ESCUCHAR“Los abogados deberían aspirar a que los fondos con los que su cliente remunera su tarea sean lícitos”, destacó el organismo
La Unidad de Información Financiera (UIF) defendió su potestad para pedir información sobre el origen del dinero o bienes relacionados con el pago de honorarios en causas donde se investigan delitos graves, como corrupción, narcotráfico o trata de personas. De esta manera, se rechazó la postura del Colegio Público de la Ciudad de Buenos Aires que argumentó que dicho requerimiento violaba el secreto profesional.
“Los abogados deberían aspirar a que los fondos con los que su cliente remunera su tarea, sean legítimos y no ampararse en una garantía legal para obtener de su cliente parte del producido del ilícito”, destacó la UIF.
Y agregó: “Los requerimientos de información de la UIF no importan en modo alguno un ataque hacia los abogados, ni afectan el libre y digno ejercicio profesional”.
De la misma manera, el organismo rechazó las acusaciones sobre las implicancias y consecuencias de los requerimientos de información sobre el origen de los fondos con los que se solventan los honorarios profesionales, especialmente frente al secreto profesional, el principio de inocencia y el derecho de defensa en juicio.
“Por el contrario, los mismos contribuyen a fortalecer al estado de derecho, cuidando la integridad del orden económico y financiero, bien jurídico tutelado por los delitos de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo”, defendió la UIF. Además, advirtió que el secreto profesional no se dirige a proteger la modalidad de contratación, ni al pago de honorarios profesionales.
Responsables del organismo antilavado consideraron: “Bajo el amparo del secreto profesional, no se puede obstruir el envío de información para el análisis de operaciones que puedan importar la contratación de servicios con dinero o bienes de origen ilícito”.
“El secreto que custodia las confidencias del cliente, las estrategias de defensa o demás información relacionada con el mandato legal, no se vincula con el contrato profesional cuyo pago debe ser afrontado con dinero de origen lícito. No puede amparar el pacto entre cliente y abogado para usar fondos ilícitos o sospechados de tales”, se destacó en un comunicado difundido por la UIF.
Por último, el organismo ratificó su incumbencia para cuestionar los honorarios profesionales y esgrimieron que una de las misiones es “analizar maniobras sospechosas” que importen adquisición de bienes o contratación de servicios y que pretendan introducir de ese modo en el mercado económico financiero formal dinero de origen presuntamente ilícito.
La polémica comenzó cuando la UIF requirió a más de 36 letrados información y datos s sobre el origen del dinero o bienes relacionados con el pago de honorarios en causas donde se investigan delitos graves, como corrupción, narcotráfico o trata de personas. El organismo solicitó la fecha, forma de pago y nombre de la persona que abonó.
La mayoría de los profesionales contestaron la notificación con los datos requeridos, pero algunos se opusieron argumentando que se trataba de una violación al secreto profesional.
