nada menos que los derechos que la propia Constitución Nacional resguarda”, como peticionar a las autoridades. “Ante el temor del Ministerio de Seguridad de que pudieran suscitarse, en una marcha futura, la comisión de delitos, es en el ejercicio de sus propias facultades prevencionales que puede, y debe, actuar protegiendo a la ciudadanía en general, de modo tal de evitar que ello ocurra”, resaltó también Little. En tanto, destacó que aunque los organismos de seguridad bien pueden analizar el contenido de las publicaciones de los medios de comunicación en busca de potenciales conflictos, ello no se traduce en que cualquier expresión resulte ilícita; menos aún, cuando tiene el carácter neutral de la invitación a protestar analizada en el expediente. Interpelación Diputados de Juntos por el Cambio ya solicitaron que Frederic, quien en su momento declaró que “la toma de tierras no es un tema de Seguridad”, vaya a la Cámara Alta a dar explicaciones. Hay proyectos al respecto impulsados por Lorena Matzen y Karina Banfi (UCR), Marcela Campagnoli (Coalición Cívica) y Francicso Sánchez (PRO), que incluyen pedidos de interpelación y de juicio político . “Ante el miedo que han vivido esos vecinos, los niveles de violencia y de daños materiales, la ministra no puede denunciar a los que se manifestaron pacíficamente. Es grave en virtud de su cargo. Da la sensación de que estamos en un Estado donde se premia a los violentos”, declaró Matzen, quien estimó que es procedente pedir el juicio político y la renuncia de Frederic. En su iniciativa, cita a la antropóloga para que informe si la denuncia que ordenó presentar se enmarca en las tareas de vigilancia y ciberpatrullaje en las redes sociales que realiza la cartera que encabeza y a fin de que precise si en marco del Aislamiento Social, Preventivo y Obligatorio establecido por el decreto 297/20 y sus respectivas prórrogas “se encuentra suspendido el derecho de libertad de expresión”. El diputado Sánchez ya adelantó que en las próximas horas pedirá el juicio político de Frederic porque “no garantiza ningún derecho constitucional: ni el de la propiedad privada ni el del libre movimiento y circulación”, sino que, en cambio, por omisión, convalida el delito de usurpación y omite encarcelar a personas peligrosas que arrojan objetos contundentes en las rutas, incendian viviendas y amenazan personas. Por lo pronto, Frederic, el jefe de Gabinete Santiago Cafiero y la ministra de Justicia Marcela Losardo ya se comprometieron con la gobernadora de Río Negro, Arabella Carreras, a dialogar con los vecinos de Villa Mascardi, para encontrar “una solución pacífica” al conflicto. Frederic no avanzará con un desalojo. Su apuesta es negociar con la comunidad mapuche para encontrar una salida a una disputa que, si bien lleva tres años, se agravó durante las últimas semanas. La toma de tierras comenzó en 2017, luego de que la representante del Lof Lafken Winkul Betiana Colhuan, de 19 años, aseguró haber recibido un mensaje sobrenatural que le señaló como “sagradas” las tierras en la zona del Lago Mascardi, dentro del Parque Nacional Nahuel Huapi. Por esa razón decidió usurpar el lugar junto a su comunidad. Hasta ese momento, el predio nunca había sido mencionado por ninguna comunidad mapuche como lugar de asentamiento. Tampoco existían reivindicaciones territoriales. Los vecinos del sector, víctimas de constantes ataques, estiman que la legitimidad de la comunidad Lof Lafken Winkul es nula y resaltan que otros grupos no los reconocen como mapuches. “Peligroso sería para el Estado Democrático de Derecho que las autoridades pretendan cercenar mediante la utilización del Derecho Penal a los ciudadanos que desean manifestarse”. (Del dictamen de Sylvia Little, fiscal federal de Bariloche). Sergio Berni “se desmarca” -La tensión política que generó la denuncia del subordinado de Frederic propició que Sergio Berni, titular de la cartera de Seguridad bonaerense, se alejara una vez más de la gestión nacional. -“La toma de tierras no es un tema de seguridad”, planteó, y añadió que “el derecho a la propiedad privada es sagrado”. -Con problemas similares a los de Río Negro dentro de su jurisdicción, el funcionario provincial envió un mensaje y se diferenció de Frederic. -Con ese cometido, informó que durante el fin de semana la policía detuvo a una docena de personas mientras intentaban tomar un terreno. -“La ley es muy clara: la toma de tierras es un delito y como tal tenemos que garantizar a los bonaerenses el pleno derecho a la propiedad privada. Las directivas del gobernador son claras: defender los intereses de los ciudadanos bonaerenses honestos”, insistió.[/privado]

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