ESCUCHAREl Tribunal Oral Federal Nº 1 ordenó la libertad de los siete acusados de regentear whiskerías en la ciudad. El fiscal será investigado por devolverles a las víctimas el dinero recaudado en el allanamiento. Lo respaldó el titular de Protex.
Un giro inédito tuvo ayer el juicio por trata de personas que se sustanciaba ante el Tribunal Oral Federal Nº 1 de Córdoba, cuando -por unanimidad- no sólo se decidió absolver a todos los acusados sino también pedir que se investigue al fiscal que instruyó la causa, Enrique Senestrari.
El planteo había sido formulado durante la lectura de los alegatos por el abogado defensor de los hermanos Barey, Marcelo Brito, el pasado viernes. En esa oportunidad, el penalista acusó a Senestrari de haber adoptado “un accionar delictivo” cuando dio la orden de distribuir las recaudaciones de las whiskerías entre las supuestas 25 víctimas que trabajaban para los Barey, cuando ese dinero debía ser secuestrado.
Sorpresivamente, los jueces hicieron lugar al pedido y, a su vez, ordenaron la libertad de los acusados, para quienes el fiscal de Cámara Maximiliano Hairabedian, había pedido una condena de cinco años de prisión.
Para el fiscal, los hermanos Barey eran los encargados de regentear los prostíbulos Faraón, Play Man, Macarena, Candela y un quinto lugar, en calle La Rioja 390.En esos locales eran explotadas unas 25 mujeres de nulos recursos económicos, con poca instrucción, casi todas madres solteras o separadas con numerosos hijos a cargo.
Respaldo
La decisión del TOF 1 fue criticada por el titular de la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (Protex), Marcelo Colombo, quien respaldó al accionar de Senestrari.
Colombo dijo que se encuentra acreditado que la causa o procedencia del dinero fue producto de los pagos efectuados por los erróneamente denominados ‘clientes’.
«Jurídicamente hablando», resulta insostenible que esos montos puedan ser reclamados –en cualquier tiempo y circunstancia- por quien o quienes explotan la prostitución ajena, porque es una actividad legalmente prohibida en nuestro país.
La devolución a las víctimas de explotación sexual del dinero secuestrado en allanamientos a prostíbulos «constituye el único camino legal plausible para no calificar esos ingresos como ilegales», al ser considerados como percibido total y directamente por las mujeres que realizan el acto sexual por dinero.
