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Tras fallo adverso, México insiste con reclamo contra armamentistas de EEUU

Andrés Manuel López Obrador.
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Hace dos años, el gobierno de López Obrador demandó a Smith & Wesson, Beretta, Colt’s Manufacturing Company y Glock, entre otras, por emprender “prácticas comerciales negligentes e ilícitas” que, según alegó, facilitan el tráfico ilegal

Hace casi dos años, en agosto de 2022, el gobierno de México inició un proceso legal para llevar a juicio a 11 fabricantes y distribuidores de armamento de EEUU; entre otras, Smith & Wesson, Barrett Firearms Manufacturing, Beretta, Century International Arms, Colt’s Manufacturing Company y Glock.

Lo hizo en el estado de Massachusetts -concretamente, en la ciudad de Boston-, con el objetivo de “detener el flujo de armamento ilegal” al país.

En un paso sin precedentes, la cancillería mexicana presentó una demanda civil en contra de las empresas, por emprender “prácticas comerciales negligentes e ilícitas” que, según alegó, facilitan el tráfico ilegal a México a razón de medio millón de unidades al año.

En su planteo, afirmó que esa actividad estuvo detrás de más de 15 mil asesinatos en 2019.

También arguyó que entre 70% y 90% de las armas decomisadas en territorio mexicano vienen de EEUU.

En ese marco, la administración de Andrés López Obrador pidió una indemnización por daños por 10 mil millones de dólares.

Citó la violencia letal que implica el flujo de armas ilegales y el impacto de la actividad que -según argumentó- implica destinar recursos públicos para enfrentar a grupos criminales y genera pérdidas millonarias para industrias como el turismo.

El ex canciller mexicano, Marcelo Ebrard (renunció el pasado 12 de junio) señaló que su país no busca interferir en la política de Estados Unidos sobre armas y aclaró que la causa no incluye a su gobierno.

Ebrard aseveró que las compañías desarrollan “diferentes modelos para el narco” y que el reclamo es para que “se modifique” su actuación y se implementen “estándares para monitorear” y, de ser necesario, “disciplinar”.

La organización “Stop US arms to Mexico” celebró lo que calificó como una “acción contundente” para combatir la problemática y reportó que siete de cada 10 armas rastreadas en México desde 2010 son originarias de EEUU.

Debate

En medio de un profundo debate por el tema en Estados Unidos, la organización que agrupa a los fabricantes y distribuidores de armamento, la National Shooting Sports Foundation (NSSF), calificó como falsas las acusaciones de México y responsabilizó a la administración de López Obrador por el auge del crimen organizado.

Bajo esa premisa, alegó que los arsenales de los grupos delictivos mexicanos provienen de Centroamérica y de los militares que abandonan el Ejército para sumarse a aquéllos.

En septiembre de 2022, un juez federal estadounidense rechazó la demanda del gobierno mexicano.

Dennis Saylor, de Boston, dijo que la ley federal prohíbe inequívocamente las demandas que buscan responsabilizar a los fabricantes de armas por el hecho de que lleguen a narcotráficantes.

Citó la Ley de Protección del Comercio Legal de Armas (PLCAA, por sus siglas en inglés) y determinó que los cubre de juicios por los daños causados únicamente por el mal uso, delictivo o ilegal, realizado por parte de otros “cuando el producto funcionaba como estaba diseñado y previsto”.

“Aunque el tribunal siente una gran simpatía por el pueblo de México, y ninguna por quienes trafican con armas para las organizaciones criminales mexicanas, tiene el deber de cumplir la ley”, escribió Saylor en su sentencia.

La parte actora adelantó que apelaría y lo hizo.

Insistió con que el comercio de armas debe ser “responsable, transparente y con rendición de cuentas” y que la forma negligente como se venden en los Estados Unidos facilita que los criminales accedan a ellas.

Horas atrás, los abogados que representan a las autoridades mexicanas y a los fabricantes de armas presentaron sus argumentos ante la Corte de Apelaciones del Primer Circuito en Boston, Massachusetts, que decidirá si la demanda debe retomarse en los tribunales estadounidenses o si se mantiene el fallo del juez del estado de Massachusetts Saylor.

Alejandro Celorio, consultor jurídico de la Secretaría de Relaciones Exteriores, dijo en una rueda de prensa al término de la audiencia que el equipo legal mexicano es “optimista”.

“El simple hecho de que la comunidad en México, en Estados Unidos y en el mundo preste más atención a estos argumentos legales ya es una victoria en sí misma“, aseguró.

Se estima que la decisión podría dictarse en un plazo de entre seis y ocho meses.

Blindaje

El principal obstáculo que enfrenta la pretensión mexicana es la norma que citó el a quo, la Ley de Protección al Comercio Legal de Armas, impulsada durante la Administración de George W. Bush, que blinda a la industria armamentista ante reclamos basados en el mal uso de sus productos.

Los letrados de México ventilaron tres argumentos para que cese la protección.

Señalaron que la manda no aplica para daños cometidos fuera de territorio estadounidense.

En segundo término, plantearon que hay precedentes legales en los que se logró sentar a responsables de fábricas en el banquillo de acusados, en demandas promovidas tras tiroteos y masacres.

Por último, expusieron un asunto técnico, vinculado con aplicaciones extraterritoriales de la ley de un país en otro y como eso colisiona con la soberanía de cada Estado: afirman que la PLCAA no establece explícitamente que rige fuera de EEUU.

“Las armas están en México, no por generación espontánea, sino por la irresponsabilidad de las empresas que permiten que los criminales puedan acceder a ellas en EEUU”, dijo al respecto Celorio.

El mejor escenario para México es que se retome el caso y entre en la fase de producción de pruebas (discovery). El peor es que se reafirme la decisión del magistrado Saylor.

Las autoridades mexicanas anunciaron que agotarán todas las instancias posibles y que están dispuestos a llegar hasta la Suprema Corte de EEUU.

Celorio puntualizó que la demanda no cuestiona el derecho consagrado en la Segunda Enmienda de la Constitución de EEUU sino que les exige a las empresas de la industria de las armas accionadas que “se conduzcan de manera responsable”.

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