ESCUCHARPlantea una serie de impedimentos para las personas que queden incluidas en la base de datos, como no poder abrir cuentas bancarias ni sacar o renovar tarjetas de crédito. También les veda tener o renovar el pasaporte
En la Cámara de Diputados, un plenario de las comisiones de Legislación General, Familias, Niñez y Juventudes y Justicia avanzó con la firma de un dictamen consensuado que propone la creación del denominado Registro Nacional de Deudores Alimentarios Morosos (ReNDAM).
La dependencia funcionaría en el ámbito del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Nación.
Se trata de una base de datos unificada de los deudores de todo el territorio nacional inscriptos en los registros jurisdiccionales.
La iniciativa, que tiene 20 artículos, prevé una serie de impedimentos para quienes queden inscriptos en el ReNDAM, como no poder abrir cuentas bancarias ni sacar o renovar tarjetas de crédito y pasaportes y licencias de conducir.
Además, prohíbe que concreten inscripciones o anotaciones en los registros de la propiedad inmueble y que adjudiquen viviendas sociales a título oneroso.
También establece que los morosos no puedan ingresar a eventos y torneos deportivos masivos, ni a casinos o casas de juego.
El texto se elaboró en base a propuestas formuladas por los legisladores Cecilia Moreau, Julio Cobos, Roxana Reyes, Paula Oliveto, Carla Carrizo, Jimena López y el ex diputado Marcelo Koening.
Durante el debate, la diputada Carolina Yutrovic (FdT) recordó que en el país hay un alto índice de incumplimiento de prestaciones establecidas en sentencias y acuerdos homologados y que la problemática, si bien impacta más en sectores de bajos ingresos, atraviesa a todas las clases sociales.
Yutrovic detalló que hay mediciones en la provincia de Buenos Aires que indican que el 66% de las madres no recibe ningún aporte económico por parte de los progenitores.
Por su parte, Cobos (UCR) enfatizó que incumplir con la cuota alimentaria es un delito que afecta los derechos del niño.
Diferencias
El diputado Pablo Tonelli (PRO) planteó sus diferencias con algunos puntos de la redacción del texto.
Consideró que el registro “debería ser algo parecido a un buzón al que llegue la información” y que no es necesario crear un organismo nuevo, sino implementar algo “muy mínimo que funcione online”, con el fin de que las altas, bajas y modificaciones las decidan los jueces de las provincias.
“La obligación de consultar si determinada persona figura o no en el ReNDAM es del organismo, el ente o la entidad a la que se dirige a hacer un trámite. Tiene que estar bien claro que no le podemos imponer a todos los habitantes la obligación de tramitar un certificado de no deudor”, resaltó.
También observó que la propuesta no incluye sanciones para los organismos o entidades que no consultan al registro antes de otorgar distintas solicitudes.
A su turno, Graciela Camaño (Identidad Bonaerense) opinó que el tema central es definir cómo lograr que en un país con una economía tan informal los deudores cumplan y que la legislación no tiene ninguna cuestión que se pueda tildar de inconstitucional.
Por su parte, Oliveto (CC-ARI) destacó que los autores de las distintas iniciativas cedieron para “construir un consenso” y dijo que ese proceso de negociación debe seguir para llegar al reciento con un texto que cuente con el mayor acuerdo posible.
Trabajo
Paula Omodeo (CREO) estimó que algunos incisos podrían ser problemáticos a la hora de generar una fuente de trabajo para que el deudor pueda cumplir y apuntó al impedimento vinculados con habilitaciones para abrir comercios o industrias.
“Hay que pensar muy bien que podemos tener muy buenas intenciones pero después podemos generar verdaderos problemas”, afirmó.
En tanto, Carrizo (Evolución Radical) anticipó que buscará cambiar tramos de la redacción que tienen “un sesgo adulto-céntrico”.
Al respecto, criticó recién en el artículo 15 nombra a los niños. “La primera concientización es nombrarlos, no solo sufren las mujeres”, sostuvo.
A su vez, manifestó que con el registro nacional “no se está innovando en nada” porque todas las democracias del mundo tienen mecanismos similares.
También pidió “no tener ningún temor, porque no hay ningún derecho vulnerado”.
En esa linea, resaltó que el objetivo del proyecto es hacer que violar el derecho a la alimentación de un niño sea costoso. “No hay ninguna tensión constitucional”, aseguró.
