ESCUCHARLuego de largo derrotero judicial, la Corte Suprema dejó firme la condena en contra del ex rector de la Universidad Nacional de Formosa (UNaF), Carlos Dalfaro, por entregar títulos sin validez.
Cabe recordar que en mayo de 2018 la Cámara Federal de Casación Penal revocó las absoluciones de autoridades de diferentes universidades nacionales e institutos de enseñanza de España acusadas de otorgar títulos falsos.
También dispuso apartar del expediente a la jueza María Delfina Denogens, integrante del a quo -el Tribunal Oral Federal de Formosa-, por parcialidad, y que se realizara un nuevo debate.
Entre los procesados por abuso de autoridad e incumplimiento de deberes, fraude, falsificación material e ideológica de instrumentos públicos y peculado figuraba el ex rector Dalfaro.
En el expediente se investigó el otorgamiento de 17 títulos universitarios apócrifos y la administración fraudulenta de activos por cursos virtuales arancelados.
La maniobra ilícita consistió en utilizar a la UNaF para obtener fondos públicos y luego desviarlos en beneficio propio. Así, aunque los alumnos pagaban por los cursos, parte del dinero no ingresaba a la universidad.
El caso llegó a juicio y los imputados fueron absueltos en 2016, pero el fiscal General subrogante Luis Benítez planteó la nulidad del fallo por violación de la garantía del juez imparcial, alegando que uno de los integrantes del cuerpo estaba legalmente impedido para sentenciar y que esa circunstancia no fue puesta en conocimiento de las partes. Subsidiariamente, planteó que la prueba se valoró de manera arbitraria.
El fiscal de casación Javier de Luca reclamó que se hiciera lugar al recurso presentado por su par argumentando que para determinar el temor o sospecha de parcialidad no se requiere una evaluación de los motivos que impulsaron al juez a dictar ciertos actos procesales, ya que basta con que su opinión “marque una tendencia del proceso”.
En ese sentido, recordó que la vocal Denogens actuó como jueza de la Cámara Federal de Apelaciones de Resistencia en seis legajos relativos a cuestiones que constituían el objeto del juicio de la causa.
Además, precisó que dictó una cautelar otorgándole validez a los títulos extendidos por la UNaF a los damnificados de nacionalidad española.
Pesquisa
La pesquisa comenzó de oficio el 30 de noviembre de 2005, luego de que el fiscal Benítez tomó conocimiento a través de medios periodísticos de irregularidades en la emisión de títulos de grado y posgrado.
Los ministerios de Educación de Argentina y de España estaban investigando títulos de enseñanza media, terciaria y universitaria obtenidos por españoles aparentemente en forma irregular, ya que no contaban con la autorización correspondiente de las autoridades de ninguno de los dos países.
Por la complejidad del caso, la cantidad de imputados y las instituciones involucradas la investigación demandó más de diez años.
Ahora, tras desestimar el recurso de queja, la Corte dejó firme la sentencia a seis años de prisión contra Dalfaro, en la causa en la cual se comprobó la creación de carreras no autorizadas y la falsificación de documentos públicos que derivó en la entrega de títulos sin validez a una decena de ciudadanos españoles.
Además, el máximo tribunal rechazó los planteos de otras personas condenadas en el mismo expediente.
Según se acreditó, entre 2003 y 2005, autoridades de la UNaF suscribieron diferentes convenios con una serie de instituciones con el fin de ofrecer carreras que no habían sido previamente aprobadas.
En ese contexto, se falsificaron documentos oficiales y se utilizaron fondos públicos y privados obtenidos de los acuerdos celebrados con las entidades locales y extranjeras.
Estas acciones resultaron en la entrega de títulos “truchos” a distintos estudiantes, incluidos 17 certificados otorgados a españoles, lo que desencadenaría un escándalo educativo en la provincia y una investigación penal que más tarde culminaría con una serie de condenas. En octubre de 2017, la Asamblea Universitaria de la UNaF, por 80 votos a favor y dos abstenciones, decidió separar de sus cargos a Dalfaro, entonces rector de la institución, y a Héctor Quijano, decano de la Facultad de Administración y Negocios, debido a su implicación en la emisión de los títulos falsos.
Dalfaro fue posteriormente condenado por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Formosa a seis años de cárcel y se le impuso la inhabilitación absoluta perpetua para ejercer funciones públicas.
Los cargos contra él incluyeron abuso de autoridad, incumplimiento de los deberes de funcionario público, fraude en perjuicio de la administración pública, falsificación de documentos públicos y peculado.
La defensa de Dalfaro recurrió la sentencia, pero la Casación rechazó el planteo. El recurso extraordinario federal que intentó también fue desestimado y el expediente llegó a la Corte vía queja.
