Suspenden proceso civil oral hasta resolver si es la vía adecuada para la causa

Sin entrar en el fondo del asunto traído a juicio, el tribunal sostuvo que en el pleito se tiene que tramitar la apelación del demandado, ante su oposición al trámite dispuesta por la jueza de primera instancia

La Cámara 7ª en lo Civil y Comercial de Córdoba hizo lugar a un recurso directo y declaró mal denegada una apelación, disponiendo que se suspenda la audiencia preliminar de un proceso oral, hasta que se resuelva lo que corresponda respecto del trámite bajo el cual transcurrirá el proceso, pero no como medida cautelar sino en función del efecto propio de la apelación cuya concesión ordenó.

El tribunal arguyó que era atendible la queja del demandado, ya que -al no ser el del proceso abreviado el trámite natural de las acciones ejercidas en la causa- si determinación como modo de tramitación del proceso admite su revisión por ante la alzada,

En primera instancia se rechazó el recurso de reposición del demandado Osvaldo Sorbera en contra del proveído que dispuso la tramitación de la causa como proceso oral -conforme la ley 10555- y denegó la apelación interpuesta en subsidio.

Ello fue recurrido en queja por el demandado, quien solicitó que se conceda el recurso de apelación y se ordene suspender cautelarmente la audiencia preliminar fijada, como medida innovativa.

Modalidad

El accionado se agravió, manifestando que la modalidad del proceso civil oral de la presente acción resultó manifiestamente improcedente y contraria a la ley que reglamentó su aplicación, al no encontrarse la naturaleza de esta acción y/o circunstancias dadas en los presentes autos en ninguno de los supuestos previstos en la ley provincial 10555.

El quejoso refirió que la normativa citada dispone que serán de aplicación el procedimiento oral en 1) los juicios de daños y perjuicios que por su cuantía tramiten por el juicio abreviado, que, si bien la demanda contiene en uno de sus apartados un reclamo por supuestos daños y perjuicios, es esencialmente una acción diferente, es un juicio de reivindicación, acción que no se encuentra autorizada por la ley 10555 para ser tramitada por el proceso oral.

El recurrente agregó que en el apartado correspondiente a los supuestos daños, se reclama un monto que supera ampliamente el límite de 250 Jus dispuesto en el CPC para los juicios abreviados, por lo cual -además de estar ante una acción de reivindicación que no se encuentra prevista en la ley ya referida- el apartado de daños y perjuicios tampoco cumple la condición con relación a su cuantía, para poder tramitarse bajo las reglas del juicio abreviado.

Términos

Asimismo, Sorbera expuso que la ley establece que se aplicará el procedimiento oral a propuesta del juez, la cual no es vinculante y debe entenderse en los términos del proveído recurrido, es decir, con la facultad de las partes de manifestar una oposición fundada, tal como fue realizado.

Finalmente, el demandado aludió a la arbitrariedad de la resolución basada en los beneficios del sistema oral que, según las estadísticas informadas por la jueza a quo, de ninguna manera da respuesta a los argumentos planteados por esta parte, con relación a la inobservancia de la ley al no encontrarse un juicio de reivindicación dentro de aquellos a los que debe aplicarse el procedimiento civil oral, al no existir tampoco acuerdo de partes para ello y, consecuentemente, el grave perjuicio probatorio que ello acarrea para esta parte, puesto que como desarrolló en su oposición, los hechos a probar datan incluso desde el año 1969.

Al resolver, la Cámara integrada por los vocales María Rosa Molina de Caminal y Jorge Miguel Flores indicó que la inapelabilidad de la resolución sólo es aplicable cuando no esté en el trámite impreso a la causa, en la medida en que dicho trámite no sea el que resulta de la ley sino que obedece -como en el caso- a una decisión del tribunal a pesar de no engastar estrictamente en el artículo 1 de la ley 10555.

Artículo

El fallo consideró que, si bien el recurso directo bajo análisis abunda en consideraciones que no tienen estricta relación con la denegatoria de apelación en crisis, en el mismo se cuestiona eficientemente la aplicabilidad al caso de la apelación diferida del artículo 515 del Código Procesal Civil (CPC), precisamente porque lo que se ha impugnado y, en consecuencia, no se encuentra firme a la fecha, es el trámite abreviado impreso a la causa.

Por lo expuesto, se resolvió hacer lugar a la queja y declarar mal denegado el recurso de apelación interpuesto en subsidio del de reposición, debiendo bajar las actuaciones al tribunal a quo a fin de que conceda el mismo, ordenando consecuentemente suspender la audiencia preliminar fijada en autos, hasta tanto sea resuelta la apelación de que se trata.