La falta de independencia de la justicia argentina se agravó en los últimos años. Un estudio destaca que la ausencia de información estadística impide anticiparse a los problemas y que el estamento avance con reformas. Las críticas incluyen al funcionamiento del Consejo de la Magistratura
Por Silvina Bazterrechea – sbazterrechea@comercioyjusticia.info
La situación de debilidad del Poder Judicial o su falta de independencia (que no siempre son lo mismo) no sólo sigue siendo un problema importante en América Latina sino que, en cierto modo, se ha agravado. Así lo demuestra un estudio de carácter regional realizado por el Centro de Estudios de Justicia de las Américas (CEJA) que incluyó a nuestro país y que derivó en la publicación del libro Gobierno Judicial: Independencia y fortalecimiento del Poder Judicial en América Latina.
Si bien el informe reconoce que el escenario de debilidad de la Justicia no es el mismo que se conoció durante las dictaduras, y que actualmente se ha producido un fenómeno de mayor intervención de los jueces en decisiones de control del poder político, la situación está lejos de estar a la altura de las circunstancias.
El estudio reflexiona sobre si, además del valor personal del juez y el sentido de su función, está preparada la institucionalidad del Poder Judicial para fortalecer y ayudar a la independencia judicial. En ese contexto se llama a pensar la independencia de los jueces como un problema político y no de ética judicial.
Estancados
Javier Mokritzky, autor del capítulo referido a nuestro país, asegura que habiendo pasado ya más de 30 años del regreso de la democracia, más de 20 años de la reforma constitucional que creó el Consejo de la Magistratura y casi 20 años desde que empezó a funcionar, “la evolución del ejercicio de las funciones del Gobierno Judicial se encuentra claramente estancada”.
Entre los problemas detectados, se advierte de que el Poder Judicial no tiene una actitud proactiva que permita anticiparse a los problemas y actuar en consecuencia generando reformas internas continuas. “En el fondo lo que siempre se busca es que el ente de gobierno del Poder Judicial sea más o menos afín a los intereses que se ciernen a su alrededor”, remarca el estudio.
Mokritzky recuerda, en tal sentido, que los distintos proyectos de reforma de las estructuras y procesos del sistema judicial han históricamente sido iniciativas impulsadas por actores e intereses ajenos al fuero interno de la Justicia.
Transparencia
El estudio cuestiona la falta de un sistema estandarizado y coherente de recolección de datos sobre el funcionamiento del Poder Judicial y lo atribuye a que no existe un verdadero interés en averiguar cómo funciona la justicia ni hay una cultura del “automejoramiento”.
“Si el gobierno del Poder Judicial no logra superar la resistencia interna de establecer parámetros o estándares de desempeño para el desarrollo de la función judicial, tanto cuantitativos como cualitativos, nunca va a poder realizar una evaluación apropiada del funcionamiento del sistema”, remarca el autor del estudio.
Y agrega: “ la ausencia del avance de estos elementos hace imposible que el Poder Judicial incursione en funciones elevadas de gobierno propias de repúblicas democráticas más evolucionadas. Concretamente, lo que se refiere a la implementación de políticas públicas trabajando en conjunto con los demás poderes del Estado y la participación ciudadana en el funcionamiento interno de la Justicia, permitiendo receptar los intereses de la población”.
Siguiendo ese razonamiento y en tono muy crítico, Mokritzky considera “curiosa, por no decir sospechosa, la intención de uno de los tres poderes de la Nación de continuar trabajando sin información precisa de su propio funcionamiento. Esta aparente voluntad de tomar decisiones sin información suficiente, tanto a la hora de adoptar medidas como de evaluar su éxito o fracaso, y aceptar una incapacidad de anticipar problemas futuros parecería indicar que en la estructura del gobierno judicial se estaría conforme con actuar a ciegas o, tal vez, se persiguen intereses que poco o nada tienen que ver con aquellos que hacen a la función judicial”.
Sobre la destitución de jueces
Respecto de la tarea que desempeña el Consejo de la Magistratura en lo que se refiere a su jurado de enjuiciamiento se plantea como un problema que éste sólo opere de forma “exclusivamente incidental”, tratando denuncias y no evaluando el desempeño de los jueces de modo habitual para poder corregir situaciones antes de que demanden la necesidad de un juicio político y la eventual remoción del magistrado.
Sobre la administración
La investigación también cuestiona la metodología utilizada para aprobar medidas presupuestarias y reglamentarias que, a juicio del autor, “se restringen a aceptar los pedidos realizados por las respectivas comisiones” lo que demuestra que no existe un “planeamiento estratégico que pueda llegar a desembocar en un análisis de costo/beneficio o de éxito/fracaso de las decisiones tomadas”.
Solución
Para revertir el panorama, se plantea la necesidad de crear estándares de desempeño para la función judicial, tanto en cantidad como en calidad, para poder hacer hincapié en una mejora eficiente del sistema judicial.
“ Estas dos cuestiones requieren, necesariamente, un organismo de Gobierno Judicial capacitado y sobre todo interesado en llevar adelante estos cambios, ya que es fundamental que provengan desde dentro del Poder Judicial (aunque de ninguna manera de forma exclusiva) para así generar en el operador judicial un compromiso con la mejora del sistema”, concluye el informe.
El informe completo en: http://inecip.org/documentos/gobierno-judicial-independencia-y-fortalecimiento-del-poder-judicial-en-america-latina/