El ex gobernador de Entre Ríos y, hasta hace horas, embajador en Israel, Sergio Urribarri, fue condenado a ocho años de prisión efectiva e inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos por la comisión de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública y peculado.
Los jueces entrerrianos José María Chemes, Carolina Castagno y Elvio Garzón descartaron los planteos de la defensa y convalidaron la teoría de la Fiscalía en casi todo el recorrido de los hechos, en cinco causas.
A horas de que trascendiera el tenor del fallo, el presidente Alberto Fernández aceptó la renuncia del también empresario como representante argentino ante el gobierno israelita.
A su turno, el Ministerio Público Fiscal (MPF) pidió que Urribarri fuera sancionado con 12 años de prisión e inhabilitación perpetua, mientras que el abogado del encausado reclamó su absolución, sin éxito.
La Justicia entrerriana consideró probado que Urribarri direccionó contrataciones de publicidad del Estado provincial para fines particulares, como favorecer a su cuñado, Juan Pablo Aguilera, quien operaba, según el decisorio, con un esquema de testaferros y de cartelización para quedarse con los fondos de la publicidad en la calle. Aguilera recibió una pena de seis años y seis meses de prisión.
La Justicia también concluyó que el ex mandatario provincial usó el montaje de un parador en Mar del Plata, en 2015, y la difusión de spots durante la Cumbre del Mercosur que se realizó en Paraná durante diciembre de 2014 para promover sus intenciones de suceder a Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia, en 2015.
Además del ex mandatario entrerriano, fueron juzgados sus ex ministros Pedro Báez (Comunicación) y Hugo Marsó (Turismo). Al primero se le impusieron seis años y seis meses de prisión efectiva e inhabilitación perpetua. El segundo fue absuelto.