ESCUCHARSólo tres eran menores de 60 años. En Bouwer se detectaron tres contagios y en Río Cuarto se identificó el primer caso de covid-19
Organizaciones ligadas a la defensa de los derechos de las personas privadas de la libertad se convocarán hoy en Tribunales I a las 11 para exigir la “emergencia sanitaria dentro de las cárceles”.
Además, van a solicitar que se respeten “las recomendaciones de las organizaciones internacionales, que aconsejan el arresto domiciliario para las personas procesadas por delitos leves”, teniendo especial consideración para las personas mayores, personas enfermas y mujeres con niños.
La convocatoria ocurre luego de que se detectaron esta semana tres casos de covid-19 en la cárcel de Bouwer, que luego fueron trasladados al Hospital San Roque para su atención. El Ministerio de Justicia y Derechos Humanos informó que los tres internos fueron hisopados y se encuentran en estado óptimo de salud.
Los casos en la cárcel de Bouwer se suman a los ocho positivos de coronavirus detectados en la UCA, en la ciudad de Córdoba.
Asimismo, se identificó el primer caso de covid-19 en el penal de Río Cuarto, donde ya había 11 integrantes del equipo técnico y guardiacárceles aislados por contagios de contactos estrechos. Conocidos esos casos, también hubo protestas de familiares.
Deceso
En tanto, en el ámbito nacional, bajo custodia del servicio penitenciario federal, suman 12 las personas fallecidas por coronavirus, según informó la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN).
Cabe destacar que integraban grupos de riesgo. Además de las múltiples enfermedades coexistentes (cardíacas, respiratorias y diabetes, entre otras), sólo tres de las personas fallecidas por el virus en cárceles federales eran menores de 60 años. El promedio de edad, entre los 12 casos, asciende a 67 años. A algunas de ellas se les había rechazado recientemente el arresto domiciliario, incluso con confirmaciones posteriores de la Cámara Federal de la Casación Penal.
Uno de los casos denunciados por la PPN tiene como protagonista a un hombre de 57 años con enfermedades previas como diabetes e hipertensión arterial, que lo ubicaban dentro del grupo de especial riesgo frente a la pandemia. Preso preventivamente por un delito de drogas, la defensa pública había solicitado en dos ocasiones su arresto domiciliario ante su grave estado de salud y por el estado de necesidad apremiante en que se encontraba su hijo, quien pasó a vivir solo desde la detención de su padre. Sin embargo, el pedido fue denegado tanto por el Tribunal Oral en lo Penal Económico Nº 2 de Capital Federal como por la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal.
La PPN alertó sobre el hecho de que -pese a que las acordadas Nº 5 de la Cámara Nacional de Casación Penal y Nº 9 de la Cámara Federal de Casación Penal recomiendan que las personas incluidas en grupos de riesgo cumplan detención en sus hogares (especialmente aquellas detenidas o condenadas por delitos no violentos)- “los arrestos domiciliarios ordenados han comenzado a limitarse considerablemente desde mayo precisamente cuando la circulación e impacto del virus ha comenzado a crecer notoriamente dentro y fuera de las cárceles”.
“Uno de los principales argumentos para negar esta modificación en el modo de cumplimiento de pena, radica en la existencia de protocolos dentro del SPF y los informes elaborados por sus servicios médicos que destacan poder garantizar una adecuada asistencia a la salud en el encierro, lo que queda descartado a medida que se reproducen los casos de contagios y muertes”, destacó el organismo oficial.
Protocolos
Como consecuencia de la pandemia, desde marzo se dispuso una serie de medidas para reducir la circulación del virus dentro de las cárceles. La suspensión de las visitas de familiares fue la más destacada y estuvo acompañada de una serie de reglamentaciones y protocolos que establecen reforzar el suministro de elementos básicos (alimentación, limpieza e higiene y cuidado personal), reducir la circulación dentro de los penales federales e intervenir ágilmente ante los primeros síntomas para un rápido diagnóstico y adecuado tratamiento.
Sin embargo, la PPN denunció que los testimonios brindados por personas detenidas -incluso aquellas que compartieron alojamientos con los fallecidos hasta pocos días antes- “destacan la escasez en el suministro de necesidades básicas (comida, jabón, lavandina) y la inexistencia de otros (barbijos, alcohol en gel). Reclaman también por la infrecuente atención médica (incluso en aquellos pabellones donde se han producido muertes por covid-19), y la delegación de las tareas de control y seguimiento en auxiliares de enfermería”.
