ESCUCHARSe trata de Jorge Alberto Juárez (48), quien trabajaba como guardia del Tribunal Oral Federal 2. La víctima era su pareja, Mirian Beatriz Farías (45). En Córdoba, 26% de los femicidios de 2021 fue perpetrado por agentes de las fuerzas de seguridad.
Este miércoles 15, en la Cámara 12ª del Crimen de Córdoba comienza el juicio oral por el femicidio de Miriam Beatriz Farías (45), quien se encontraba en un vínculo de pareja con el imputado, Jorge Alberto Juárez, agente de seguridad en el Tribunal Oral Federal 2 (TOF2) de la ciudad de Córdoba.
De acuerdo con lo determinado en la etapa de instrucción, el 14 de febrero de 2021, en la ciudad de Saldán, Juárez atacó a su pareja y le provocó quemaduras en 40% de su cuerpo que le afectaron sus vías respiratorias. Permaneció internada en grave estado y falleció en el Instituto del Quemado el jueves 18 de febrero. Era madre de dos hijos, de 20 y 25 años.
Juárez llega a juicio imputado por homicidio agravado por el vínculo. En caso de ser hallado culpable, recibirá la pena máxima establecida para este tipo de delitos, según el artículo 80 del Código Penal: prisión perpetua.
Violencias de género en fuerzas de seguridad
En 2021 -año cuando fue asesinada Farías-, los femicidios cometidos por fuerzas de seguridad representan 26% del total. La cifra resulta significativa al considerar que la media nacional ronda 10%, de acuerdo con el registro de femicidios que lleva adelante la organización Mumalá. Al menos dos de las víctimas también trabajaban en la fuerza.
El año pasado se registraron al menos cuatro femicidios perpetrados por fuerzas de seguridad; tres de ellos cometidos por policías y uno por un integrante de la Fuerza Aérea Argentina (FAA).
El 11 de febrero de 2021, el vicecomodoro (ahora retirado) de la Fuerza Aérea, de Córdoba, Javier Galván, asesinó a Ivana Módica. El 11 de noviembre pasado, el oficial superior de la FAA fue condenado, por unanimidad, por un jurado popular integrado por 10 personas, a la pena máxima establecida por el CP: prisión perpetua. En su veredicto, el jurado entendió que el hombre (45) era culpable del delito de “homicidio doblemente calificado por el vínculo y por violencia de género”.
El 4 de octubre de 2021, en la pequeña localidad de Silvio Pellico, el policía Ezequiel Seia (35) atacó a quien era su pareja, Romina Depetris (24), madre de dos menores. El femicida prestaba servicios en la comisaría de La Playosa, un pueblo de la misma zona. Después del crimen, se suicidó con el arma reglamentaria.
Unos días después, el 10 de octubre, en la ciudad de Alta Gracia, el policía Carlos Suárez asesinó con un disparo a su pareja Carolina Figueroa (36), también miembro de la policía. También se suicidio con posterioridad.
Protocolos en foco
El juicio que se inicia hoy en Tribunales II vuelve a poner el foco la prevención y erradicación de las violencias en la institución. Si bien la Policía de la Provincia de Córdoba cuenta con un protocolo de actuación interna para el abordaje de casos de violencia de género, en ocasiones las medidas resultan insuficientes.
Entre estas acciones ante una denuncia por violencia de género, tanto la denunciante como el denunciado son pasados a tareas no operativas (TNO) y se les quita el arma reglamentaria hasta tanto se resuelvan las las medidas cautelares.
El punto que se modificó recientemente es el que definía que durante ese tiempo tanto víctima como victimario ya no podían hacer tareas adicionales, lo que dejaba a las víctimas en una situación de mayor vulnerabilidad y desalentaba la denuncia.
A partir de las modificaciones implementadas, la activación del protocolo se realiza luego de que la situación es analizada por una comisión examinadora que determina el grado de riesgo que sufre la denunciante y si se trata de un caso de violencia de género o de un tema a resolver en tribunales de Familia, como lo es el incumplimiento de cuota alimentaria.
