La Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN) objetó el nombramiento de siete empleados y funcionarios en dicho juzgado. Advierte que fueron designados en forma arbitraria y sin respetar el escalafón
La habilitación del Tribunal Oral Federal (TOF) Nº 3 de Córdoba desató en el seno de la justicia federal una pelea interna por los cargos que se necesitan para que el juzgado efectivamente pueda funcionar.
Esto ocurre como consecuencia de la omisión de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que en 10 años nunca reglamentó en su totalidad la ley de ingreso democrático al Poder Judicial de la Nación y que sí, en cambio, se cumple en el Ministerio Público Fiscal y el Ministerio Público de la Defensa.
Esta legislación representó un hito importante en la búsqueda de igualdad en el acceso a los cargos judiciales y sienta las bases para una institución más justa, independiente y democrática. Pese a todo, esto no se cumple.
El Tribunal Oral Federal en lo Criminal N°3 de Córdoba se puso en funciones el 19 de octubre pasado y para su funcionamiento la Corte Suprema de Justicia creó 13 cargos de funcionarios y empleados -además de los tres jueces de cámara-, se habilitó un cargo de secretario de cámara, un cargo prosecretario de cámara, dos cargos de prosecretario Administrativo, tres cargos jefe de Despacho (relator), tres cargos de oficial mayor, dos cargos de escribientes y un medio oficial (personal de servicio). En este contexto, los magistrados Facundo Zapiola y Cristina Giordano -quienes integran el TOF 3- nombraron al personal.
Esto motivó que la Unión de Empleados Judiciales de la Nación (UEJN) presentara un recurso de reconsideración sobre las designaciones de siete funcionarios y empleados por considerar que son nombramientos arbitrarios. Concretamente, objetaron la designación de dos prosecretarias, un escribiente, dos relatores, un oficial mayor y un medio oficial.
En el escrito plantearon que la arbitrariedad “radica en la manera de designar y promover a los agentes, toda vez que no solamente se ha nombrado a más de un 60% de la planta total de empleados/as y funcionarios/as, a personas que no se encuentran dentro de los escalafones correspondiente a la carrera judicial de los/las trabajadores/as federales, sino que además, no se ha brindado ningún tipo de explicación o fundamentación de los motivos que determinaron al tribunal a tomar dicha medida de manera excepcional”.
Cabe destacar que el TOF 3 tiene margen de discrecionalidad para realizar todos los nombramientos necesarios que posibiliten su operatividad pero ello no significa que pueda extralimitar sus facultades y avasallar a la carrera administrativa. En tal sentido, la UEJN recordó que estas designaciones están afectando “la carrera judicial, la promoción y corrimiento de empleados en todos los cargos”.
La Corte Suprema estableció como un requisito para la promoción de los trabajadores que éstos puedan ascender desde un cargo inmediato inferior a otro superior y que la postergación de este requisito debe estar sobradamente fundada.
La UEJN advirtió en el escrito que los nombramientos impugnados implican ascensos abruptos. Por caso, para los cargos de jefe de despacho (relator) se designaron a dos empleados judiciales de la provincia que actualmente se desempeñan como meritorio y auxiliar de la justicia, respectivamente.
El tema ahora está siendo motivo de análisis de los integrantes del TOF 3.
Subrogante
Cabe destacar que, ante la renuncia de Ángel Andreu, el TOF 3 quedará integrado por Cristina Giordano y Facundo Zapiola. Noel Costa, vocal del TOF2, se desempeñará como subrogante.
En tanto, hasta fin de año y durante 2024, Zapiola ejercerá la presidencia.