ESCUCHARPara la Cámara Federal porteña, el juez Marcelo Martínez de Giorgi debe profundizar la investigación tomando en cuenta todos los delitos, incluido el pago de sobornos o el fraude al Estado. Así, estimó que restan aspectos por analizar
La Sala II de la Cámara Federal porteña anuló los procesamientos del ex ministro de Planificación Federal, Julio de Vido, y otros ex funcionarios como José López, Roberto Baratta y Ricardo Jaime, en la causa que investiga delitos en la adjudicación del soterramiento del ferrocarril Sarmiento.
El tribunal le ordenó al juez Marcelo Martínez De Giorgi profundizar la investigación y tomar en cuenta todos los delitos posibles, como pago de sobornos o fraude al Estado.
También declaró nulas las faltas de mérito que se habían dictado respecto de empresarios imputados en el expediente.
Los camaristas Martín Irurzun y Leopoldo Bruglia argumentaron que el fallo que procesó a los ex funcionarios por presuntas negociaciones incompatibles con la función pública careció de fundamentos.
“La pesquisa está orientada, desde su inicio, a determinar posibles maniobras de fraude a la administración pública y pagos de sobornos del Grupo Odebrecht y socios locales a funcionarios integrantes de la estructura del entonces Ministerio de Planificación Federal, Inversión Pública y Servicios y/o de otras reparticiones, para lograr la adjudicación y continuidad en la distintas etapas de la obra Soterramiento del Corredor Ferroviario Caballito – Moreno, de la Línea Sarmiento”, reseñaron.
Además, detallaron que ese accionar benefició al consorcio integrado por las firmas Iecsa SA, Constructora Norberto Odebrecht SA, Ghella Societa Per Azioni y Comsa SA y afirmaron que se procesó a los entonces funcionarios por haber tenido incidencia en esa adjudicación irregular, pero no así a los particulares beneficiados.
“El hecho que se tuvo por probado es el direccionamiento de la contratación pública de la obra en favor de determinados empresarios”, insistieron.
Según el decisorio de Martínez De Giorgi, la existencia de la maniobra quedó revelada, entre otras cosas, en cómo se otorgaron pagos de “abultadas” sumas de dinero a la UTE, mediando “modificaciones sustanciales” en los términos en que todo fue pautado inicialmente.
Ante ello, los vocales de la alzada estimaron que hay asuntos que el sentenciante necesariamente tenía que analizar, pero omitió hacerlo. “La afirmada acción de los funcionarios de beneficiar a empresarios podía ser asignable a los últimos como partícipes del delito de los primeros”, expusieron en tal sentido.
Sobre las faltas de mérito, los camaristas indicaron que sólo se apoyaron en la supuesta falta de corroboración de la hipótesis de sobornos, sin ninguna referencia a la imputación mencionada.
“Para cada uno de los aportes -que no fueren inocuos- había otro aspecto -el subjetivo, de si cada uno de los involucrados actuó con conocimiento y voluntad- que debía ser examinado para un tratamiento fundado”, agregaron.
Por ello, resolvieron declarar la nulidad de la sentencia y ordenaron que se dicte otra, que tenga en cuenta todo lo indicado.
De esa manera, una vez que cuente con los elementos requeridos para completar la instrucción y corroborar determinadas referencias que obran en las actuaciones, el a quo deberá expedirse motivadamente sobre los cargos que pesan sobre los indagados, evaluando cada situación o aporte individual, así como las diferentes hipótesis que se formularon sobre los hechos (sobornos, fraude al Estado, negociaciones incompatibles).
Entre los empresarios imputados cuya falta de mérito quedó nula están Ángel Calcaterra, Jorge Rodríguez, Gianvincenzo Coppi y Lorenzo Ghella. También se declararon nulos los sobreseimientos de Julián y Mariano Vázquez, los hijos de otro acusado, el ex asesor de Ricardo Jaime, Manuel Vázquez.
