ESCUCHAR“Indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Así debe ser la muerte de quienes decidan acogerse a este derecho”, dice el texto delineado por los representantes Ope Pasquet, del Partido Colorado, y Luis Gallo, del Frente Amplio. La Comisión de Salud del Legislativo le dio el visto bueno al texto, que llegaría al recinto en octubre
En mayo pasado, los legisladores uruguayos comenzaron a definir detalles para comenzar la discusión parlamentaria del proyecto de Ley de Eutanasia y Suicidio Asistido; específicamente, el listado de las decenas de organizaciones sociales y expertos en el tema que solicitaron expresar su opinión.
La propuesta original fue presentada en marzo de 2020 por el diputado del Partido Colorado Ope Pasquet, pero no llegó a tratarse debido a la emergencia sanitaria.
Sin embargo, en 2021, el Frente Amplio elevó una nueva iniciativa, con algunas modificaciones al texto de Pasquet.
En el espectro político de Uruguay hay legisladores que están en contra de la práctica. La mayoría pertenece al Partido Nacional, del presidente Lacalle Pou. Es el caso del diputado Rodrigo Goñi. Cuando el proyecto empezó a delinearse, cuatro meses atrás, se reunió con las autoridades del Colegio Médico con el objetivo de que motorizara un pedido formal para posponer el tratamiento del texto.
En esa oportunidad, planteó que las modificaciones al Código de Ética Médica que contiene la norma -por ejemplo, la derogación del artículo que condena la práctica de la eutanasia activa “como la acción u omisión que acelera o causa la muerte de un paciente”- implican un “atropello institucional”. No tuvo éxito: la organización se manifestó abierta a que se analice el proyecto y aclaró que no habría un posicionamiento oficial “ni a favor ni en contra”.
Por su parte, el cardenal y actual arzobispo de Montevideo, Daniel Sturla, dijo que sería “una gran decepción” que la normativa prosperara.
El religioso valoró que es importante discutir qué se entiende por sufrimiento, debido a que el proyecto habla de “sufrimiento intolerable” como requisito para acceder a la práctica.
“Yo he acompañado a morir a personas en paz, hay gente que hasta muere feliz; y también he tenido gente con una salud física perfecta, que goza de todas las comodidades, que es joven y que sin embargo quiere morirse”, argumentó.
Meses antes, en una entrevista con el diario El País, estimó: “No se puede pensar todo en términos políticos: de un lado los buenos y del otro los malos. Yo no creo que sean malos los que proponen la ley de eutanasia pero tampoco se me puede adjudicar maldad por decir que creo que hay que acompañar a las personas para que terminen su vida dignamente, sin sufrimiento pero sin asesinarlas”.
Por lo pronto, colorados y frenteamplistas unieron fuerzas y la iniciativa avanza en el Legislativo: la Comisión de Salud de la Cámara de Representantes le dio el visto bueno. Aunque legisladores del gobernante Partido Nacional y de Cabildo Abierto la rechazaron, se estima que comenzará a debatirse en octubre y que se aprobaría en 2023.
“Indolora, apacible y respetuosa de su dignidad. Así debe ser la muerte de quienes decidan acogerse a este derecho”, dice el texto delineado por Pasquet (colorado) y Luis Gallo (frenteamplista).
Quienes votaron en contra de llevarlo al recinto adujeron que falta tiempo para seguir analizando la propuesta y que se deben destinar más recursos a los cuidados paliativos de los pacientes más vulnerables.
En esa línea se expresó Goñi, del Partido Nacional: criticó el “apuro” por encontrar lo que definió como “una salida fácil, barata, rápida para eliminar a los enfermos más vulnerables”.
No obstante, la diputada colorada Nibia Reisch recordó que la iniciativa lleva más de dos años en discusión y adelantó que en brave irá al plenario de la Cámara de Representantes.
Allí (en diputados), el texto contaría con los votos necesarios para aprobarla y se descuenta que la prueba de fuego será en el Senado, que -si se cumple el cronograma legislativo- lo trataría el año que viene.
El proyecto de ley establece que el fallecimiento por eutanasia será considerado muerte natural y que así se asentará en los certificados de defunción.
Indica que el proceso para acceder a la práctica comenzará cuando la persona presente ante un galeno su petición de asistencia para morir, quien deberá informarle sobre los tratamientos disponibles, incluidos los cuidados paliativos.
En tanto, precisa que cuando el profesional considere que el solicitante padece condiciones de salud “crónicas, incurables e irreversibles” llevará el caso ante un colega. En caso de no haber consenso sobre el diagnóstico, se convocará a un tercer médico.
Según la prepuesta, cumplidos esos pasos el paciente deberá reiterar su voluntad y se deberá anoticiar a las autoridades de salud pública, encargadas de la fiscalización.
La norma incluye la objeción de conciencia para médicos y demás personal sanitario.
El ministro de Salud, Daniel Salinas, se opone a la eutanasia.
En agosto pasado, en una rueda de prensa, dijo: “Estoy más por la vida que por la eutanasia como un camino de salida rápida”.
“Tengo que estudiarlo mejor, en principio estoy como (el fallecido ex presidente, del Frente Amplio) Tabaré Vázquez, estoy por la vida. Creo que tenemos que mejorar mucho los cuidados paliativos”, añadió.
“El cuidado paliativo de por sí implica un compromiso del paciente y del médico, que muchas veces es tácito y muchas veces explícito, en el cual se llega un acuerdo de un bien acompañar el final de la vida”, valoró.
El ministro insistió en que la “gran obligación” del país en este momento es seguir trabajando en cuidados paliativos y destacó que Uruguay es el único Estado de la región con un sistema desarrollado para brindarlos.
En esa línea, detalló que la Dirección de Cuidados Paliativos recorrió los departamentos (provincias) el país en los últimos dos años y acreditó la atención en cada lugar. También juzgo que la complementación entre los sectores público y privado es buena
Salinas enfatizó que la decisión está en manos de los legisladores. “Los parlamentarios, en los cuales nosotros depositamos como ciudadanos la confianza, son los que van a hacer el trabajo”, afirmó.
El presidente Lacalle Pou decidió manifestar su postura al respecto una vez que hable el Parlamento.
Cuidados paliativos
En España, en enero de 2021, luego de que el Congreso de Diputados aprobó la Ley de Eutanasia (en diciembre de 2020) y mientras el país se encaminaba a habilitar la práctica (el Senado lo hizo en junio del año pasado), la necesidad de reforzar los cuidados paliativos también fue citada por los detractores del por entonces proyecto normativo.
Varias entidades de prestadores de salud manifestaron su rechazo a la iniciativa. Los colegios de médicos, odontólogos y farmacéuticos de Madrid emitieron un comunicado en el cual estimaron que era “un grave riesgo para la población” y que ponía en situación de “indefensión” a los profesionales sanitarios.
En concreto, las organizaciones manifestaron que -si hubiera un correcto desarrollo de los cuidados paliativos- la demanda de ayuda para morir sería “mínima o nula”.
“La demanda de eutanasia es mínima o nula cuando el paciente es atendido por un equipo de profesionales experto”, consignaron en la misiva.
Bajo esa premisa, afirmaron que había “ausencia de demanda social” de la eutanasia.
El presidente del Colegio de Médicos de Madrid, Manuel Martínez-Sellés, declaró que la mayoría de los médicos no recibe peticiones de eutanasia sino de mejores cuidados paliativos.
Cuestionó también que la propuesta estableciera -al igual que la iniciativa uruguaya- que los fallecimientos de personas que pidan la práctica se cataloguen como muertes naturales y juzgó que se trata de “un engaño”.
Después de la difusión del comunicado conjunto de los colegiados, Fernando Marín, de la asociación Derecho a Morir Dignamente, opinó que el documento “hacía asunciones” y planteaba “demandas absurdas”.
Marín resaltó: “Claro que las peticiones de eutanasia son minoritarias. Incluso entre quienes se plantean pedirla, la mayoría no lo hace, pero que una ley afecte a pocas personas no es excusa para no aprobarla”.
Acotó que con la regulación de la objeción de conciencia no existía indefensión de los profesionales y recordó que la decisión tenía que tomarse fruto de un acuerdo entre galeno y paciente.
“Aunque hay que respetar el derecho del paciente, a nadie le puede parecer raro que haya médicos que se declaren objetores, teniendo en cuenta que la eutanasia apenas existe en seis países en el mundo”, estimó
En Argentina hay dos marcos regulatorios que habilitan la toma de decisiones al final de la vida: la Ley de Derechos del Paciente en su Relación con los Profesionales e Instituciones de la Salud, aprobada en 2009 y modificada en 2012 (también llamada “ley de muerte digna”), que permite a toda persona opinar sobre el tratamiento que desea o no recibir; y las disposiciones del Código Civil vigente desde 2015, que en sus artículos 59 y 60 norma el consentimiento informado para actos médicos e investigaciones en salud y las directivas médicas anticipadas, respectivamente. La legislación sancionada en 2012 permite a pacientes y familiares limitar los esfuerzos terapéuticos en los casos de una “enfermedad irreversible, incurable o se encuentre en estadio terminal”, pero no contempla la eutanasia ni el suicidio asistido.
Hay dos proyectos en el Congreso Nacional. Uno lo promovió el Frente de Todos (Ley Alfonso) y otro Juntos por el Cambio (Ley de Buena Muerte).
