ESCUCHAREn el marco de la causa “Cuadernos”, la Cámara Federal ordenó el decomiso anticipado de terrenos de Daniel Muñoz, el ex secretario privado de Néstor Kirchner, en las islas Turks and Caicos.
Antes de morir, Muñoz movió al menos 70 millones de dólares en el exterior con la compra de inmuebles en distintos puntos del mundo.
Con respaldo del fiscal Carlos Stornelli, la Unidad de Información Financiera (UIF), a cargo de Ignacio Yacobucci, querellante en la causa, reclamó el decomiso anticipado.
Testaferro
En su momento, el juez Julián Ercolini rechazó el planteo. Dijo que no podía tenerse como dueño de los predios al mexicano Isaac Esparza, testaferro de Carlos Gellert, primo de Carolina Pochetti, la viuda de Muñoz.
Esparza fue detenido y extraditado a Argentina. Tenía una deuda de juego con su “clientes” y firmó documentos. Una vez en el país quedó procesado por lavado.
Ercolini dijo que en las islas hay un administrador de un fideicomiso con derechos reales como garantía contra un préstamo y consideró que el presunto titular de los bienes continúa prófugo. Por eso, entendió que había impedimentos para avanzar con el decomiso pretendido, pese al procesamiento firme del mexicano.
Los camaristas Leopoldo Bruglia y Pablo Bertuzzi decidieron avanzar con el decomiso. Hace cuatro años, estimaron que había elementos probatorios que permitían considerar que las parcelas en cuestión fueron adquiridas por Muñoz “mediante interpósitas personas con caudales de origen ilícito”.
En ese marco, postularon que aun siguiendo la hipótesis del juez instructor en referencia a la posible titularidad que se le atribuye a una persona prófuga (Sean Lawrence Sullivan, con orden de captura internacional vigente desde febrero de 2019), lo cierto es que esa condición también está prevista entre las causales que habilitan la procedencia del decomiso definitivo en forma anticipada.
Tras señalar que ni el mexicano ni la viuda de Muñoz objetaron el pedido, subrayaron: “Esta especial situación debe ser atendida en este caso concreto, más aún cuando -tal como lo describen como gravamen los letrados de la querella encabezada por la UIF- es el propio magistrado quien se opone a la aplicación del instituto”.
“Respecto al presunto derecho de garantía que detentaría una persona denominada Charles Vavrus sobre los terrenos aquí implicados, coincidimos con la vindicta pública en cuanto a que: 1) no se halla fehacientemente corroborada su existencia y vigencia; y 2) no hay constancia alguna de que el nombrado impugnara las órdenes de restricción impartidas por las autoridades del territorio donde se hallan emplazadas las propiedades en litigio”, aclararon.
La decisión puede generar un antecedente para el caso “Cuadernos” y otras actuaciones por corrupción.
La semana pasada, el Tribunal Oral Federal 7 (TOF7) envió a juicio a Cristina Fernández de Kirchner, a ex funcionarios de sus gobiernos y a decenas de empresarios. Se sentarán en el banquillo, en principio, en un año; concretamente, a partir del 6 de noviembre de 2025.
Entre los 174 acusados figuran los encausados por el dinero que lavó Muñoz.
La causa por el dinero que manejó el ex secretario de Néstor Kichner se abrió en 2013, pero la pesquisa por los cuadernos le dio impulso.
Fiscal
En marzo, la fiscal Fabiana León, a cargo de la acusación en el juicio, le restó importancia a las objeciones de los arrepentidos que dijeron haber declarado bajo presión del fallecido juez Claudio Bonadio para no quedar detenidos.
León hizo hincapié en los dichos del empresario Mario Ludovico Rovella, quien antes de presentarse a indagatoria dejó por escrito en una escribanía que iba a reconocer hechos que le eran ajenos por temor a quedar preso.
León sostuvo que a nivel probatorio o procesal es intrascendente el depósito de un documento ante escribano; ello así, porque además de solo certificar una fecha y una acción, nada dice ni prueba sobre una supuesta “coacción psicológica”.
Bajo esa premisa, descartó la concurrencia de algún medio o signo ilícito de imposición u obligación a declarar de una determinada manera, con independencia de si consistió o no en un reconocimiento.
“No constan -más allá de su subjetiva percepción- hechos concretos o específicos que denoten que se haya defendido -como dice- bajo ‘tormentos’, o incluso mediando una imposición”, señaló en el dictamen que presentó ante el TOF7.
“No existió lesión alguna al derecho de defensa en juicio y ello se plasma en su propio acto de defensa material”, añadió al rechazar los planteos de Rovella, al que se adhirieron tres empresarios más.
Ratardo
Luego, en junio, a seis años del inicio de la instrucción por la supuesta asociación ilícita que cobraba coimas a empresarios, con la ex presidenta como cabecilla, León denunció al TOF7 por retardo de justicia.
Hizo su planteo, en queja, ante la Cámara Federal de Casación Penal, para que exhortara a los juece Enrique Martínez Signori, Fernando Canero y Germán Castelli a obrar con celeridad.
“El análisis de los hechos invocados obliga a vuestra Alzada a ingresar en los argumentos de esta incidencia, a efectos no sólo de promover una decisión judicial pendiente, sino también para exhortar el adecuado cauce legal de estas actuaciones, por tratarse de un asunto de singular gravedad”, afirmó la agente federal.
Sumó que su reclamo debió obtener respuesta “mucho antes” de llegar a lo que definió como una “evitable y desagradable confrontación”, y sumó: “La dilación, que no solamente yo califico de injustificada, no responde más que a una forma de dirección del proceso que es responsabilidad -y no privilegio- de los jueces”.
León cerró aseverando que las consecuencias de la falta de celeridad impactan “en la imagen misma del Poder Judicial” y que conducen a provocar “perjuicios irreparables para las partes, las pruebas y los intereses generales de la sociedad”.
Protección de testigos
Un planteo similar hizo meses antes Oscar Centeno, el remisero que, en sus cuadernos, registró los movimientos de la asociación ilícita y lleva largos años en el Programa Nacional de Protección a Testigos e Imputados del Ministerio de Justicia de la Nación.
El defensor oficial Sergio Steizel cuestionó la falta de certeza respecto a la fecha del inicio del debate y afirmó que en ese marco se demostrará la inocencia de su asistido.
