ESCUCHAREn julio pasado, la Asociación Argentina de Abogados Ambientalistas denunció “un entramado de corrupción” entre funcionarios y personas físicas y jurídicas del sector privado y jurídicas que, según alegó, habilitó la tala indiscriminada de bosques nativos en todo el territorio de la provincia del Chaco.
Según la agrupación, los hechos se dieron luego de diferentes irregularidades en los últimos años; concretamente, en el empleo de recategorizaciones prediales de suelo, que permitieron desmontes.
El fiscal federal de Resistencia Patricio Sabadini solicitó el dictado de una cautelar para que cesen los desmontes e impulsó una investigación en contra de siete imputados -entre ellos, actuales y ex funcionarios y legisladores- por abuso de autoridad, tráfico de influencias, negociaciones incompatibles, malversación de caudales y asociación ilícita.
A menos de una semana del pedido del agente, la titular del Juzgado Federal N°1 de Resistencia, Zunilda Niremperger, ordenó suspender los desmontes en Chaco por el término de tres meses o hasta que se reevalúe la situación.
Niremperger le ordenó al Poder Ejecutivo de la provincia del Chaco (Ministerio de la Producción y el Desarrollo Económico Sostenibles), la suspensión de los desmontes, incluidos los autorizados y aun no se ejecutaron como así, y que se frene el otorgamiento de nuevos permisos.
También lo conminó a adoptar medidas pertinentes a los efectos de supervisar de forma “inmediata y permanente” el cumplimiento de su decisorio.
“En el dictado de una medida de esta naturaleza se debe considerar la aplicación del principio in dubio pro natura que establece que, en caso de duda, todos los procesos ante tribunales, órganos administrativos y otros tomadores de decisión deberán ser resueltos de manera tal que favorezcan la protección y conservación del medio ambiente”, recordó la sentenciante,
Bajo esas premisas enunciadas, consideró que los recaudos legales para la procedencia de la cautelar (verosimilitud del derecho y peligro en la demora) están configurados.
Niremperger también afirmó que “la prevención debe ser la política principal respecto a la protección del medio ambiente”.
En ese sentido, recalcó la interdependencia existente entre los bosques, la tierra y los seres humanos; especialmente, en lugares donde viven comunidades indígenas.
“Tengo en cuenta el daño inminente e irreversible que podría ocasionarse al ecosistema en caso de continuarse con los actos de desmontes en el territorio de esta provincia, sobre todo en las áreas protegidas, por cuanto en el contexto en análisis, la tala de un árbol podría significar no sólo un perjuicio al ambiente global sino a todos los seres vivos del lugar -seres humanos y animales-, con especial relevancia en las especies en extinción que han sido mencionadas en la solicitud”, fundamentó.
Asimismo, recordó que la afectación de los derechos puede darse siempre con mayor intensidad en los grupos vulnerables. “Los daños ambientales tienen relevancia específica en los pueblos indígenas, niños y niñas, en las personas que viven en situación de pobreza, en las personas con discapacidad, en las minorías, conociéndose además el impacto diferenciado que tiene sobre las mujeres”, agregó.
Los imputados en el caso son el gestor forestal y actual ministro de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Hernán Halavacs; el empresario forestal y ex director de Bosques, Miguel Ángel López; el ex subsecretario de Desarrollo Forestal y actual asesor legal del Ministerio de Producción y Desarrollo Económico Sostenible, Luciano Olivares; el empresario forestal y diputado provincial Atlanto Honcheruk; el diputado provincial Juan José Bergia; el intendente de la localidad de El Espinillo, Zenón Cuellar, y el ex subsecretario de Recursos Naturales y ex ministro de Planificación y Ambiente, Hernán Brunswig.
