ESCUCHARLa escalada de violencia narco no activó al oficialismo en el Legislativo hasta el reciente ataque a un local comercial de la familia política de Lionel Messi, en Rosario. Ahora agregó el tema a su agenda sobre justicia, monopolizada por el eventual juicio a la Corte
En noviembre de 2022, para analizar el proyecto de fortalecimiento de la Justicia Penal Federal de Santa Fe, de mayo del mismo año, en el marco del auge de la narcocriminalidad en esa provincia -que ya era dramático y se gravó el mes pasado-, la Comisión de Justicia de la Cámara Baja recibió a jueces, fiscales y especialistas y conformó una mesa de trabajo.
Desde hace meses hay consenso político en cuanto a la necesidad de avanzar con la propuesta para fortalecer el sistema, que contempla la creación de 13 nuevas fiscalías y seis juzgados de Garantías en distintas ciudades. Para Rosario, plantea que haya otros seis magistrados de Revisión y dos de Ejecución.
La escalada de violencia narco que se agravó en febrero y llegó a un pico la semana pasada con el ataque mafioso a un local comercial de la familia política de Lionel Messi, activó al oficialismo en el Legislativo, que sumó el tema a su agenda judicial, monopolizada por el eventual juicio a la Corte Suprema de Justicia.
Estructura
La estructura judicial en Santa Fe está casi igual desde hace más de tres décadas. En la reunión que se hizo hace casi cuatro meses, el diputado Juan Martín (UCR) -quien recientemente pidió la interpelación del ministro de Seguridad Aníbal Fernández, horas antes de que éste dijo que el narco había ganado en Santa Fe- mostró datos sobre el panorama que enfrentaba la jurisdicción gobernada por el peronista Omar Perotti y precisó que, según un informe de 2020, de las causas ligadas a drogas en el país 21% se tramita en Santa Fe. También alertó sobre que la media provincial de homicidios duplica la nacional.
Por su parte, Aníbal Pineda, camarista de Apelaciones de Rosario y subrogante del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 2, valoró que lo que estaba en discusión eran “las reglas del juego de la democracia y del Estado de derecho”.
Bajo esa premisa, pidió que todos los poderes actuaran con fortaleza y coordinadamente. “Desde hace 10 años se triplica la media nacional de homicidios. Este año hasta se podría cuadruplicar. Eso significa que hay una constante de 20 o 21 homicidios cada 100 mil habitantes en la zona de Rosario; 75% se genera en disputas territoriales del narcotráfico”, alertó.
Luego, el titular del Juzgado Federal de Venado Tuerto (con competencia múltiple) Aurelio Cuello Murúa resaltó que, tal como rezan los fundamentos de la iniciativa, hay que organizar los recursos para tener investigaciones más dinámicas.
Cuello Murúa afirmó que se trataba de “un punto central” porque, con la instauración del sistema acusatorio, quien tiene la dirección de la investigación es el fiscal.
Además, valoró: “Es correcto crear más fiscalías federales pero creo que los fiscales van a necesitar recursos y medios necesarios para impulsar sus investigaciones”.
En sentido similar se manifestó el presidente del Tribunal Oral en lo Criminal Federal 1 rosarino, Ricardo Moisés Vásquez. “Si los jueces federales vamos a andar paseando por todas las jurisdicciones y no contamos con todo a disposición para realizar audiencias con celeridad y regularidad, si no completamos el sistema con cargos de forma rápida, esto no funcionará”, dijo.
Además, sostuvo que aunque la ley es indispensable, no será la solución al problema del narcotráfico.
Federico Reynares Solari, fiscal General ante los Tribunales Orales en lo Criminal Federal de Rosario, pidió “músculo investigativo”: reclamó más laboratorios de investigación y dotación de expertos.
En tanto, el juez de primera instancia de distrito en lo Penal de la Justicia ordinaria de la Provincia, Román Lanzón, estimó que lo más destacable de la iniciativa es que fue firmada por todas las fuerzas que representan “el poder político partidario de Santa Fe”.
“Hay un fuerte compromiso de quienes nos representan para avanzar firmemente hacia la implementación del sistema acusatorio previsto en el Código Procesal Penal Federal”, añadió.
Horacio Rosatti
Tiempo antes, en mayo del año pasado, con duros conceptos, el presidente de la Corte, Horacio Rosatti, inauguró el debate sobre juzgamiento de hechos de narcotráfico que se llevó a cabo en Rosario y reunió a jueces federales de todo el país.
“Voy a hablar de derecho pero no sólo de derecho, porque para enfrentar el narcotráfico con eficacia hay que hablar de algo más. Hay que hablar de la necesaria decisión política para enfrentarlo, de la existencia de un Estado cohesionado con recursos inteligentemente utilizados y de una sociedad comprometida”, comenzó argumentando.
Enfatizó que la decisión política de combatir el ilícito no debe limitarse a la etapa anterior a su comisión ni a la represiva, sino que tiene que abarcar factores previos que exceden el derecho y el sistema de juzgamiento, y ponderó que se debe comenzar “con el sistema cultural, educativo y económico”.
“Lo primero que hay que pensar, y sobre lo que hay que actuar, es en desincentivar las condiciones de surgimiento y progreso del narcotráfico”, expuso.
Rosatti asevero que ello no ocurrió en Argentina, o que no se hizo con la eficacia necesaria, y juzgó que es imprescindible dar también una “batalla cultural y educativa” que “reivindique la cultura del trabajo y del respeto por el prójimo, y que procure activamente la inclusión social”.
En cuanto al Estado cohesionado, dijo que debe ser horizontal (entre los tres poderes) y vertical (Nación, provincias, CABA y municipios). “Necesitamos tener una visión global compartida porque estamos transitando una etapa de heterogeneidad funcional”, planteó, y recordó que en algunas provincias hay sistema acusatorio y en otras no, y que lo propio sucede con el desdoblamiento jurisdiccional entre narcomenudeo y crimen organizado.
“Frente a esta heterogeneidad, sea temporaria o sea definitiva -según el tema-, es imprescindible un tablero de control unificado que no nos conduzca hacia un hermetismo unitario sino hacia un federalismo inteligente”, manifestó.
“No creo que el federalismo sea un obstáculo, creo que es un aliado porque nos da pluralidad de actores y de posibles abordajes”, opinó, pero llamó a pensar en que ello es problemático si no se actúa coordinadamente.
Entre otros pedidos, solicitó que se cubran las vacantes existentes “con los magistrados más idóneos y comprometidos”, y sentenció: “No se puede proclamar que se quiere combatir la delincuencia y demorar la designación de jueces”.
En tanto, les reclamó a los poderes públicos competentes que protejan a éstos, a los fiscales y a sus familias.
Neutralidad
Rosatti afirmó que ante el narcotráfico no hay neutralidad posible. “Todo aquel que tiene representatividad y responsabilidad debe saber que, cuando se enfrenta un problema de la magnitud del que nos convoca, la indiferencia no es neutralidad sino complicidad”, disparó.
Ahora, en la Cámara de Diputados, el Frente de Todos reactivó negociaciones sobre el proyecto de ley. Rodolfo Tailhade, presidente de la Comisión de Justicia, convocó a una reunión junto con la de Legislación Penal, para tratarlo, el 8 de marzo.
El año pasado, cuando fue presentado en la comisión, el texto contaba con el apoyo de 18 diputados de distintas fuerzas de Santa Fe. Uno de ellos fue el oficialista Roberto Mirabella, quien reclamó que el Ministerio de Seguridad de la Nación traslade su sede principal a Rosario para “comandar y liderar la persecución criminal” contra el narco.
En el mismo contexto, la Coalición Cívica (CC) volvió a exigir, como hizo en octubre pasado, que la Comisión de Seguridad Interior sesione en Rosario.
Le cursó una nota a su titular, el oficialista Ramiro Gutiérrez, para que haya una sesión de trabajo presencial, e invitó a autoridades políticas, judiciales, académicas y a víctimas a hacer declaraciones informativas.
La CC también cuestionó que el ministro Fernández haya designado a Lucas Gancerain como nexo entre Seguridad nacional y la Provincia de Santa Fe.
Muy buena y precisa la nota!!!!