ESCUCHARHace poco más de un año, en Neuquén, el Juzgado Federal Número 2 procesó y embargó a tres funcionarios de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional del Comahue (UNCo) que integraban el área de Organización de Auditorías Técnicas (OAT), por la comisión de delitos contra la administración pública en la contratación directa de servicios de auditoría para empresas petroleras.
En el caso interviene la fiscal María Cristina Beute, con la colaboración de la Procuraduría de Criminalidad Económica y Lavado de Activos (Procelac).
En marzo de 2023, el sentenciante incriminó a los encartados como coautores de los delitos de negociaciones incompatibles con la función pública, en concurso ideal con incumplimiento de deberes y abuso de autoridad.
Lo hizo luego de que la Sala IV de la Cámara Federal de Casación Penal (CFCP) hiciera lugar al recurso que promovió el Ministerio Público Fiscal (MPF) y revocó la confirmación de sus sobreseimientos por parte de la Cámara Federal de Apelaciones de General Roca.
Los jueces Gustavo Hornos, Javier Carbajo y Mariano Borinsky devolvieron la causa al determinar que la pesquisa estaba incompleta y que el a quo, primero, y la Alzada, luego, le pusieron fin al proceso “mediante una resolución que no abarcó la completa dimensión de los elementos obrantes en la causa”.
Denuncia
La instrucción comenzó a raíz de una denuncia realizada el 15 de septiembre de 2014, por la presunta adjudicación directa e irregular a una empresa subcontratada, que fue beneficiada de forma reiterada con acuerdos para prestar servicios petroleros desde el 2010 al 2013 sin seguir los parámetros legales y principios que guían la contratación del Estado.
De acuerdo con las constancias del caso, la función de la OAT era interactuar con operadoras hidrocarburíferas (OH) en representación de la Facultad de Ingeniería de la UNCo, para ofrecer y coordinar la contratación de los servicios de auditoría requeridos por las OH.
La OAT debía llevar adelante, con recursos propios o mediante la contratación de terceros, la efectiva prestación de los servicios de auditoría, así como facturarlos a las OH y elaborar los informes a ser presentados por la alta casa de estudios ante la Secretaría de Energía de la Nación.
YPF
La Fiscalía detectó que entre diciembre de 2012 y febrero de 2013 fueron adjudicadas a la Facultad de Ingeniería de la UNCo la realización de auditorías para YPF y, en fecha no precisada, también para Petrobras e YPF GAS.
Según se estableció, el monto de ejecución total de los contratos suscriptos entre la facultad y las empresas hidrocarburíferas fue de casi 10 millones de pesos.
Los hechos que la fiscal les imputó a los funcionarios universitarios consistieron en la sistemática elección, en el marco de un convenio marco y en forma directa e irregular, a una determinada empresa para la realización de las auditorías requeridas por las petroleras, existiendo otras elegibles que fueron dejadas de lado.
Sin embargo, en un primer momento la imputación que pesó sobre ellos fue descartada por el Juzgado Federal Número 2 neuquino, que encuadró las contrataciones cuestionadas en el marco de un acuerdo de colaboración y no bajo los principios que regulan la contratación del Estado.
El fallo del a quo fue apelado por la fiscalía y el 30 de agosto de 2022 la Cámara de General Roca lo confirmó y sobreseyó a los tres funcionarios al considerar que los hechos investigados no fueron delitos, pero el MPF recurrió con éxito ante la máxima instancia en lo penal federal.
Ahora, Beute solicitó la elevación a juicio oral de la causa.
En su requerimiento, la fiscal detalló los hechos atribuidos a cada uno de los funcionarios. Con respecto al primero, reseñó que como funcionario público en ejercicio del cargo de Responsable Administrativo OAT -desde agosto de 2010 hasta noviembre de 2012-, de Responsable Técnico y Administrativo -entre diciembre de 2012 y mayo de 2015- y Coordinador de la UNCO ante la Secretaría de Energía de la Nación -entre enero de 2010 y mayo del 2015- adjudicó a la subcontratada, en forma directa e irregular, órdenes de trabajo en una suma aproximada de 4.313.266 pesos.
En cuanto a los dos restantes, quienes ejercían como Coordinador del Grupo OAT y de colaborador del representante Técnico de la UNCO ante la Secretaría de Energía de la Nación -entre agosto de 2011 y diciembre de 2016, respectivamente- los acusó de adjudicar de forma directa e irregular a la empresa subcontratada 3.977.570 pesos, apartándose ambos de los deberes de su cargo y de las normas aplicables para las contrataciones de organismos del Estado.
“La imputación que formula este MPF obedece a la perpetración de un direccionamiento absolutamente discrecional, resultante de la ausencia de un proceso de selección transparente y ajustado a las normas vigentes”, indicó Beute.
