ESCUCHARLa Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX) recibió entre 2021 y 2024 un total de 5.776 denuncias a través de la Línea 145, 321 de ellas con referencia a personas víctimas con discapacidad o con alguna situación de salud mental y/o que conviven o son familiares de discapacitados.
Los datos surgen de un nuevo informe elaborado por la procuraduría, que analizó también sentencias condenatorias dictadas entre el 1° de noviembre de 2021 y el 1° de noviembre de 2024.
Indicó que, de las 321 denuncias recibidas, 300 corresponden a víctimas con discapacidad o problemas de salud mental y que las otras 21 están relacionadas con convivientes o familiares.
Detalló que las 300 denuncias que mencionan a personas con discapacidad o en situación de salud mental involucraron a un total de 319 víctimas.
La clasificación sobre género registró que 216 son mujeres (68%), 74 hombres (23%) y 2 trans (1%). En tanto, precisó que en 27 casos (8%) no se registró información al respecto.
El relevamiento de la PROTEX apuntó al fenómeno de la “discriminación múltiple o interseccional” y advirtió que las mujeres con discapacidad víctimas de trata sufren múltiples discriminaciones, lo que las coloca en una situación de mayor vulnerabilidad.
Paradoja
Otro dato que consignó es la posible vinculación entre los damnificados y sus presuntos victimarios. Expuso que hay una “paradoja” que radica en que, en algunos casos, quienes deberían ser responsables del bienestar físico y psíquico de personas con dificultades, como familiares o cuidadores, son los que aparecen denunciados por vulnerar sus derechos humanos.
El análisis determinó que, de las 319 personas con discapacidad, 50 eran víctimas en su propio entorno familiar; 46 estaban en una relación de pareja y 114 registraron vínculos con “otros”, lo que puede incluir terceras personas o instituciones, como en el caso de una denuncia vinculada a sucesos en un geriátrico. En el resto de los casos no hay información del vínculo con el victimario.
Otro punto que resaltó es que la mayoría de las víctimas en los casos analizados son adultas. Además, identificó que 24 eran adolescentes (7%) y 18 eran niños (6%). En 37 casos no hay información sobre la edad.
Acceso
En este contexto, el documento alertó que la menor cantidad de denuncias relacionadas con niños, niñas y adolescentes no necesariamente indica una menor prevalencia de casos, sino que más bien podría reflejar las mayores dificultades de acceso a la justicia que enfrentan, lo que dificulta que sus situaciones lleguen a conocimiento de las autoridades; especialmente, si las violaciones a sus derechos son cometidas por quienes tienen a su cargo el deber de protegerlos.
Otro aspecto relevante que el estudio consideró son los distintos tipos de discapacidad de las víctimas de trata. Puntualizó que 192 conviven con una discapacidad “mental/psicosocial” (60%).
Sentencias
Durante el período analizado se recopilaron 114 sentencias de tribunales federales por el delito de trata, de las cuales 90 registraron veredicto condenatorio, 18 absolutorio y seis conciliatorias.
A diferencia del informe de 2021 -en el cual solo en un fallo se aplicó el agravante del inciso 3 del artículo 145 ter del Código Penal,-, en este período se identificaron cinco antecedentes jurisprudenciales en los cuales los tribunales valoraron la identidad de la víctima con discapacidad a los fines de establecer la calificación legal.
El documento resalta que la omisión de aplicar el agravante en la condena, así como no haber realizado ajustes a favor de las personas con discapacidad, repercute de forma en la obligación legal internacional de reparar a las víctimas del delito.
Finalmente, postuló que si bien los tribunales tienen presente la existencia de una obligación de reparar a las víctimas, en los casos particulares analizados no se tomó una decisión de carácter integral, valorando la individualidad y condición de los discapacitados.
