Trámite de divergencia sobre alta médica ante la comisión médica genera honorarios

El tribunal hizo lugar al pedido del letrado patrocinante del trabajador accionante y destacó el necesario asesoramiento que requería éste a fin de revertir lo dispuesto por la ART

El Juzgado de Conciliación y Trabajo de 2ª Nominación la ciudad de Río Cuarto, provincia de Córdoba, admitió el pedido de regulación de honorarios por las tareas realizadas por un abogado en beneficio de un trabajador en la Comisión Médica, tendientes a revertir el alta médica otorgada por Prevención ART.

El tribunal consideró demostrado que la labor del profesional resultó oficiosa al obtener una extensión del período en que el trabajador pudo cuidar de su salud, por lo que ordenó como equitativo el valor de 15 jus por sus tareas.

Frente a ese trabajo del letrado la demandada negó que le asistiera derecho a estipendios, al no estar agotada la vía administrativa, oponiendo defensa de falta de acción y falta de legitimación pasiva. Añadió que el peticionante continuó interviniendo en el trámite por divergencia de determinación de incapacidad, donde se le abonaron los honorarios.

Actuación

El juez Víctor Recalde analizó que la actuación administrativa tendiente a revertir un alta otorgada por la aseguradora, como aquella que cuestione las prestaciones a brindar y su alcance, son requisito previo obligatorio para poder ocurrir a la instancia jurisdiccional, en dicho caso a través del proceso sumarial del artículo 83 del procedimiento laboral.

El magistrado entendió que dentro de los objetivos de la ley de riesgos del trabajo, además del principal que es la prevención de los siniestros, se encuentra el de volver al estado anterior la salud del trabajador siniestrado procurando su recuperación, o cuanto menos, que le queden las menores secuelas en su salud.

Así, el fallo resaltó la importancia y trascendencia del trabajo del letrado en el asesoramiento del trabajador con el fin de cumplir con dicho objetivo dispuesto por el propio sistema, subrayando la labor cumplida en la tramitación de la instancia administrativa tendiente a la revocación del alta dada por la aseguradora a su patrocinado y así propender a la recuperación total o de la mejor forma posible del estado de salud psicofísica del trabajador previo al accidente de trabajo padecido.

Para el tribunal, se cumplieron los requisitos previstos por la normativa específica para que el letrado devengue honorarios, es decir, actividad oficiosa y reconocimiento de la pretensión del damnificado en el procedimiento ante la comisión médica, entendiendo que los honorarios devengados por dicha actuación no pueden bajo ningún concepto estar a cargo de su patrocinado, sino de la aseguradora que obligó al trabajador a realizar el trámite administrativo para revertir su decisión.

Oposición

Sobre la oposición de la ART al pago, el juzgado apuntó que notoriamente se trata de un nuevo trámite administrativo realizado por el trabajador, el que también fue patrocinado por aquél cuando podría no haber sido así, agregando que no sólo podría no haber sido patrocinado por el mismo letrado sino que también podría no haber iniciado un nuevo trámite administrativo, ya sea por no haber quedado merma en su capacidad psicofísica luego de brindadas las prestaciones en especie, habiéndose reestablecido al trabajador al estado anterior a la contingencia, o por encontrarse el trabajador conforme con el grado de incapacidad otorgado por la aseguradora.

Según Recalde, tratándose de una actividad profesional diferente de la llevada a cabo por el letrado incidentista en cada uno de los expedientes administrativos, en los que cada trámite tiene objetivos, finalidades y pretensiones distintas, no resulta el pago recibido por el segundo de ellos abarcativo de los honorarios devengados por la actuación en el primero.

Determinación

El juez sostuvo que la ley provincial 10456 remite al artículo 100 del Código Arancelario, que prevé, para las actuaciones en sede administrativa, las mismas pautas regulatorias previstas para los procesos ordinarios.

Sin embargo, observó que, sin perjuicio de ello también es cierto que la vía jurisdiccional prevista para las demandas laborales en caso de siniestros reconocidos y en el que el trabajador cuestione las prestaciones en especie o su alcance, deben tramitarse por el procedimiento sumarial, el que prevé una regulación mínima de 15 jus para dicho proceso.

También se valoró que conforme el artículo 1255 CCyC, en cuanto dispone que la aplicación estricta de los aranceles locales no puede conducir a una desproporción entre la retribución prevista, la labor cumplida y pautas del TSJ cordobés, las tareas profesionales desplegadas en la etapa previa a la jurisdiccional del incidentista no puede devengar más honorarios que la tramitación completa del procedimiento previsto para su cuestionamiento.