En lo que seguramente podría convertirse en un modelo a imitar por el resto de las provincias argentinas, la Corte Suprema de Justicia de Tucumán habilitó el sistema de videoconferencias a distancia que podrán, a partir de ahora, utilizar los defensores oficiales que presten servicio en esa provincia del noroeste del país y las personas privadas de su libertad.
La decisión fue adoptada por el máximo tribunal tucumano a través de una acordada firmada el pasado 23 de diciembre último y se enmarca en un plan de modernización cuyo objetivo busca mejorar la administración de justicia.
Según destaca el acuerdo 1117 firmado por los vocales Antonio Gandur, Antonio Estofán y Claudia Sbdar, el objetivo de la medida es agilizar el trabajo entre las partes (abogados y reclusos) y evitar los traslados de los presos desde los lugares de detención hasta los tribunales.
Instrumentación
El Alto Cuerpo tucumano dispuso que las videoconferencias tendrán una duración de 25 minutos y los pedidos deberán ser solicitados por los secretarios de cada Defensoría Púbica penal cada 15 días, la que deberá presentar un listado con los detenidos con los cuales quiera comunicarse.
El máximo tribunal consideró que el “nuevo sistema posibilitará disminuir el número de traslados y comparendos de procesados, permitiendo desempeñar más eficientemente la función de institutos penales y ahorrando los costos que insumen dichos traslados”.
Y agrega que tanto el Poder Judicial como institutos penales cuentan con la tecnología necesaria para aplicar la comunicación remota por videoconferencia, “habiéndose ya ejecutado exitosamente una prueba piloto”.
La implementación del sistema será coordinado entre la dirección de asuntos judiciales y la de sistemas.