ESCUCHARUn interno que cumple condena en el penal de Villa Devoto podrá trabajar para una empresa privada desde la unidad carcelaria. Cumplirá tareas en relación de dependencia para una firma editorial que provee herramientas jurídicas a abogados y entidades públicas y privadas vinculadas con la actividad judicial.
Fue autorizado por la titular del Juzgado Nacional de Ejecución Penal Número 5, María Jimena Monsalve, quien admitió un pedido formulado por la Unidad de Letrados Móviles Número 2, a cargo de Federico D’Ottavio.
Ofrecimiento laboral
A su turno, la defensa pública calificó el ofrecimiento laboral que recibió su asistido como “un caso sumamente excepcional”, en el que “un actor privado pretende colaborar con el proceso de reinserción social de un detenido, brindándole una herramienta fundamental como lo es un trabajo remunerado”. Asimismo, destacó la necesidad de arbitrar los medios para no frustrar la posibilidad de inclusión laboral intramuros del interno.
Ahora, en función del tenor del decisorio de la magistrada, el Servicio Penitenciario Federal (SPF) deberá suministrarle al condenado una conexión a internet estable y, además, coordinar con el personal de la empresa que lo contrató la entrega de una computadora y de un teléfono fijo para que pueda realizar las tareas laborales que le indique.
El condenado cumplirá tareas en relación de dependencia para una firma editorial que provee herramientas jurídicas a abogados y entidades públicas y privadas vinculadas con la actividad judicial.
La jueza también ordenó que las autoridades del penal habiliten un día para que el detenido reciba la capacitación necesaria.
En su fallo, Monsalve dispuso además que el SPF le brinde un espacio adecuado dentro de la unidad carcelaria para que pueda montar una oficina.
Luego del pedido formulado por la defensa oficial del detenido, la Unidad Fiscal de Ejecución Penal que interviene en el caso pidió que el director del Complejo Penitenciario Federal de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires (más conocido como la cárcel de Devoto) informara sobre la posibilidad de habilitar el espacio y las herramientas solicitados para la realización de las tareas.
Sin embargo, Monsalve desestimó esa solicitud para, según alegó, no demorar innecesariamente la cuestión debatida y, principalmente, garantizar el derecho de acceso al trabajo.
Asimismo, la magistrada le dio intervención a la interventora del SPF, María Laura Garrigós, para que le dé cumplimiento a su disposición e informe sobre las gestiones realizadas a fin de concretar las medidas que dispuso en su sentencia.
Reglas Mandela
En su decisorio, la jueza citó las Reglas Mínimas de Naciones Unidas para el Tratamiento de Reclusos -conocidas como “Reglas Mandela”- que, con respecto al trabajo de los detenidos, entre otras aspectos, señalan que la organización y los métodos de trabajo penitenciario deberán asemejarse lo más posible a los que se aplican fuera del establecimiento, con el objetivo de preparar a los reclusos para las condiciones normales del trabajo libre.
La defensa calificó el ofrecimiento laboral que recibió el recluso como “un caso sumamente excepcional”, en el que “un actor privado pretende colaborar con el proceso de reinserción social”.
Entre otros argumentos, Monsalve destacó el bajo porcentaje de acceso al empleo que reportó el año pasado el Sistema Nacional de Estadísticas de Ejecución Penal del año 2020.
En ese sentido, consignó que 47% de las personas privadas de libertad no tenía ni oficio ni profesión al momento de su ingreso a la cárcel.
Además, que actualmente 64% no accede a trabajo remunerado y que 89% no participó de algún programa de capacitación laboral.
