ESCUCHAREl ministro de Justicia de la Nación, Mariano Cúneo Libarona, amplió la cantidad de integrantes de la Comisión para la Reforma del Código Penal.
Incluyó en la Comisión a María Eugenia Capuchetti, María Valeria Onetto, Mercedes Rodríguez Goyena, Julio César Báez, Mariano Hernán Borinsky, Carlos Alberto Manfroni y Fernando Oscar Soto. Ellos se sumarán al propio Cúneo Libarona y a Jorge Eduardo Buompadre; Horacio Jaime Romero Villanueva; Julio César Báez; y Ricardo Ángel Basílico.
Los profesionales tendrán a cargo la «elaboración de un anteproyecto de ley de reforma y actualización integral del Código Penal de la Nación, que concentre toda la legislación penal en un único cuerpo normativo».
El ministro argumentó que -durante los 100 años de vigencia del cuerpo normativo- se introdujo gran cantidad de modificaciones, «afectando seriamente a lo largo del tiempo su coherencia interna original».
«Asimismo, se han promulgado diversas leyes que incorporaron tipos penales sin integrarse al Código Penal de la Nación, lo que ha resentido la sistematicidad del régimen punitivo, e implica en la práctica apartarse del criterio de codificación unificada en materia penal, tal como lo determina el artículo 75, inciso 12 de la Constitución Nacional», agregó.
Para Cúneo Libarona «subsiste la necesidad de lograr una adecuada sistematización y ordenamiento de toda la normativa penal, abordando las modificaciones necesarias».
«Dicha tarea deberá tener en consideración, por un lado, los instrumentos internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional, en los términos del artículo 75 inciso 22 de la Constitución Nacional, y por otro los avances en materia de integración regional del país, favoreciendo la armonización de la legislación en sus aspectos fundamentales a fin de promover y facilitar la cooperación entre Estados y la implementación de estrategias coordinadas, elementos de máxima importancia ante ciertas modalidades delictivas como la delincuencia transnacional organizada», añadió al respecto.
“Resulta imprescindible que la normativa punitiva nacional sea adecuada a los compromisos asumidos en el plano internacional, en particular en lo atinente a la vigencia de la protección de los derechos humanos y de la persecución del terrorismo, del narcotráfico y la corrupción, y de lavado de dinero y ciberdelito”, destacó el ministro.
