ESCUCHARLos medios podrán mencionar nuevamente a Jorge Lanata. La jueza Lucila Córdoba revirtió el “bozal legal” que impuso el viernes pasado y que le prohibió a la prensa nombrar al periodista, a su actual esposa, la abogada Elba Marcovecchio, quien pidió la medida, y citar la conflictiva entre la mujer y las hijas del conductor.
La magistrada, a cargo del Juzgado Civil N°8 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, revisó su decisión luego de consultarle al periodista qué opinaba sobre la difusión de información sobre su salud y su círculo familiar. Él contestó: “Uno siempre puede salir a responder”.
Ante ello, Córdoba concluyó que las expresiones de voluntad de Lanata son “coincidentes con las de sus familiares” – concretamente, las de sus dos hijas, enfrentadas con Marcovecchio por temas económicos.
La jueza aclaró que, a su turno, las jóvenes aseguraron que su padre no tenía inconveniente de que se hablara de su salud y que esa era su voluntad.
Hora antes de que la jueza se pronunciara, el Foro de Periodismo Argentino (FOPEA) rechazó la prohibición y manifestó su preocupación por la decisión de Córdoba.
Recalcó que la propia juzgadora admitió que su decisión limitaba el ejercicio de los derechos de información y expresión, al prohibir exponer, difundir o divulgar datos, informaciones o imágenes que permitan identificar “directa o indirectamente” a Lanata.
FOPEA advierte que la medida afectó el derecho a la información de la ciudadanía y que su aplicación pondría en riesgo la libertad de expresión y de prensa, de raigambre constitucional, además de representar un claro acto de censura previa. Recordó que la jurisprudencia nacional e internacional indican que el honor, la intimidad y otros derechos de un individuo no admiten como regla la protección judicial preventiva, sino remedios reparatorios; en especial, si se trata de “personas públicas”.
La entidad reforzó que Lanata tiene reconocida trayectoria y que en forma voluntaria comentó e informó sobre aspectos personales de su vida.
“Desde luego, son objetivos irrenunciables para los periodistas el rigor y la precisión en el manejo de datos con el fin de alcanzar una información completa, exacta y diversa. No obstante, la buena práctica debe desarrollarse en un marco de pleno acceso a la información”, consignó.
Bajo esas premisas, exigió la restitución de los derechos constitucionales vulnerados.
