Un docente de la UNC quedó cerca de ir a juicio por abusar de su función

Al titular de la cátedra de Microbiología e Inmunología de la Facultad de Odontología se le enrostra cobrar dinero a estudiantes mediante la fachada de un curso de apoyo y amenazar con aplazos. El MPF también pidió que vaya a debate la decana, por incumplimiento de deberes

El Ministerio Público Fiscal (MPF) solicitó la elevación a juicio de la causa seguida en contra del titular de una cátedra de la Facultad de Odontología de la Universidad Nacional de Córdoba (UNC) , acusado de extorsionar a sus alumnos para que realizaran pagos a modo de “apoyo” académico para aprobar la materia que dictaba.

También pidió que vayan a debate las dos personas que administraban la institución privada donde se dictaba el contenido que el encausado luego tomaba en sus exámenes, y la decana de la facultad, por incumplimiento de deberes de funcionario público.

El requerimiento lo formularon Maximiliano Hairabedian (interinamente a cargo de la Fiscalía Federal Número 3 de Córdoba) y el auxiliar fiscal Maximiliano Aramayo.

Década de 90

Desde una fecha indeterminada en la década del 90 hasta la actualidad, Luis Olmedo, primero como docente y desde abril de 2004 en su calidad de titular de Microbiología e Inmunología de Odontología, abusó de su función mediante distintas acciones.

Ideó un sistema extorsivo por el cual los alumnos de su cátedra se veían obligados a hacerle entregas de dinero a Adrián Casalis, primero, y a Augusto Massimino, después, para aprobar los exámenes de la materia, exigencia que era cubierta por la fachada de un curso.

De acuerdo con la pesquisa, si no accedían, los alumnos se exponían a ser aplazados.

La intimidación, según Hairabedián y Aramayo, era ejercida principalmente por Olmedo mediante aplazos sistemáticos, masivos o reiterados a quienes no pagaban la academia o filtraban información del sistema que había diseñado; ejercicio despótico del cargo y maltrato y aprovechamiento de la asimetría existente entre su posición de poder respecto a la vulnerabilidad de los alumnos.

La pieza acusatoria señala que hubo casos en que la resistencia al pago del dinero exigido frustró la vocación de varios alumnos, quienes se vieron obligados a abandonar la carrera de Odontología en la UNC.

Los representantes del MPF explicaron que el hombre infundía un temor generalizado entre el alumnado, que se fue consolidando con el paso del tiempo y resultó efectivo para doblegar su voluntad.

Precisaron que entre 2000 y 2016, la pseudoacademia a cargo de Casalis funcionó bajo el nombre de Apoyo Odontológico Córdoba (AOC) y que allí el contenido de las clases era brindado por aquél, quien no era profesional, tenía conocimientos limitados y se reducía a darles a los alumnos el material que luego Olmedo les tomaba en los exámenes.

Los agentes detallaron que por abonar el supuesto curso se les entregaba a los alumnos un “apunte” con recaudos para evitar que fuera compartido: se imprimía en hojas oscuras para que no pudiera ser fotocopiado, se numeraba cada copia para identificar a qué alumno pertenecía el ejemplar e, incluso, se amenazaba a los estudiantes con que podrían enviar personas a golpearlos o no aprobar nunca más.

Seis veces

Ése fue el caso de uno de los denunciantes, a quien Olmedo habría aplazado seis veces como represalia por haberle prestado el material a un compañero.

En el requerimiento de elevación a juicio se resalta que Casalis era el encargado de impartir las clases, en las que no brindaba ningún tipo de enseñanza profunda y se limitaba a leer los apuntes y señalar los temas que se evaluarían.

La fiscalía también acusa a Mirta Spadiliero de Lutri, decana de Odontología, por no haber cumplido con su obligación de denunciar delitos conocidos en ejercicio de la función o de promover actuaciones administrativas disciplinarias.

Él les indicaba a los jóvenes qué debían subrayar en función de lo que luego Olmedo examinaría; les hacía corregir a mano el texto, que estaba mal redactado adrede para que, en caso de ser compartido, quien lo estudiara fuera descubierto y aplazado, y les decía que en una determinada bolilla incluyeran de memoria una frase del apunte para que Olmedo confirmara que habían concurrido a su academia.

También alertaba a los alumnos para que no se presentaran a rendir si la facultad había ordenado incorporar veedores en las mesas.

Según Hairabedian y Aramayo, para lograr su cometido Olmedo incumplía el deber de evaluar de acuerdo con el programa, porque “aquellos que no habían concurrido a la academia corrían un alto riesgo de ser aplazados de manera sistemática y arbitraria”, quedando expuestos a preguntas que no correspondían al programa o eran formuladas de manera inentendible y a contenidos que no figuraban en el listado de libros de estudio.

Entre 2015 y 2016, Olmedo y Casalis se distanciaron y la “pantalla” de la academia se mudó al barrio Nueva Córdoba. En esa instancia, Massimino se hizo cargo de las maniobras hasta septiembre de 2020, con el mismo esquema.

Obligación de denunciar

Hairabedian y Aramayo también acusaron a Mirta Spadiliero de Lutri, decana de la Facultad de Odontología de la UNC, por no haber cumplido con su obligación de denunciar delitos conocidos en ejercicio de la función, o de promover actuaciones administrativas disciplinarias.

Para la fiscalía, los actos señalados a Olmedo no sólo eran de público conocimiento en la facultad sino que además le habían sido comunicados a la institución en más de una oportunidad, pese a lo cual y sabiendo que Olmedo podía estar involucrado en maniobras de exigencias dinerarias para aprobar su materia, la decana intencionalmente evitó informarle los hechos a la autoridad competente u ordenar una investigación interna.

Según el tenor del requerimiento, durante el tiempo en que ocurrieron los hechos Spadiliero de Lutri “intencional e ilegalmente” incumplió el deber de iniciar una información sumaria o sumario administrativo al titular por sus presuntas inconductas, que incluyen “un historial de maltrato a alumnos y docentes y discriminación a mujeres”.