ESCUCHAREl abogado general de la Unión Europea (UE) rechazó los recursos planteados por Polonia y Hungría frente al denominado “mecanismo de condicionalidad”, una herramienta aprobada en diciembre de 2020 para asegurar que los fondos de recuperación no lleguen a países que vulneran el Estado de derecho.
Las conclusiones del letrado no son vinculantes pero muestran el rumbo de lo que previsiblemente falle el Tribunal de Justicia de la UE, cuyas sentencias suelen coincidir con lo que dictaminan los abogados generales.
La decisión definitiva se espera para principios del año que viene y, de seguir la línea actual, le permitirá a Bruselas presionar a Varsovia y Budapest.
El texto de conclusiones, redactado por el español Manuel Campos Sánchez-Bordona, considera que el régimen de condicionalidad fue adoptado por el legislador europeo sobre una base jurídica adecuada y respetando el principio de seguridad jurídica.
Bajo esa premisa, desestimó los argumentos que ambos países del este plantearon en la una audiencia oral celebrada en octubre. Sin éxito, las defensas alegaron que el reglamento no sirve para crear una norma presupuestaria sino que motoriza “un procedimiento de contenido y significado político” y un “mecanismo de evaluación política” que pretende inmiscuirse en sus asuntos internos.
Por el contrario, Sánchez-Bordona estima que es compatible con los tratados de las instituciones de la unión, que buscan reaccionar “contra ciertas violaciones del valor Estado de derecho que incidan en la gestión presupuestaria”.
Además, considera que la creación del mecanismo de condicionalidad es compatible con el artículo 7 del Tratado de la UE, disposición pensada como estrategia disuasoria de último recurso frente a los países que incumplen los valores fundamentales del bloque, como los derechos humanos o el imperio de la ley, y que puede implicar la pérdida de los derechos de voto en el Consejo Europeo.
